I. CONTEXTO

Luego de la primera elección de prefectos realizada en Bolivia en el año 2005, se instaló en la conducción política administrativa del departamento de Tarija un grupo político empresarial vinculado al viejo sistema de partidos tradicionales que sustentaron el modelo neoliberal. El nuevo prefecto electo por voto popular, Mario Adel Cossio Cortez , militante del MNR, y uno de los hombres de confianza del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada logró imponerse al ex presidente Jaime Paz (ex aliado de Goni y Banzer) y, al dirigente campesino Luís Alfaro, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS)

Esta elección - parte de la salida pactada de la revolución de octubre del 2003 y de la conjunción de "agendas" pera evitar que la violencia sea la que resuelva la creación de la nueva institucionalidad del Estado Boliviano - se da en el inicio de un periodo extraordinario para el departamento de Tarija como es el aumento de los ingresos por la renta petrolera como consecuencia del ajuste (nueva ley de hidrocarburos) a las empresas petroleras y los nuevos precios de los hidrocarburos que el gobierno de Evo Morales logra con la denominada nacionalización. Entre el 2005 y el 2007 el departamento de Tarija triplica sus ingresos por regalías e IDH, recursos que de hecho, están siendo, manejados y dispuestos por el prefecto Cossio y su entorno, de una manera discrecional, arbitraria, deficiente, sin tino ni transparencia.

Políticamente, la elección del prefecto Cossio en el departamento de Tarija, dio lugar a la construcción de una forma de "gobierno departamental" pensada desde la idea de garantizar la autonomía de una fracción territorial (rica en hidrocarburos) que administrativa, política y económicamente siga respondiendo a los intereses de la globalización económica y su sector criollo que la sustenta. La construcción, de hecho, de la institucionalidad departamental, iniciada con la elección de prefectos, tendría que encontrar su vigencia institucional plena en la Asamblea Constituyente cuyos componentes (asambleístas) se eligieron vinculados a los resultados de un referéndum sobre autonomías departamentales y a un mecanismo de seguridad (dos tercios) para que la toma de decisiones no deje de lado a las minorías que se expresan ahora en los intereses de las clases dominantes.

Los errores estratégicos del partido en función de gobierno (MAS) permitieron que la derecha se apropie del discurso autonómico que el 2006 ganó la votación (referéndum) en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija permitiendo que la elección de prefectos y la autonomía departamental se conviertan en las hipótesis sobre las cuales la derecha vinculada a los intereses trasnacionales se rearticule y recree haciendo de la región (entiéndase departamento) la trinchera de la oposición al gobierno popular de Evo Morales.

En esta línea de interpretación, la prefectura tarijeña concebida como construcción de Gobierno Departamental Autonómico por el grupo que la maneja, perfila su acción política como resistencia al proceso de reconstrucción del Estado Nación liderizado por el movimiento indígena mestizo popular.

Es en este contexto que, el primer prefecto electo del departamento de Tarija, con una gran cantidad de recursos disponibles, se constituye hoy en una especie de pequeño monarca, ya que al ser elegido por voto popular, sus actos no pueden ser censurados por el Consejo Departamental - órgano de fiscalización constituido por designación al amparo de la ley descentralización administrativa - por disposición expresa de una Sentencia del Tribunal Constitucional que les quita a los Consejeros Departamentales la competencia censuradora.

Pero eso no es todo, la elección de los prefectos genera otro vacío en relación a las competencias de fiscalización de los parlamentarios (diputados y senadores) quienes pidieron numerosos informes al Prefecto Cossio que no fueron contestados en su mayoría lo que llevó últimamente al diputado Barrientos de PODEMOS (El País de fecha 23/08/07) a interpelar al Ministro de la Presidencia, autoridad que antes de la elección de prefectos, podía haber ordenado a cualquier prefecto que cumpla con su deber formal de contestar las peticiones de informe del legislativo y, ante la negativa, podía hacer que, el presidente cambie al prefecto, lo que evidentemente ahora ya no se puede hacer.

