CONAIE propone solución a deuda externa ecuatoriana - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2000-09-19

Ecuador

CONAIE propone solución a deuda externa ecuatoriana



(La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó formalmente al Club de París una propuesta global para la solución a la deuda externa de su país, durante la ronda de negociaciones que se celebró en la capital francesa, el 13 y 14 de septiembre, entre el gobierno ecuatoriano y los países acreedores. Blanca Chancoso, secretaria de RR. II. de la CONAIE, fue la encargada de presentar el documento al Secretario General del Club de París, Francois Perol, señalándole que pedían la condonación de la deuda ecuatoriana pero con la condición de que esos recursos sean destinados al desarrollo productivo, salud, educación, la legalización de tierras y territorios y la conservación de la naturaleza, y que además en el proceso haya participación ciudadana y de los gobiernos locales. La deuda externa ecuatoriana asciende a USD 16.421 millones, de los cuales 1.017 millones corresponden a la deuda con los Gobiernos del Club de Parías, equivalentes al 7.6% de la deuda pública externa. La deuda externa total equivale al 145% del PIB.

La CONAIE considera igualmente que legalizar internacionalmente la posibilidad de un arbitraje para resolver el tema de la deuda es otra opción que merece ser adecuadamente analizada, "pues no podemos seguir manteniendo espacios en donde los acreedores son juez y parte. En un mundo donde la mundialización sobredetermina la lógica económica, es hora ya de que los marcos regulatorios apegados a la racionalidad del Estado de Derecho se internacionalicen". A continuación el documento presentado al Club de París por la organización indígena.)

Propuesta de solución a la deuda externa: LA CONFEDERACION DE NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ECUADOR (CONAIE) A LOS PUEBLOS Y A LOS GOBIERNOS QUE CONFORMAN EL CLUB DE PARIS

Una síntesis de nuestra propuesta

Los pueblos indios del Ecuador, aglutinados en la CONAIE, conscientes de la gravedad del problema y de la necesidad de buscar una solución equitativa al tema de la deuda, proponemos a los pueblos y gobiernos de los países del Club de París un arreglo urgente para solucionar este problema compartido, en el cual los acreedores tienen una gran carga de corresponsabilidad.

La deuda externa es un problema global que debe ser tratado integralmente a través de una política de Estado, lo que implica recoger los criterios y la participación de los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana, así como el aporte constructivo de los organismos multilaterales de crédito. Por otro lado, la situación económica y social del Ecuador demuestra la incapacidad real de su economía y de su sociedad para cumplir con las obligaciones establecidas por la deuda externa. De no haber un cambio sustantivo en esta situación, el Ecuador en poco tiempo más se verá forzado a distanciarse aún más del escenario internacional y, lo que es más preocupante, vendrán nuevamente momentos de enorme tensión social que pondrán en grave riesgo nuestra frágil democracia.

Por estas consideraciones la CONAIE solicita a los pueblos y gobiernos que conforman el Club de París que procedan inmediatamente a la cancelación total de la deuda externa que mantiene el Ecuador, bajo el compromiso de que la sociedad ecuatoriana invertirá los recursos que por esta decisión se liberen en programas de desarrollo social, cultural y de conservación del medio ambiente. Para el caso específico los pueblos indios y la sociedad civil organizada del Ecuador se comprometen a emprender en programas destinados a la consolidación cultural, los que deberían incluir aspectos relacionados con la educación, la legalización de tierras y territorios y la conservación de la naturaleza, en particular la Amazonía. Igualmente el gobierno ecuatoriano deberá establecer las bases para una profunda reestructuración económica y social, a partir de un proceso democrático que se oriente a la constitución de bases equitativas y participativas en el país.

Por otro lado, creemos que legalizar internacionalmente la posibilidad de un arbitraje para resolver el tema de la deuda es otra opción que merece ser adecuadamente analizada, pues no podemos seguir manteniendo espacios en donde los acreedores son juez y parte. En un mundo donde la mundialización sobre determina la lógica económica, es hora ya de que los marcos regulatorios apegados a la racionalidad del Estado de Derecho se internacionalicen.

