Desde hace mucho tiempo México ha sido un país de país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Anualmente decenas de miles de personas –hombres, mujeres, niños y adolescentes– se ven obligadas a abandonar sus países por falta de oportunidades laborales dignas y por la imperante violencia social y criminal. Más del 90 por ciento de los migrantes que atraviesan México provienen del Triángulo Norte de Centroamérica, sobre todo de Honduras donde el golpe de estado ocurrido en 2009 engendró un clima de mayor inestabilidad e impunidad.

 

Sus pocos recursos y la necesidad de evitar los controles migratorios y fronterizos les impulsan a los migrantes a emprender un viaje clandestino. En pos del sueño americano, muchos se montan en trenes de carga –conocidos como La Bestia– que recorren los tres mil kilómetros del sur al norte de México. Cruzando territorios bajo control de los cárteles de la droga, los migrantes están expuestos no sólo a climas extremos y a accidentes, sino también a todo tipo de abuso y crimen. Mientras los garroteros buscan evitar que los viajeros se suban a los vagones, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) son conocidos por realizar operativos en los trenes e incluso persecuciones. Un incidente muy sonado, videograbado por testigos, se dio en marzo de 2011 cuando un agente del INM, supuestamente no autorizado a portar armas, persiguió con un machete a una migrante. En su desesperación la mujer se lanzó al rio Usumacinta, en el estado de Tabasco, y tuvo que ser salvada por un lanchero.

 

Por otra parte, las bandas de la delincuencia común y organizada –a menudo con la participación o anuencia de agentes del Estado–extorsionan, violan a las mujeres o las someten a la trata, raptan y matan. En los secuestros masivos de migrantes, que se han ido documentando desde 2007, los perpetradores exigen rescates de los familiares o pretenden reclutar a los migrantes para ciertos actos delictivos. Con frecuencia, una negativa resulta en la muerte de los privados de libertad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, 198 secuestros con 9,758 víctimas, mientras para el período de abril a septiembre de 2010 documentó 214 raptos con 11,333 afectados. Puesto que muchos casos no son reportados, la cifra real puede ser mucho más alta.

 

Los secuestros de migrantes se han dado en varios estados de la república mexicana, sobre todo en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. El hallazgo de 72 migrantes centro y sudamericanos ejecutados –supuestamente a manos de Los Zetas– en el tamaulipeco municipio de San Fernando en agosto de 2010, evidenció la vulnerabilidad que sufren estas personas en su tránsito por México. La gran mayoría de las agresiones contra los migrantes queda sin castigo, situación que alienta la comisión de más abusos. Esta situación se ha dado en un retroceso generalizado en materia de derechos humanos durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón. En la actual administración han acaecido por lo menos 70 mil homicidios, además de secuestros, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.

 

Una faceta de la situación migratoria, hasta la fecha poco comentada pero no menos grave, se refiere precisamente a los migrantes desaparecidos en México. Según el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” En México, desde 2001, la desaparición forzada es un delito tipificado en el Código Penal Federal y en las legislaciones penales de ocho estados. Sin embargo, la falta de armonización conceptual y la ausencia de tipificación autónoma, en la mayoría de los estados, contribuyen a la impunidad cuyos niveles ascienden, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 98 por ciento.

 

En la actualidad mexicana las desapariciones forzadas constituyen un fenómeno distinto al del pasado, ya que no existe un interés político detrás de estos crímenes. Más bien, las víctimas habían salido a realizar una actividad rutinaria (en el caso de los ciudadanos mexicanos) o a trasladarse a otro país (en el caso de los migrantes extranjeros) y desaparecieron en el camino. Las desapariciones que se han dado pudieran deberse a distintos motivos, como son los secuestros, la trata de personas, las desapariciones forzadas o las separaciones voluntarias. Sin embargo, hasta la fecha México no cuenta ni con un protocolo homologado para la localización de personas desaparecidas ni con un Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

 

