Colombia

Tejiendo los hilos de la impunidad. A propósito de la elección del Procurador

Pedro Santana Rodríguez

03/12/2012

Opinión

^-A ⁺A

Finalmente cayó el telón de la pantomima en que se convirtió la reelección del procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado. 80 senadores votaron a favor de la reelección en la noche de este miércoles 28 de noviembre, sólo dos lo hicieron por el candidato del Consejo de Estado, Orlando Gallo Suárez y cinco lo hicieron por la renunciada candidata del Presidente de la República, la magistrada María Mercedes López. Esta última había renunciado horas antes de iniciar la sesión que estuvo plagada de irregularidades. La primera que con la renuncia de María Mercedes López la terna de hecho quedó desintegrada, pues, se eligió de una terna de dos. No importan los malabares que tenga que hacer el Consejo de Estado para luego demostrarnos que la terna no perdió vigencia. Las razones que esgrimió María Mercedes López para renunciar fueron reales, es decir, ella no tuvo garantías para enfrentar a Ordóñez que utilizó todos los instrumentos que le da el ser Procurador actualmente para garantizar los votos mayoritarios del Senado de la República. Pero, lo que queda claro además frente al país es que ella, de manera ingenua acepto una candidatura ofrecida por el presidente, Juan Manuel Santos, al que no le pidió que fuera su jefe de debate. López quedo sola y ni siquiera le concedieron en el Senado lo mínimo que solicitó que la audiencia fuera el 28 de noviembre y la elección el 12 de diciembre, lo que parecía razonable para poder avanzar en su campaña. Pero no, la suerte estaba ya decidida incluso mucho antes de que ella fuera nominada por el presidente, Santos.

A lo largo del proceso se presentaron múltiples irregularidades, la primera la nominación de Alejandro Ordóñez que de manera impúdica había solicitado al presidente Santos meses atrás que lo postulara porque él quería la reelección. Como no podía esperar o no quería que le hicieran conejo en la Casa de Nariño, se propuso y lo logró que la Corte Suprema de Justicia lo nominara así para hacerlo varios magistrados que tienen familiares en la nómina de la Procuraduría sin sonrojarse votarán por él para incluirlo en la terna. Por lo menos tres magistrados estaban en esa situación y así lo denunciamos en estas mismas páginas.

Pero además advertimos como ya lo había hecho en su columna de El Espectador, Rodrigo Uprimny que el Procurador había violado el artículo 126 de la Constitución Política que a la letra señala: “Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentescos hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación”. Esto último fue lo que se presentó, familiares de por lo menos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia están en la nómina de la Procuraduría que dirige Ordóñez. Una siguiente irregularidad es que Ordóñez manejo la nómina de la Procuraduría para favorecer a sus electores. Como lo demostró el portal La Silla Vacía Ordóñez nombró durante los últimos años a cuotas políticas de varios senadores de la República. Ellos sin pudor y sin vergüenza alguna votaron este miércoles para reelegirlo.

Pero, hay más.12 senadores según información de la propia oficina de Ordóñez están siendo investigados disciplinariamente y ellos también votaron pues el carrusel del levantamiento de los impedimentos así se los permitió. El espectáculo de la plenaria del Senado en que “yo te levanto el impedimento para que tú me levantes el mío” fue bochornoso. Ustedes amables lectores creen que Ordóñez no archivará las 12 investigaciones que lleva para pagar el voto que estos senadores depositaron para su reelección. Esto se llama aquí y en cualquier otro lugar del mundo comprar impunidad. Habrá demandas sí y tendrán buen fundamente jurídico pues es imposible que no se haya configurado un conflicto de intereses cuando éstos senadores investigados votaron para reelegir a su investigador, pero, estas demandas tendrá que resolverlas el Consejo de Estado del cual salió Ordóñez postulado para el período que está terminando a comienzos del próximo año. Y muchos otros de los 38 impedimentos que fueron tramitados frente a las cámaras de la televisión también configurarán a no dudarlo el conflicto de intereses, pero, naufragarán en el Consejo de Estado por una razón simple: la reelección de Ordóñez también era vista con buenos ojos por el organismo que será además el juez disciplinario de Ordóñez durante los próximos cuatro años.

El Congreso, en este caso, el Senado de la República, volvió a propiciar apenas unos cinco meses después de aquel bochornoso episodio de la aprobación del esperpento llamado reforma a la justicia un espectáculo igual. Pese a la movilización ciudadana que se expresó en las redes sociales, en las columnas de prensa, en los recursos que se interpusieron para tratar de impedir esta reelección anunciada, todo ello les importó un comino a los 80 senadores a la hora de garantizar sus cuotas burocráticas y clientelistas en la Procuraduría y la impunidad en sus procesos disciplinarios. Todo ello fue posible porque la Corte Constitucional reblandeció la figura del conflicto de intereses para permitir la primera reelección de Uribe. Esto es realmente un espectáculo reprobable desde todo punto de vista. Y lo más preocupante es que los más altos organismos de Justicia se hayan prestado para esta pantomima, pues, algunos de sus miembros tienen intereses personales en que el procurador Ordóñez se mantenga por los próximos cuatro años al frente del llamado Ministerio Público. El país queda notificado: investigaciones y sanciones disciplinarias en contra de los parlamentarios estarán archivadas durante cuatro años. Este es el costo de la reelección de Ordóñez, pero lo tendrán que pagar además las mujeres, las comunidades LGTBI, las minorías y quienes no comulguen con el credo religioso de Ordóñez.

Ahora después de ejecutada la pantomima viene el sainete y de él es responsable Roy Barreras, presidente del Senado, quien anunció muy orondo que le parece que hay que prohibir la reelección del Procurador General de la Nación. No señor, lo que hay que hacer es una reforma constitucional que entregue este cargo a los partidos de la oposición o por lo menos a candidatos que no pertenezcan a la coalición de gobierno. Esto debería contemplarlo el llamado Estatuto de la Oposición. ¿Lo contemplarán las FARC en el punto de garantías políticas en la mesa de negociaciones de La Habana? Esta es la pregunta que queda flotando en el ambiente. La fórmula adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 para la elección del Defensor del Pueblo, del Contralor General de la República y del Procurador General de la Nación no ha ofrecido buenos resultados con honrosas excepciones más en la Defensoría del Pueblo que en los otros organismos de Control. Urge una reforma para que estos cargos queden o en cabeza de la oposición o en partidos que no pertenezcan a las coaliciones de Gobierno.

Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 331

Semana de noviembre 30 al 6 de diciembre de 2012

Corporación Viva la Ciudadanía

http://www.viva.org.co

semanariovirtual@viva.org.co

https://www.alainet.org/es/active/60040