A continuación explicamos los argumentos que sostienen nuestra propuesta y los elementos básicos de la misma:

Un problema de responsabilidades compartidas

Los problemas derivados de la deuda externa no son nuevos en la historia del Ecuador. Desde los primeros empréstitos extranjeros, contratados a principios del siglo XIX, hasta la moratoria de la deuda externa en los albores del tercer milenio, la economía ecuatoriana -al igual que las otras economías latinoamericanas- ha atravesado por una serie de períodos de auge y crisis, estrechamente vinculados a los ciclos de las economías centrales. La lógica de la deuda, más allá de cualquier característica propia del momento, está, entonces, estrechamente vinculada a las condiciones internacionales.

Desde esta perspectiva, el tema de la deuda externa marca la evolución de la economía y aún de la política de este país. Es más, el manejo económico está estrechamente vinculado a las sucesivas negociaciones de la deuda, sobre todo en los últimos años por su relación con los programas de estabilización y las políticas de ajuste.

Es cierto que en el problema del endeudamiento externo del Ecuador, como en el de muchos otros países de la región, hay una gran culpa en nuestros gobiernos y, en especial, en nuestras elites. Igualmente resaltamos que el endeudamiento, contratado masivamente en etapas dictatoriales en la década de los setenta. Sin embargo, no es menos cierto que existen elementos para determinar una corresponsabilidad global de los acreedores, a más de situaciones concretas en las cuales encontramos una clara coparticipación de algunos acreedores en este proceso de endeudamiento irresponsable.

Durante el libertinaje financiero de los setenta y también aunque en menor medida en la primera mitad de los noventa, los gobiernos (muchos de ellos dictatoriales) y los grupos dominantes en los países periféricos -apoyados por muchos gobiernos y empresas de los países industrializados- encontraron la oportunidad para satisfacer, aunque sea parcial y temporalmente, el déficit crónico de financiamiento. Y lo hicieron sin preocuparse demasiado por el uso de los créditos, que mayormente fueron en provecho de los grupos dominantes. Estos recursos, adicionalmente, contribuyeron para postergar reformas estructurales indispensables, como pudo ser el establecimiento de un sistema tributario socialmente equitativo. Posteriormente, en la época del pago, aquellos sectores marginados de los "beneficios" del endeudamiento foráneo fueron convocados a asumir su servicio. La deuda, entonces, ha sido "el gran mecanismo reciclador de las relaciones de poder porque unos gozan del crédito y otros lo pagan".

Además, los gobiernos latinoamericanos siempre han mantenido su actitud condescendiente con la banca internacional, las transnacionales, los organismos multilaterales de crédito. Las elites de nuestros países, por su debilidad y hasta complicidad, porque en muchas ocasiones han sido tenedores de papeles de la deuda, nunca plantearon salidas conjuntas desde la lógica de los países deudores, siempre se impusieron los clubes de los acreedores (Club de París, Club de Londres o comités de gestión).

Vistas así las cosas, a primera vista, condonar la deuda representaría un error, pues podría ser visto como beneficio a los ricos. Sin embargo, esa apreciación es incorrecta, pues no eliminar en forma sustantiva el peso de la deuda sería mantenerlo sobre los pobres. Hay una relación inversamente proporcional entre servicio de la deuda e inversiones sociales, y una vinculación perversa entre deuda y ajuste estructural.

El reclamo de las deudas históricas, ecológicas y sociales

Adicionalmente, como complemento al tratamiento de la deuda externa incorporamos el reclamo de la deuda ecológica y de las deudas históricas. En un mundo cada vez más interrelacionado, es obligación de todos los habitantes del planeta asumir sus responsabilidades históricas, presentes y futuras. Así, los pueblos indígenas de América reclamamos el pago de las deudas derivadas de:

- La expoliación colonial: de acuerdo a la información disponible en los Archivos de Sevilla, solamente por el saqueo de oro y plata llegado a Europa procedente de América Latina, se registra un volumen 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, entre 1503 y 1660. Recursos que llevados a valor presente representarían una cantidad superior a valor total de la deuda externa de toda la región. Además, una vez más, dejamos constancia de los enormes sufrimientos que soportaron y soportan aún nuestros pueblos desde la colonización europea.