Cada institución estatal tiene criterios distintos para recabar la información y no siempre la comparte con otras dependencias. Además, cuando los familiares quieren presentar la denuncia, las autoridades suelen clasificar el delito no como desaparición forzada, sino como “ausencia,” “no localización” o “extravío.” Sin embargo, dichos actos no implican una tipificación penal y, por consiguiente, no desencadenan una investigación judicial. Más bien, el recurrir a esta categorización les permite a las autoridades aparentar las investigaciones, tranquilizar a los familiares, y simular las cifras delictivas. El hecho es que hoy día se desconoce cuántas personas hayan desaparecido en México, incluidos los migrantes en tránsito. Mientras la CNDH reporta 16 mil desaparecidos, la Procuraduría General de la República (PGR) informa que los restos de más de 25 mil personas asesinadas desde 2006 y posteriormente no identificadas fueron enviados a fosas comunes. Organismos civiles, por su parte, afirman que existen hasta 70 mil desaparecidos en todo el país. Para los familiares queda la pregunta: ¿Dónde están?

 

A mediados de octubre de 2012 llegó a México una caravana de madres centroamericanas quienes, en busca de sus hijos desaparecidos en tránsito por México, realizaron un viaje de tres semanas por 14 estados de la república. Auspiciada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, la iniciativa tuvo tres propósitos. El fin primordial fue la localización de los hijos y esposos desparecidos de las 40 mujeres guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas y nicaragüenses que integraron la caravana. Sin embargo, el grupo instó además a que México no mantenga a los migrantes en la invisibilidad por no figurar en las estadísticas oficiales. Asimismo, pidió la empatía de la sociedad mexicana cuyos miembros manifiestan un espíritu humanitario, pero en ocasiones también sentimientos xenofóbicos.

 

Ante la falta de respuestas tanto de los gobiernos centroamericanos como del gobierno mexicano, las familias decidieron organizarse y emprender su propia búsqueda. Todo empezó cuando tras el huracán Mitch, que azotó Honduras en octubre de 1998, Radio Progreso inició dos proyectos que ayudaran a quienes habían perdido familiares a causa de la tormenta o de la posterior migración. Entonces nació también el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso Honduras (COFAMIPRO) que aglutina a decenas de madres y esposas que buscan a sus parientes. Con sus propios recursos COFAMIPRO organizó en 2000 su primera caravana, que llegó hasta Chiapas, y luego también empezó a recaudar fondos para proporcionar prótesis a personas mutiladas por el tren. En 2006 se formó el Comité de Familiares de Migrantes de El Salvador (COFAMIDE), y con el tiempo familias de El Salvador, Guatemala y Nicaragua también se unieron a las caravanas.

 

Desde que ocurrió la masacre de los 72 migrantes en 2010 las caravanas se han desarrollado a nivel nacional. Este año las madres, y los activistas que las apoyaron, buscaron por los migrantes desaparecidos en reclusorios y albergues, concedieron conferencias de prensa y entrevistas, y sostuvieron una serie de eventos públicos en los que las mujeres mostraron fotos de los desaparecidos, compartieron su dolor y expresaron sus llamados de ayuda. En el marco de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México familiares de desparecidos mexicanos se unieron a las madres centroamericanas.

 

Entre las muchas intervenciones que se hicieron, resaltó por ejemplo la de la michoacana María Herrera, quien explicó que sus cuatro hijos están desaparecidos. La salvadoreña Mercedes Moreno, por su parte, narró cómo en 1991 su hijo, José Leónidas Moreno, fue llevado a Tapachula por agentes de migración y desde entonces está desparecido. Expresó que no sabe adónde acudir y pidió acceso a los archivos que contengan información sobre la detención de su hijo. El Movimiento Migrante Mesoamericano, que a lo largo de los años ha logrado la localización de 64 personas, en esta ocasión también logró seis reencuentros entre migrantes desaparecidos y sus familiares. El éxito que tuvo este trabajo de puerta a puerta sugiere que con el compromiso y los recursos del Estado se pudieran encontrar muchas más personas.

