ALAI, América Latina en Movimiento
2013-08-01

Venezuela

El Estado venezolano: caudillismo, sultanismo, democracia contrainsurgente, neoliberalismo y Estado Comunal

Horacio Duque
Clasificado en: Política: Politica, Democracia, |
Disponible en:   Español       
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Resumen.
 
Este documento es una reflexión sobre el origen y formación del Estado venezolano, sus desarrollos históricos, con el autoritarismo sultanista de Pérez Jiménez y la democracia liberal Puntofijista de 1958, así como las transformaciones del Estado en el marco de la tensión democracia-autoritarismo, en el periodo comprendido entre los años 1999-2013, durante los dos gobiernos del Presidente Hugo Chávez y en el que se inicia de Nicolás Maduro, en los que se transita, mediante una revolución política, desde la democracia neoliberal autoritaria “puntofijista” hacia un Estado y una democracia participativa y comunal.
 
Palabras clave: Estado, Democracia, autoritarismo y Estado comunal.
 
 
Índice.
 
Introducción
Marco teórico y de contexto.
1.  Origen y formación del Estado venezolano.
2.  Estado, democracia liberal y renta petrolera. El Pacto de Punto Fijo.
3   El Estado neoliberal.
4.  Una revolución política. El proceso bolivariano, y el Estado Comunal.
Conclusiones.
Referencias bibliográficas.
 
Introducción.
 
Este documento tiene como objetivo principal analizar las transformaciones del Estado venezolano a raíz del triunfo presidencial de Hugo Chávez en el año 1998 y de la aprobación de una nueva Constitución política, como parte de lo que se conoce como revolución bolivariana.
 
El marco de la reflexión es la tensión democracia-autoritarismo que ha caracterizado la organización y el funcionamiento del Estado en las naciones suramericanas durante largos años.
 
Dicha contradicción se hace notable al acentuarse la tendencia hacia la construcción de una nueva forma de régimen democrático activado y desarrollado por nuevos actores políticos y sociales (Gómez L.: 2010: p: 8), como solución a la crisis del Estado neoliberal.
 
La organización estatal venezolana y las características de su régimen político, así como de su sistema político y formas de gobierno ofrecen una especificidad notable, respecto del resto de estados latinoamericanos, dado el enorme condicionamiento que se produce por la renta petrolera que genera los mayores ingresos fiscales del Estado y soporta la actividad económica de la sociedad.
 
Los procesos que la sociedad venezolana viene realizando en el periodo comprendido entre 1998-2013, se colocan en el sentido de la superación de la crisis del Estado y la democracia (neo) liberal representativa. El proyecto ejecutado, especialmente por los grupos populares, es el de la construcción del Estado comunal, como una forma de Estado de bienestar intensivo (Petras, 2012) y de una democracia de participación popular.
 
La construcción de la nueva democracia participativa ha significado la presencia y actualidad de uno de los conflictos históricos, políticos y sociales de más larga duración y persistencia en la sociedad venezolana y latinoamericana: la confrontación entre las tendencias políticas democráticas y las tendencias políticas autoritarias. Las cuales se han desarrollado y manifestado de diferentes formas y en distintos momentos de la historia política de Venezuela.
 
La reflexión que desarrollamos ensambla visiones históricas, interpretaciones políticas y aproximaciones sociológicas.
 
En un primer momento abordaremos el alcance de las categorías teóricas principales que sirven de marco de interpretación de los hechos que asume este trabajo. Nos referimos a los términos democracia, autoritarismo y Estado. Agregando unas referencias teóricas a categorías que adquieren pertinencia en la reflexión sobre el Estado, como las de “campo político” y “conflicto político” en la perspectiva señalada por Bourdieu y Melucci, que nos permiten ampliar el horizonte de la visión institucional del Estado y del mismo como expresión del conflicto social.
 
Con los eventos que facilitaron el acceso de Hugo Chávez a la presidencia de la República y con los que han ocurrido a partir de su gestión política en los últimos 14 años, el tema del Estado, del régimen político y de la democracia, han sido referentes centrales en cada evento y circunstancia del proceso, como la elección de una Asamblea Constituyente, la adopción de una nueva Constitución política, el golpe de Estado del 2002, las nacionalizaciones, las aprobación de las leyes habilitantes, el funcionamiento de las Misiones sociales y los más de 17 eventos electorales ocurridos en los años recientes.
 
Dada la preeminencia y protagonismo del Estado en la organización de la sociedad venezolana, una reflexión sobre el mismo es imprescindible en el marco de la tensión que se da entre la democracia y autoritarismo, que no es ajena a dicha sociedad.
 
En la lógica de la tesis anterior hemos organizado esta exposición en las siguientes partes.
 