- El intercambio ecológicamente desigual: exportaciones de nuestros productos naturales mal pagados y que tampoco calculan la pérdida de nutrientes o de la biodiversidad; situación exacerbada últimamente por los crecientes requerimientos que se derivan del servicio de la deuda externa y de los mismos esquemas aperturistas y liberalizadores a ultranza.

- La ocupación gratuita del espacio ambiental: los países más ricos -en este caso los deudores- han superado largamente sus equilibrios ambientales nacionales, al transferir directa o indirectamente contaminación (residuos o emisiones) a otras regiones sin asumir pago alguno.

Aquí surge, entonces, con fuerza un nuevo concepto de endeudamiento, aunque no financiero, si externo, en el cual los deudores de la deuda ecológica son los acreedores de la deuda externa, de la financiera. Al cual, además, habrá que sumar las deudas sociales acumulados en tantos años de costos e inútiles esfuerzos para tratar de resolver por la vía convencional el sobreendeudamiento externo. Deuda social, cuyo pago el Estado ecuatoriano no puede escamotear más a los sectores pobres y desprotegidos de la sociedad.

El problema de la deuda afecta a la mayoría de la población ecuatoriana

En estas condiciones, este problema se ha transformado en un peso insoportable para las grandes mayorías. El esfuerzo realizado para sostener el servicio de la deuda ha significado una creciente disminución de inversiones sociales, con el consiguiente aumento de la pobreza y la miseria.

Por veinte años el país ha asignado cada vez más presupuesto al servicio de la deuda y la deuda sigue creciendo. Desde 1983 hasta 1998, en concepto de nuevos desembolsos el país ha recibido más de 46,2 mil millones de dólares y ha cancelado, por concepto de amortizaciones e intereses, más de 49 mil millones de dólares. Esto representa una transferencia negativa de casi 3 mil millones de dólares, a pesar de lo cual la deuda externa pasó de 7.381 millones de dólares a 13.399 millones en el período mencionado.

En estas condiciones resulta imposible esperar que el Ecuador pueda atender estos compromisos. Es más, hacerlo significaría agravar aún más las duras condiciones de vida de la mayoría de compatriotas y dejarlos huérfanos de las indispensables inversiones sociales, en particular en el campo de la educación, salud, vivienda y nutrición.

Esta realidad, que ha transformado al Ecuador en el país más endeudado per cápita de toda América Latina, se plasma en las asignaciones para el servicio de la deuda que equivalen a más de la mitad del presupuesto nacional para el 2000 y en la creciente participación del endeudamiento externo en el PIB, tal como se observa en los siguientes gráficos:

En estas circunstancias, el Ecuador cumple con todos los parámetros de deuda para calificar en el grupo de "países pobres altamente endeudados" (HIPC, por sus siglas en inglés), incluido el nivel de ingresos per cápita, que se ve seriamente distorsionado por la injusta distribución de la riqueza.

La deuda, entonces, ha sido un factor clave en el aumento de la pobreza, obstaculizando el desarrollo y privando al gobierno de los fondos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la población. Esta situación se ha agravado aceleradamente en los últimos años, cuando, entre 1998 y 1999, el numero de pobres creció desde 3´900.000 a 8´500.000 personas, mientras que el número de personas en miseria extrema experimentó una duplicación al pasar de 2,1 millones a 4,2 millones. Esta lacerante realidad es aún más crítica en el campo, en donde el 78% de la población indígena vive hoy día en condiciones de pobreza. Así, más del 70% de la población sobrevive con menos de 2 dólares al día, 38% con ingresos menores a 1 dólar al día.