Por tanto, si bien es cierto que la elección de los prefectos de los departamentos es un avance de la democracia boliviana, no es menos cierto, que los vacíos legales que permite a los prefectos, no estar sometidos a mecanismos de fiscalización, control social y contrapesos de equilibrio de poder, son atentatorios a los más elementales principios de la democracia universal. Desde esta perspectiva, en el caso de Tarija, la sola elección de prefecto, relacionada a, el aumento considerable de los ingresos departamentales, a la falta de vocación democrática del prefecto Cossio y, a los vacíos legales mencionados, es un retroceso democrático que no solo esta provocando la fractura del Estado, sino que también, la feudalizacion de espacios territoriales donde incluso el concepto clásico de democracia se parece cada vez mas a una caricatura.

Resumiendo, la ausencia de mecanismos institucionales de equilibrio de poder, el manejo excluyente elitista, arbitrario y no transparente de cuantiosos recursos, la acción política de confrontación permanente al gobierno nacional, la confrontación interna con sectores sociales y la región del chaco y el estigma de la corrupción son las características que definen hoy la conducción de la prefectura Tarijeña y el ambiente en el que suceden hechos (documentados) que demuestran el surgimiento de grupos irregulares de choque para - estatales conformado por trabajadores de la prefectura que actúan con la complicidad de algunos funcionarios de la policía nacional.

Dicho de otro modo, los hechos documentados que se citan en el presente informe, demuestran que parte de la estrategia de poder del grupo local gobernante, se basa, además del ejercicio de hecho del poder, en la articulación de grupos irregulares de choque para confrontar toda acción interna que pueda ser considerada contraria a sus intereses, lo que a su vez demuestra que el prefecto Cossio, al igual que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ha optado por la violencia como forma de resolver los conflictos internos, con el aditamento de que, pasa de la utilización de la violencia legal (policía) a la violencia ilegal (grupos para - estatales) que actúan con la complicidad de la Policía.

II. HECHOS REGISTRADOS

Caso Mario Fernández

En fecha 11/04/07 en horas de la mañana, durante el conflicto por la Central Obrera Departamental, Mario Fernández periodista de Canal 7 y Radio Patria fue agredido físicamente varias veces por un grupo de empleados de la prefectura que apoyaba a Maria Elena Méndez León, dirigente identificada con los lineamientos del prefecto Cossio. Cuando Fernández entrevistaba a la dirigente campesina Bertha Barrientos fue agredido por Jarol Flores y otros sujetos que luego aparecen en prácticamente todos los conflictos que tiene la prefectura o sus organizaciones sociales satelitales. Esta agresión esta documentada en video. El Ministerio Publico (fiscalía) investiga pero sin muchos avances.

Posteriormente, en fecho 18/04/07 a horas 16,30 aproximadamente, durante el conflicto suscitado en la Provincia Gran Chaco, por el problema limítrofe entre dicha Provincia y la Provincia O`connor, cuando Mario Fernández cubría la toma de las dependencias de la planta TRANSREDES, fue agredido, golpeado, amenazado de muerte y despojado de su cámara filmadora, por el mismo grupo de choque que lo agredió anteriormente en Tarija. Entre los agresores se identifico a Salomón Gudiño, Técnico de Servicios Generales de la Prefectura (Tarija). La presencia de Gudiño - mezclado entre los grupos movilizados del chaco que realizaban actos vandálicos demuestra que la Prefectura tuvo participación en la generación y desarrollo del conflicto. El caso esta siendo investigado por el Ministerio Público sin muchos avances.

Caso Gustavo Medina

En fecha 16/07/07 en el contexto de las movilizaciones campesinas por demandas a la Prefectura del Departamento se realizó una marcha a la que no se le permitió el acceso a la plaza principal, ocasión en la que, ante la insistencia de los marchistas, se produjo represión policial con un saldo de varios heridos.