Un primera parte se focalizara en el origen y formación del Estado venezolano en los años que finalizan el siglo XIX y el inicio del siglo XX, durante las administraciones de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, exponentes de la oligarquía andina.
 
La segunda parte aborda el proceso de organización del Estado democrático liberal desde la década de los 40, atendiendo a tres aspectos. Los gobiernos civiles de Betancur y Gallego; la dictadura y el régimen autoritario sultanista de Pérez Jiménez; y el Pacto de Punto Fijo, que da origen a la democracia liberal petrolera apoyada en la competencia de los partidos Acción Democrática y Copei. Estado y democracia en que la renta petrolera cumple una función primordial en la alianza y consenso de la burguesía con las clases medias y trabajadoras.
 
Un tercer momento se enfocara en las transformaciones del Estado dentro del esquema neoliberal de la globalización, ocurrida en los años ochenta, como consecuencia de la crisis de la deuda y de las recomposiciones derivadas de las teorías neoclásicas puestas en boga por la ideología neoconservadora imperante en los centros internacionales del capitalismo. Desde luego, con una referencia explícita al Caracazo de 1998 y a la crisis de principios de los años 90, con los intentos de golpe de Estado por los militares de izquierda.
 
En un cuarto momento, como parte del análisis central, veremos los acontecimientos y los procesos de la revolución bolivariana que inician la reconfiguración del Estado, mediante la elección de una Asamblea Constituyente, la aprobación de una nueva Carta Constitucional, el golpe de Estado, las nacionalizaciones, las Leyes habilitantes, las Misiones sociales, la reelección de Chávez y las leyes que dan forma al Estado comunal y a la democracia representativa en la perspectiva de hacer un tránsito hacia el denominado Socialismo del Siglo XXI.
 
Las conclusiones nos mostraran el panorama de las tendencias y contradicciones que presenta el Estado venezolano en la actualidad, que no obstante la discursividad del liderazgo que plantea la idea del socialismo y la comunalidad, registra el alto peso del modelo extractivista petrolero y de su renta, con formas políticas cercanas al populismo de izquierda, sin que un modelo productivo diverso avance de manera consistente para consolidar la industrialización y el desarrollo agrícola moderno.
 
Un marco teórico y de contexto para para el análisis del Estado venezolana en el dilema democracia-autoritarismo.
 
Ahondar en el análisis de la tensión democracia y autoritarismo, en el contenido de dichas categorías, al igual que la del Estado como una relación social de dominación, supone recoger una relevante reflexión sobre lo político y el conflicto. Bourdieu y Melucci proponen aproximarse a tales materias mediante dos instrumentos teóricos que formalizan como “campo político” y “campo de conflicto”.
 
Son categorías, que como lo señala Zegada (2011), trascienden una visión de la política y del poder limitada a la práctica institucional. Así se privilegia el concepto de “campo político” y no así el de sistema, para ampliar la visión de lo político hacia la sociedad civil, hacia las formas de existencia de la política y el poder fuera de las fronteras institucionales”. De otro lado, se identifica la categoría de conflicto -campo de conflictividad- “como central para la reconstrucción del proceso ya que permite no solo la constitución y visibilización de los actores estratégicos, sus luchas, sino también las contradicciones y fracturas sociales y la dinámica de la democracia” (Zegada, 2011).
 
Una visión desde el “campo político” permite una mirada más compleja del poder no solo remitido al ámbito institucional sino a los hogares moleculares del mismo (Foucault) y de la hegemonía como forma de dirección de la sociedad.
 
De igual valor es la categoría “campo de conflicto” (Melucci, 1999) como herramienta metodológica. En primer lugar, dice Zegada, para discernir entre los conflictos de carácter estructural o hegemónico que implican situaciones de crisis estatal y conllevan la posibilidad de una transformación de las relaciones, de aquellos corporativos o meramente coyunturales, cuyo impacto y alcances son limitados, y no afectan a la estructura de poder. En segundo lugar, el campo de conflicto constituye sujetos, en episodios de conflictividad los sujetos se agregan, articulan, construyen discursos, pueden cambiar la cualidad y el alcance de la acción colectiva, en tanto que en situaciones históricas en que no existe conflictividad o esta se reduce a cuestiones puntuales, los sujetos colectivos tienden a inhibirse e incluso a desaparecer. Ello permite abordar a los movimientos en su multiplicidad y variabilidad, en sus desplazamientos entre los diversos ámbitos del sistema y del campo político; así su identidad no es una esencia sino el resultado de “intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos autores, como lo afirma Melucci (1999).
 