Un 45% de los niños menos de 5 años sufren de desnutrición. El 70% de las muertes de niños en el país son prevenibles. Ecuador ocupa el cuarto lugar en mortalidad materna en América Latina, en tanto más del 30% de estas muertes son fácilmente evitables. Casi la cuarta parte de los niños entre 10-17 años no están matriculados en escuelas.

A pesar de la urgente necesidad para enfrentar esta crisis social, la deuda ha forzado a los gobiernos a seguir disminuyendo el presupuesto para servicios básicos como educación y salud. Los recursos para educación en el Presupuesto General del Estado cayeron a menos de la mitad y, durante los años 90, las asignaciones para salud se redujeron desde 8% a menos del 3% del presupuesto. Así, no sorprende que mientras el servicio de la deuda aumenta, los ingresos per cápita disminuyen. Y esta situación tampoco tiene visos de mejorar si leemos la proforma presupuestaria del año 2001, en la cual se destina más del 43% al servicio de la deuda pública, mientras que todas las inversiones y gastos sociales apenas llegan a un 20%.

Todo esto es muy grave si consideramos que el Ecuador desperdició una oportunidad histórica al renegociar atropelladamente la deuda comercial -el canje de los Bonos Brady y Eurobonos a cambio de Bonos Global-, cuyos resultados, generosos en extremo para los acreedores, son por demás insuficientes para el país y que, desde ya, auguran nuevas dificultades.

Antecedentes para una condonación masiva

Conocemos muy bien que el Club de París ya tiene establecida una política para el tratamiento de la deuda de países como el Ecuador, considerado equivocadamente como un país de ingresos medios. Conocemos también que el Ecuador ha negociado en seis ocasiones con el Club de París y que no ha conseguido un resultado satisfactorio. Sabemos que tampoco sería una solución incorporar al país en la lista de los HIPC, pues no simplemente está en juego el combate a la pobreza, sino, en especial, el desarrollo de las capacidades nacionales, tanto colectivas como individuales, con el fin de que la sociedad ecuatoriana pueda asumir en sus manos el reto de resolver sus problemas y, aunque parezca paradójico, de cumplir con sus compromisos externos.

En ese sentido invocamos la sensibilidad de los pueblos y de los gobiernos de los países miembros del Club de París. Nos permitimos recordarles que cuando hay la voluntad política se pueden encontrar soluciones definitivas. Y, por eso, apelando a la solidaridad entre los pueblos del mundo, les conminamos a reflexionar sobre una respuesta que rebase los rígidos parámetros establecidos, al tiempo que rescatamos experiencias que bien podrían servirnos de guía en esta tarea colectiva para encontrar las mejores soluciones para los partes:

- En un histórico convenio, suscrito en Londres el 27 de febrero de 1953, Alemania alcanzó oficialmente un descuento de su deuda anterior cercano al 75 %, así como una reducción de las tasas de interés equivalente a la cuarta parte del último arreglo alcanzado previo a la moratoria de los años treinta. Igualmente obtuvo un amplio período de gracia para iniciar los pagos de intereses y capital de determinadas deudas; la ampliación de los plazos para los pagos previstos; y, por último, la forma de calcular el servicio se estableció en función de la capacidad de la economía alemana, la cual se vinculó con el avance del proceso de reconstrucción de ese país. El servicio de esta deuda, en concreto, estaba supeditado al excedente de exportaciones, así la relación servicio/exportaciones alcanzó su valor más alto en 1959: 4,2 por ciento, situación más que envidiable para un país como el Ecuador, que ha destinado, en varios años, más del 30% de sus exportaciones a dicho servicio. En 1971 Indonesia, al igual que Alemania, se benefició de un acuerdo similar; algo que se repitió años después con Polonia y Egipto.

Igualmente, dentro del Club de París se ha procesado en varias ocasiones condonaciones a cambio de inversión social y protección del medio ambiente.

- Polonia: En 1991 el Club de París condonó 16 mil millones de dólares, 50% de la deuda externa del país. Adicionalmente, los países acreedores designaron otro 10% de la deuda (3.2 mil millones de dólares) a ser dirigido al llamado "EcoFondo", que está encargado de hacer inversiones sociales y ambientales.