Al día siguiente (17/07/07) cuando los campesinos apoyados por un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios decidieron realizar protestas frente a la prefectura, la policía no impidió el ingreso a la plaza de los marchistas, pero puso fuerte resguardo policial en la puerta de la prefectura. Lo extraño del caso fue que la plaza se lleno de funcionarios de la prefectura que empezaron a insultar y agredir a los manifestantes ante la mirada paciente de un centenar de policías que no hicieron nada para evitar las agresiones.

En esas circunstancias el grupo de choque reconoció entre los manifestantes a Gustavo Medina Delgado, dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundaria, y bajo el grito de "ahí esta el hijo de Tamer Medina, ha cagado, agárrenlo, mátenlo" comenzaron a agredirlo, a lo que Medina intento defenderse con un gas pimienta pero al ver la turba numerosa y enfurecida tuvo, que correr unos 100 metros y refugiarse, en las oficinas de una entidad financiera (FIE) en cuya puerta (realizando intentos de abrirla) el grupo de choque insultaba y amenazaba a gritos. Cabe aclarar que durante la agresión y persecución, los funcionarios policiales que estaban en la puerta de la prefectura en un número aproximado de 100 observaron sin inmutarse.

Los trabajadores de la prefectura identificados fueron: José Luís Gallardo, Ricardo Vale Ávila (ambos de la repartición gobernabilidad de la prefectura), Mario García Fernández (Emtagas-prefectura), Álvaro Morales (Setar -prefectura) Ramiro Estrada, Ciscar Albornoz, Lorenzo Castillo (Administración Central de la Prefectura) y otros por identificar.

El hecho que demuestra, la complicidad de algunos funcionarios policiales es que, durante la persecución, a horas 16,30, el bolso de Gustavo Medina le fue arrebatado por la turba para luego ser entregado, contando los objetos que contenía ante cámaras, al Tcnl. de policía Rodolfo Rivera. Pero, lo sorprendente del caso es que a horas 20,00 (cuatro horas después del incidente) el bolso fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC-C) por el funcionario de la prefectura Juan Pablo del Castillo y el cabo Anselmo Amador, con contenidos totalmente extraños a los registrados por la prensa horas antes. El bolso, contenía dinamita, capsula detonante y mecha.

Cuando los padres de Gustavo Medina pidieron los videos a la prensa y un informe a la policía pudieron constatar que el Tcnl. Rodolfo Rivera recibe la mochila del grupo de choque de la prefectura contando sus objetos uno por uno y no había dinamita ni mecha (esta registrado en video). Luego Rivera entrega el bolso al cabo Anselmo Amador, quien a su vez entrega al Crnl. Iñiguez, el cual ordena a Amador, traslade la mochila a las dependencias de Orden y Seguridad de la Policía, donde se hace la entrega del bolso al cabo Emilio Mamani. Luego a horas 19,45 nuevamente, el Crnl. Iñiguez llamó al cabo Amador para ordenarle que escolte hasta la FELC-C al señor Juan Pablo del Castillo (funcionario de la prefectura) y la mochila para que dicho señor formalice denuncia.

Como se puede verificar de los hechos descritos y documentados, el caso de Gustavo Medina, no solo tiene que ver con agresiones, amenazas de muerte y persecución por el solo hecho de ser hijo de un funcionario publico que trabaja para el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sino que se demuestra que el grupo irregular de choque de funcionarios de la prefectura, en complicidad con algunos policías pretendieron involucrar al joven dirigente con el manejo de explosivos. En buena hora, este intento fracaso, por que no contaron con el hecho de que la prensa filmo la requisa y entrega de la mochila, filmaciones mediante las que se demuestra que nunca hubo dinamita en el bolso de Gustavo Medina. Este hecho que esta siendo investigado lentamente por el Ministerio Publico, quedó documentado por los medios de comunicación en video.