 

Hasta la fecha, el interés que ha mostrado México en el tema de los transmigrantes se ha traducido principalmente en la aprobación de un nuevo marco normativo. Cuando la matanza de los 72 migrantes echó luz sobre el trato que experimentaron los migrantes indocumentados en ese país, el gobierno respondió al clamor público con la introducción de la Ley de Migración, instrumento jurídico que reemplazó ciertas disposiciones de la Ley General de Población. La Ley de Migración y su Reglamento –que después de una considerable demora entró en vigor el 9 de noviembre de 2012– implican ciertos avances en materia de los derechos humanos de los migrantes, pero no dejan de tener un enfoque represivo y de criminalización de esas personas.

 

La entrada ilegal al país ya no constituye un delito, sino una falta administrativa. Sin embargo, aunque la Ley reconoce el libre tránsito en el país, le faculta al INM a crear filtros de revisión migratoria fuera de los lugares para ello establecidos. Esto deja amplios márgenes de discrecionalidad para la realización de operativos o volantas, que no sólo ponen en riesgo la vida de los migrantes, sino que también fomentan la corrupción de los servidores públicos. Igualmente, la Ley contempla el otorgamiento de una visa temporal, la cual reduciría mucho la vulnerabilidad de los migrantes. No obstante, el Reglamento exige que se cuente con solvencia económica para seis meses, condición que para muchos es imposible de cumplir. En resumen, la Ley de Migración y su Reglamento no dejan de ubicar a la migración como un tema de seguridad nacional, ni abandona la política migratoria de México su enfoque en la detención y expulsión de migrantes. A su vez, la protección y los derechos humanos de los migrantes siguen siendo una de las grandes deudas de México.

 

Más bien, quienes brindan socorro a ese colectivo –mediante refugio y alimentos– o hacen valer sus garantías, han sido hostigados. Defensores de migrantes en el sur del país han sido blancos de amenazas y agresiones, mientras en el Estado de México, lugar clave de paso, el albergue de Lechería tuvo que cerrar por inconformidad de los vecinos y cuestiones de seguridad. El posteriormente establecido comedor en Huehuetoca fue balaceado, y el sitio sucesor, un albergue en el mismo municipio, cesó sus operaciones debido a amenazas contra los voluntarios y los migrantes.

 

En el tema de los migrantes desaparecidos resulta fundamental la contribución del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Formada en 1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar de Argentina, esta organización no gubernamental científica aplica las ciencias forenses –principalmente la antropología y arqueología forenses– a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo. Sus pericias forenses pretenden establecer la identidad, la causa y el modo de muerte de las víctimas e identificar patrones de violaciones a los derechos humanos; restituir los restos de las víctimas a sus familiares y comunidades; y presentar los hallazgos y evidencia a las instancias judiciales y ámbitos de investigación correspondientes.

 

En México el trabajo del grupo argentino inició con los femicidios en Ciudad Juárez, sobre todo el Caso Campo Algodonero o el hallazgo, en 2001, de ocho jóvenes mujeres en un abandonado campo algodonero. El manejo oficial de los asesinatos destaca como una atroz violación de los derechos humanos por la forma en que las autoridades manejaron mal los restos de las difuntas. El EAAF, que en 2003 empezó a colaborar con las madres de las víctimas, encontró que las instancias de justicia habían identificado de manera errónea tres de los ocho cadáveres.

 

En el contexto de esa labor el equipo se encontró con otros 50 cuerpos no identificados. Su directora, Mercedes Doretti, sospechó que los restos pertenecieron a migrantes de otras partes de México o de Centroamérica. Como no existió un mecanismo de intercambio de datos, el EAAF estableció en 2009 el Proyecto Frontera, que consiste en la búsqueda de los cuerpos de migrantes centroamericanos y mexicanos enterrados en cementerios y fosas comunes de Centroamérica, México y EE.UU. Se está creando un banco regional forense, que incluye los antecedentes del migrante desaparecido, su información ante-mortem (por ejemplo, su información dental), y la colección de pruebas de sangre de los parientes. Actualmente el EAAF tiene más de 400 archivos forenses de migrantes desaparecidos de Centroamérica, Chiapas y el Estado de México.