- Jordania: En 1999 el Club de París llegó a un acuerdo con el gobierno en el cual 425 millones de dólares de deuda externa (de un total de 6.8 mil millones de dólares) pasaron de los países acreedores a unas 50 organizaciones sociales y ambientalistas del país.

Igualmente recordamos la existencia de una legislación en los EE.UU. a favor de los canjes: el "Tropical Forest Protection Act" explícitamente permite al gobierno EE.UU. condonar o reducir la deuda de países con bosques tropicales, en la medida que el dinero condonado se use para proteger esos bosques tropicales.

Las experiencias ecuatorianas de condonación de deuda

A más de las experiencias internacionales, en el Ecuador mismo se resalta la condonación de la deuda bilateral con Bélgica y con Suiza. Con Alemania se han registrado algunas condonaciones parciales, pero no ha sido una experiencia tan exitosa como las que explicamos a continuación:

Condonación de la deuda con Bélgica. En 1992 Bélgica hizo la primera operación de condonación de deuda con Ecuador por un monto total de 215 millones de francos belgas (8 millones de dólares), comprándolos a un 58%, liberando más o menos 124 millones de francos belgas por deuda bilateral. El monto se destinó a proyectos de desarrollo ejecutados por instituciones de desarrollo: el 75% fue a la realización de un proyecto de desarrollo en la provincia de Bolívar, ejecutado por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP); el 25% restante se destinó para el Plan de la Unidad Técnica (UTEPA) en trabajos realizados junto con comunidades indígenas en la frontera de Ecuador con Colombia.

Para el manejo de los fondos se conformó un Consejo del Fondo, conformado por el Ministerio de Finanzas, el ex CONADE, y la Cooperación Belga.

Fondo de Contravalor Ecuatoriano Suizo, FOES. Es la experiencia más completa, sistemática y a la fecha está vigente. El 19 de agosto de 1994 se firmó el convenio bilateral para la condonación total de al deuda bilateral y comercial que tenía Ecuador con Suiza, la cual ascendía a 61.28 millones de CHF por el 25% del valor en sucres (alrededor de US$ 10 millones), entre capital más intereses. En 1995 el FOES inició su acción y la concluirá en el 2003.

Funciona con un Comité Bilateral (Embajador de Suiza y Subsecretario de Crédito Público), un Comité Técnico conformado por representantes del sector público: Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y ex- CONADE; y por representantes de sector privado: COASER (Consorcio de Agencias de Servicio integrado por FEPP, ECLOF, MCCH y CECCA), CEDENMA (Consorcio de ONG´s ambientalistas), COSUDE (Agencia de la Cooperación Suiza para el Desarrollo) y una Secretaría Técnica.

El FOES ha intervenido en todo el país en las áreas de saneamiento básico (49%), manejo y conservación de los recursos naturales (38%) y otros como caminos, infraestructura de salud, etc. (13%). Su apoyo se ha dirigido a Municipios, instituciones privadas de desarrollo y organizaciones populares, con los cuales se ha beneficiado a alrededor de 25.000 familias.

Propuesta de solución de la CONAIE

Considerando lo anteriormente expuesto, los pueblos indios del Ecuador, aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), conscientes de la gravedad del problema y conocedores de las experiencias mencionadas de solución equitativa al tema de la deuda, proponemos a los pueblos y gobiernos de los países del Club de París los siguientes puntos para enfrentar este reto común:

a.. La deuda externa es un problema nacional que debe ser tratado integralmente a través de una política de Estado, lo que implica recoger los criterios y la participación de los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana. Pero, a más de ser un problema de los países endeudados, es un tema que también atañe a los países acreedores, los cuales también se beneficiarán de soluciones profundas y globales, sea vía aumento del comercio internacional, restablecimiento de condiciones propicias a las inversiones o por el mejoramiento del clima social y político en el mundo.

b.. La situación económica y social del Ecuador demuestra la incapacidad real de su economía y de su sociedad para cumplir con las obligaciones establecidas por la deuda externa. El peso de la deuda sacrifica las posibilidades de desarrollo presente y futuro de nuestros pueblos y viola derechos humanos fundamentales contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, así como acuerdos internacionales vinculados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

La Constitución Política de la República sostiene que son "deberes primordiales del Estado. asegurar la vigencia de los derechos humanos," (art. 3.2) y que "el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución." (art. 16) Dentro de los derechos básicos garantizados por la Constitución figuran la educación y la salud.