Caso trabajadores de prensa

Ante la no atención a sus demandas, el movimiento campesino comenzó el bloqueo de caminos el día 19 de julio y al no existir solución por la vía del diálogo, en fecha 23/07/07 la Prefectura juntamente con el comité cívico, convocaron a la ciudadanía a un "desbloqueo pacifico" para el día 24 de julio. Por distintos medios de comunicación se convocaba a la gente a concentrarse en la plaza Luís de Fuentes para ir a desbloquear las carreteras. La prefectura comunicó públicamente que daría tolerancia para que sus funcionarios puedan asistir al desbloqueo e incluso instruyo la participación con asistencia controlada como lo demuestra el circular interno Nro. 10/2007 de EMTAGAS (entidad de la Prefectura) que textualmente indica: " Señores Directores y todos los funcionarios de EMTAGAS: Por instrucciones de la Prefectura del Departamento y en defensa de los intereses de Tarija, se instruye la asistencia masiva de todo el personal, de hrs. 14,30 p.m . el día de hoy lunes 23 del presente, a la plaza Luís de Fuentes y Vargas. La asistencia será debidamente controlada por recursos humanos." La circular está firmada por el Gerente a.i. de EMTAGAS Orlando Suárez.

La convocatoria al desbloqueo pacifico fue duramente criticada por diversas organizaciones y ciudadanía en general que empezaron a argumentar públicamente por los medios de comunicación que, la convocaría a un "desbloqueó pacífico" era una dicotomía (contradicción en si misma). Otras personas acusaron públicamente a la prefectura y al comité cívico de buscar la solución violenta al conflicto promoviendo la confrontación entre trabajadores de la prefectura (grupos de choque) y organizaciones sociales.

Muchos medios de comunicación jugaron un papel muy importante para que no se den los enfrentamientos que hubiesen sido un hecho si no fuese por que en las radios se abrieron los micrófonos y la gente comenzó a rechazar este llamamiento a la violencia fomentado por la prefectura, lograron frenar el enfrentamiento pues los trabajadores prefecturales al sentir el rechazo de la gente se quedaron en la plaza escuchando los discursos. El prefecto tuvo que cambiar su discurso de confrontación por otro de paz.

A partir de este hecho, quedó rencor hacia los trabajadores de los medios de comunicación, que se expresó el 24 de julio en los ataques violentos que hicieron los trabajadores de la prefectura a los periodistas Elizabeth Rendiz (Radio "Voces"), Marco Batallanos (Canal 27) y Reinaldo Avila (Radio A.B.C.) quienes fueron calificados como gente que esta a favor del MAS. Estas agresiones quedaron grabadas en la televisión y en los periódicos (se adjuntan notas de periódicos Nuevo Sur, El País y El Nacional de fecha 25 y 26 de julio).
 
Agresiones, requisa y secuestro ilegal de boletines

En fecha 9/08/07 un grupo de jóvenes distribuyó boletines (en la mañana y la tarde), sobre el inicio de la industrialización de los hidrocarburos en Tarija con la firma de convenios entre los presidentes de Argentina, Venezuela y Bolivia, además de otros temas de la realidad departamental. En horas de la noche, al promediar las 11.00, los jóvenes se dividieron en dos grupos para distribuir los mismos boletines pero, el primer grupo (Bismarkc Mariscal y Gustavo Medina) fue interceptado por miembros de la Policía Nacional quienes requisaron e incautaron ilegalmente los boletines. Luego de una forma inexplicable, cuando los mismos jóvenes caminaron una cuadra para dar alcance y alerta al segundo grupo, fueron interceptados nuevamente pero esta vez por un grupo de cinco civiles funcionarios de la prefectura que requisaron nuevamente a los jóvenes.

El segundo grupo de jóvenes (Karina Martínez, Marco Montellano y Adán Subieta) fue interceptado por un grupo de civiles que bajaron de dos vagonetas, una blanca y otra azul, ambas con vidrios oscuros y sin placas. Uno de los para- policías que luego fue identificado como Grover Morales (técnico de Seguridad Ciudadana de la Prefectura) golpeo con un tolete al joven Adam Subieta, seguidamente el Crnl. de policía Gonzalo Cuellar (vestido de civil), identificado como jefe de seguridad ciudadana de la Prefectura, apunto con un revolver al grupo de jóvenes que se negaba a entregar los boletines.