 

En un primer momento la iniciativa se concentró en los restos de migrantes que habían muerto en el desierto de Arizona. Posteriormente las investigaciones se enfocaron en la identificación de los 72 migrantes ejecutados en Tamaulipas. En agosto de 2012 el EAAF comenzó la exhumación de 40 cadáveres en el Panteón Jardín de Tapachula, Chiapas, ciudad que constituye un importante punto de entrada para los centroamericanos que esperan llegar a EE.UU. y para muchas familias es el último paradero conocido de los desaparecidos. Doretti piensa contar con los primeros procesamientos de ADN a finales de diciembre. La idea es que en un futuro se abren más fosas comunes en los panteones municipales a lo largo de la ruta del migrante, que se haga justicia y se dé consuelo a las familias.

 

Desde luego, al EAAF le espera una potencialmente enorme carga de trabajo. Según la CNDH, entre 2007 y 2011 se hallaron al menos 1,230 cuerpos en 310 fosas clandestinas a lo largo y ancho de México. Sin embargo, una investigación del periódico Milenio, realizada con base en más de 470 solicitudes de información presentadas ante servicios médicos forenses estatales, gobiernos municipales y administraciones de cementerios locales, concluyó que en el sexenio de Calderón unos 24,102 cuerpos sin nombre o sin reclamar fueron remitidos a la fosa común. Aun así se trata de un cálculo conservador, ya que algunas procuradurías estatales de justicia se negaron a revelar las cifras de muertos sin identificar bajo su poder, y medio centenar de municipios afirmaron haber perdido parte de sus archivos.

 

Organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas en la Red Verdad y Justicia para las Personas Migrantes, han pedido al Estado mexicano 1) la creación de una comisión internacional independiente de forenses para los casos de los 72 migrantes localizados en Tamaulipas y los 193 restos localizados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas; 2) la creación de bancos de datos forenses a nivel nacional y regional para el intercambio de información forense de migrantes de migrantes desparecidos y restos no identificados; 3) la creación de mecanismos nacionales y regionales que permitan la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas y la investigación de cada caso; 4) la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Migrantes; y 5) la implementación de un programa federal de atención integral a las familias de personas desaparecidas, que incluya la coordinación regional para la atención de las familias de migrantes desaparecidos. Hasta la fecha, estas demandas no han tenido respuesta.

 

Las caravanas de madres centroamericanas, quienes con perseverancia y valentía emprenden la búsqueda por sus familiares desaparecidos, sin duda constituyen iniciativas altamente simbólicas que crean conciencia alrededor de la grave situación que enfrentan los transmigrantes en México. Los albergues y organizaciones de la sociedad civil que ayudan y defienden a los migrantes realizan una labor indispensable. No obstante, sin querer han asumido tareas que el Estado debería cumplir. Para generar mayor voluntad política en el tema de la migración, urge generar más presión pública. La sensibilización de la sociedad será un paso fundamental en la lucha contra la xenofobia y la impunidad. Muy probablemente, el cambio de gobierno complicará el escenario. El equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieta, quien tomará posesión el 1 de diciembre, ya anunció la instalación de diez nuevas garitas en la frontera sur de México y la creación de una patrulla fronteriza. La invisibilidad que caracteriza el tema de las personas desaparecidas, incluidos los migrantes, puede revertirse una vez que deje de ser un asunto de pocas personas y se convierta en una causa de toda la sociedad. Para hacer esto una realidad, y para lograr que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones, no queda nada más que unir esfuerzos en pro de un objetivo compartido.

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