Según las resoluciones de la institución de derechos humanos con más autoridad dentro del sistema de la ONU:

"El ejercicio de los derechos básicos de la población de los países deudores a alimentos, vivienda, vestido, empleo, educación, servicios de salud y un medio ambiente saludable no pueden subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural y reformas económicas originadas por la deuda" (Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Resolución 1999, Art.5)

"Toda estrategia de la deuda externa debe tener como premisa básica el no poner en peligro en modo alguno el mejoramiento constante de las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, y tener especialmente como objetivo que los países en desarrollo deudores llegan a un nivel de crecimiento suficiente para poder satisfacer sus necesidades sociales y económicas y las exigencias de su desarrollo" (Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Resolución 1989, Art. 21)

Por estas consideraciones la CONAIE solicita que se acepte la propuesta de cancelación total de la deuda externa que mantiene el Ecuador, bajo el compromiso de que la sociedad ecuatoriana invertirá los recursos que se liberen en programas de desarrollo social, cultural y de conservación del medio ambiente. Para el caso específico los pueblos indios del Ecuador se comprometen a emprender en programas destinados a la consolidación cultural, los que deberían incluir aspectos relacionados con la educación, la legalización de tierras y territorios y la conservación de la naturaleza.

Estos recursos se invertirán considerando los siguientes aspectos:

1. Los programas que se ejecutarán serán diseñados y ejecutados con la participación de las comunidades locales, municipios y organizaciones no gubernamentales.

2. Los recursos que se liberen por concepto de esta operación no serán descontados de los gastos e inversiones sociales previstos con anterioridad. De ninguna manera se emplearán para pagar otro tipo de deudas financieras, así como tampoco serán desperdiciados en compra de armas o ampliación de burocracias inútiles.

3. Para el seguimiento y control del uso de los recursos de la condonación se constituirá una instancia con participación del país que condona la deuda y de las organizaciones civiles. Esta instancia garantizará que los recursos liberados se inviertan exclusivamente en los programas identificados como prioritarios por la sociedad civil ecuatoriana, de lo contrario el mecanismo quedaría insubsistente.

4. Los recursos obtenidos serán administrados por un Fondo Social y Ecológico, en manos de probos representantes de la sociedad civil, destinado a financiar inversiones sociales y a la protección del medioambiente, particularmente de las selvas amazónicas (sobre todo del sur de nuestra Amazonía, que están todavía intocadas), los páramos, los manglares y las Islas Galápagos. Este fondo podría financiarse, además, con los Bonos Global entregados por parte de los ciudadanos de los países acreedores, tenedores de dichos papeles, a cambio de un descuento en el pago de su impuesto en sus propios países.

5. La condonación de deuda debe exigir del gobierno nacional la instrumentación de mecanismos que establezcan claros límites, participación ciudadana, rendición de cuentas y difusión e información pública sobre el endeudamiento externo. Esto implica, simultáneamente, la elaboración y aplicación de un marco jurídico que fije límites razonables y controles adecuados al endeudamiento externo.

6. El compromiso de las autoridades oficiales del Ecuador se concretará en propiciar reformas fiscales tendientes a establecer sistemas impositivos directos y progresivos. Esto implica fortalecer los impuestos a la renta, al patrimonio y a la herencia, que no deben reducirse a cambio de incrementos de los impuestos indirectos y regresivos; además, se requieren reformas estructurales a nivel de la propiedad urbana y rural acordes con las demandas de un desarrollo equitativo y democrático. En la mira está el cobro de al menos parte de los beneficios provenientes del endeudamiento externo y que se han acumulado inequitativamente en pocos grupos de la sociedad ecuatoriana. Esta tarea también deberá contar con el concurso activo de la sociedad civil organizada y el respaldo de los pueblos y los gobiernos que intervienen en el Club de París.