Momentos antes de este incidente, el periodista Ariel Montero de la radio Patria Nueva quien se encontraba circulando por el lugar y que momentos antes había recibido unos boletines, fue identificado y rodeado por el grupo irregular que interceptó al primer grupo de jóvenes, le quitaron de forma violenta los boletines que llevaba en la mano y requisaron su maletín. Posteriormente dicho periodista fue testigo del ataque al segundo grupo de jóvenes.

Posteriormente, ante la denuncia publica que hizo Gustavo Medina, en fecha 13/08/07 a horas 14,00, en Radio FIDES el Crnl. Gonzalo Cuellar, Director de Seguridad Ciudadana de la Prefectura, reconoció públicamente el operativo de interceptación de los jóvenes, requisa y secuestro de los boletines, argumentando que hubiese recibido información de la policía sobre grupos de jóvenes sospechosos.

Lo curioso del caso es que el funcionario policial reconoce públicamente que interceptó a los jóvenes, les amenazó con su arma, requisó y secuestró los boletines, como si hubiese, ¿toque de queda prefectural? O, estuviese prohibido portar bolsos y distribuir boletines en horas de la noche?

III CONCLUSIONES

Las bases fundamentales del Estado de Derecho son la democracia y el sistema de garantías de los derechos fundamentales de las personas que tienen como garante al Estado.

En este marco, los conflictos sociales solo pueden ser resueltos con el diálogo y la intervención oportuna y lícita de los órganos estatales, siendo precisamente el Estado en sus diversas manifestaciones el que está obligado a respetar y proteger los derechos fundamentales ante cualquier escenario que implique conflicto de carácter político, social, cultural, técnico o económico.

En el caso de la prefectura de Tarija, que es parte del Estado Boliviano, la obligación de respetar y proteger los derechos se desvirtúa, cuando, la prefectura no puede o no quiere resolver los conflictos sociales originados en demandas de derechos económicos y comienza a fomentar y fortalecer grupos irregulares como forma de resolución de conflictos con la agravante de la tolerancia, displicencia, complicidad y participación de funcionarios policiales, cerrando así el círculo de las características propias de los grupos irregulares encargados de realizar las tareas sucias de los Estados represores.

Los hechos documentados comprueban que el Prefecto Mario Cossio esta usando el aparato estatal prefectural como instrumento de su estrategia de poder, en su componente resolución de conflictos internos, de facto, al margen del Estado de Derecho, violando el derecho a libertad de expresión, de información, de circulación y a la integridad corporal.

Así también, el vacío legal de institucionalidad equilibrante (democracia) relacionada a acciones de hecho que pretenden el control y la hegemonía del poder político por métodos ilegales y violentos es una abierta violación a los principios básicos de la democracia universal así como a la concepción misma del Estado de Derecho. Al no existir un marco institucional que equilibre y controle el poder local, el prefecto Cossio y el grupo político empresarial que lo sustenta, pretenden construir su legitimidad para gobernar de facto, aprovechando el vacío legal que hay entre la elección del (os) prefecto (s) y la creación de la nueva institucionalidad departamental democratizadora (debería ser) que se preveía debía emerger de la Constituyente, lo que implica también afirmar que el fracaso de la constituyente seria muy conveniente para la estrategia de poder del actual prefecto.

Para concluir, es importante para la seriedad del presente informe, transcribir la preocupación de la editorial del periódico local "El País" de fecha 30/08/07, que dice: "…Los grupos de choque pueden seguir el rumbo de otros en algunos países vecinos, se pueden hacer tan fuertes que en un tiempo relativamente breve podrían andar solos, y por su cuenta sembrando violencia sin escuchar ya las ordenes democráticas de sus creadores…"

Aunque la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) Tarija no comparte el criterio de que, los que crean grupos de choque puedan dar "…ordenes democráticas…", el párrafo de la editorial de un medio de comunicación conservador que se identifica con el discurso de los "cívicos", demuestra la preocupación – y el reconocimiento - de ciertos círculos del departamento de Tarija, por la existencia de grupos de choque y el rumbo que puedan tomar.


Ximena del Rosario Arias Delgado
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) Tarija