7. Los funcionarios gubernamentales que participen en estas negociaciones o en otras relacionadas al problema de la deuda externa bilateral, comercial o multilateral no podrán ser contratados para ninguna actividad -ocasional o permanente- en los organismos multilaterales de crédito, ni en agencias oficiales de los países miembros del Club de París. La sociedad ecuatoriana quiere que sus representantes representen efectivamente los intereses nacionales y no simplemente hagan méritos para obtener bien dotados contratos en organizaciones internacionales.

8. Igualmente creemos oportuno diseñar mecanismos tendientes a enfrentar ya el elevado peso de las deudas multilaterales, cuyo servicio agrava las condiciones de los países a los que se pretende ayudar. Estas deudas podrían incorporarse a los fondos ecológicos y sociales, procurando que todos los acreedores asuman un trato equitativo.

Hacia un nuevo sistema justo y transparente de arbitrajes internacionales

Los pueblos indios del Ecuador estamos obligados a recurrir a todas las instancias a nivel internacional. En juego no está simplemente un tema de ingeniería financiera, en juego está el futuro de nuestras familias, de nuestra madre tierra, la misma existencia del planeta.

En este sentido, creemos que legalizar internacionalmente la posibilidad de un arbitraje para resolver el tema de la deuda es otra opción que merece ser adecuadamente analizada, pues no podemos seguir manteniendo espacios en donde los acreedores son juez y parte.

Además, recordemos que las leyes en países desarrollados garantizan la integridad de los deudores en problemas. La ley estadounidense, por ejemplo, protege a los poderes gubernamentales a la vez que a los individuos afectados como contribuyentes en situaciones de insolvencia o de iliquidez. Tanto los contribuyentes como los empleados de las municipalidades tienen el derecho a ser oídos en defensa de sus intereses. Los acreedores reciben lo que razonablemente se puede esperar bajo las circunstancias y en ningún momento se exige que una municipalidad deje de proveer de las necesidades sociales básicas como salud, seguridad y bienestar a sus habitantes con el fin de pagar a los acreedores. Incrementar los impuestos para pagar deudas hasta el punto de reducir el nivel de vida de la población de la municipalidad por debajo de los mínimos garantizados a los deudores privados es claramente ilegal en los Estados Unidos.

Aquí, entonces, cabe apelar a resoluciones del derecho internacional que cuestionan aquellos contratos onerosos, aquellas situaciones que impiden el reclamo de los deudores o que afectan la soberanía de los países endeudados. En la propia Convención de Viena de 1967 se establece la posibilidad de revisar contratos cuyas consecuencias son nocivas para los países. También habría como apelar al artículo 1.2 de la Resolución 2200A (XXI) de las Naciones Unidas, vigente desde 1976, que reza: "En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia".

En un mundo donde la mundialización sobre determina la lógica económica, es hora ya de que los marcos regulatorios apegados a la racionalidad del Estado de Derecho se internacionalicen. Si el Estado de Derecho en los países que conforman el Club de París protege al deudor, creemos que una ley de insolvencia internacional sería un gran servicio a la humanidad. Nuestros pueblos exigen las condiciones mínimas para poder cristalizar un proceso de desarrollo sustentable y no simples discursos plagados de gestos caritativos.

En manos de ustedes, los pueblos y los gobiernos de los países que conforman el Club de París recae una importante responsabilidad para que los países endeudados puedan resolver sus problemas. ?Esperamos su respuesta!

Quito, 10 de septiembre del 2000





Publicado en América Latina en Movimiento, No. 320: http://alainet.org/publica/320.phtml





http://alainet.org/active/show_text.php3?key=927




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