En la ruta de dicho análisis, conviene abordar la crisis de la democracia neoliberal autoritaria en América Latina, visibilizada en diversos procesos a lo largo de las dos últimas décadas (Natanson, 2008; Linera, 2012), la cual acentuó el conflicto entre democracia y autoritarismo. Se trata de una inveterada contradicción que alude a dos núcleos del pensamiento político clásico con clara influencia en la organización y funcionamiento de las instituciones de poder latinoamericanas.
 
El autoritarismo en el enfoque de Linz, es un sistema político con un pluralismo político limitado, no responsable, sin una ideología elaborada directiva, pero con mentalidad propia, sin una movilización política amplia ni intensa, excepto en algunos momentos en su desarrollo, y en el cual un líder u ocasionalmente un pequeño grupo ejercen el poder dentro de unos límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles (Linz, 1964:225). Son diversas las manifestaciones concretas del mismo, mencionémoslas: i) Los regímenes autoritarios burocráticos-militares; ii) El estatismo orgánico; iii) Los regímenes autoritarios movilizadores en sociedades posdemocráticas; iv) Los regímenes autoritarios movilizadores surgidos después de la independencia; v) Las “democracias” raciales y étnicas; vi) los regímenes políticos “defectivos” y “pretotalitarios”, y vii) Los regímenes autoritarios postotalitarios. (Linz, 2009).
 
En los Estados de América latina ha sido frecuente, desde 1964 en Brasil, la manifestación de la forma burocrático-autoritaria (Collier, 1985; O´Donnel, 1985), como sistema de poder caracterizado por ser garante y organizador de la dominación ejercida a través de estructuras de clase subordinada a las fracciones superiores de una burguesía muy oligopolizada y transnacionalizada; que en términos institucionales, se compone de organizaciones en las que tiene un peso decisivo los especialistas en la coerción, así como aquellos cuyo objetivo es lograr la “normalización” de la economía; en el que prevalece la exclusión política de un sector popular previamente activo, que es sometido a controles estrictos con la finalidad de eliminar su función activa en la arena política nacional; exclusión que implica la supresión de la ciudadanía; la exclusión económica del sector popular; la despolitización de las cuestiones sociales; y el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno (O´Donnell, 1985).
 
La democracia, en la visión de Gómez L. (2004: 20), recogiendo el legado teórico de Sartori (1997 y 1989) y Held (1996), es “un determinado tipo de régimen político cuya principal característica sería representar la voluntad de todos los ciudadanos”, ideal que las sociedades modernas buscan alcanzar, que en la interpretación de Lijphart (1991:19) puede ser considerado “como el extremo de una escala sobre la que se mida el grado de representatividad democrática de diferentes regímenes. Es decir, en qué medida los distintos regímenes políticos han logrado concretizar en su funcionamiento los supuestos teóricos de la democracia o en qué medida éstos han mantenido formas reñidas con ese ideal”.
 
Lo que nos coloca en el tema de los requisitos esenciales de la democracia, asunto que aborda Robert Dahl en su Poliarquía (1999, 1993 y 1991), para indicar los elementos básicos que deben tener los regímenes políticos para ser llamados democráticos.
 
Esas condiciones primordiales son las que sistematiza Gómez L. en su texto, La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973 (2004:23), recogiendo las propuestas de Dahl y O´Donnell (1996:7) que se sintetizan así: 1. Un origen democrático, o sea, que la génesis de las normas institucionales, plasmada por lo general en una constitución política, haya sido generada democráticamente a través de un acto constituyente democrático; 2. Competencia política y existencia de oposición; 3. Sufragio universal y otras formas de participación; 4. Elecciones libres, competitivas y a intervalos de tiempos regulares; 5. Electividad de todos los cargos más relevantes; 6. Partidos en competencia; 7. Fuentes de información diversas y alternativas; 8. Duración legal de los cargos electos; 9. Sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil; y 10. Un demos votante claramente establecido.
 
Obviamente, este cuadro formal – válido, por supuesto- de la democracia política no puede llevarnos a una fetichización y descontextualización de la misma, a la manera como lo plantea la narrativa del liberalismo clásico y el neoliberalismo contemporáneo.
 
Boron, Meiksins Wood, Roiman, De Sousa Santos y Nun, han señalado que el discurso burgués dominante impone una fetichización de la política, consistente en una reducción de la democracia, a la pura realización de eventos electorales sistemáticos. Lo que permite a Boron plantear que la persistencia de los mecanismos de exclusión social, la intensificación de las desigualdades económicas y la débil legitimidad política que encuentra en la sociedad civil, hacen de las supuestas democracias simples “regímenes post-dictatoriales”, o en estricto rigor plutocracias. (Boron, 2009:243). Por su parte, Meiksins observa que el supuesto histórico de la ciudadanía en la democracia liberal es la devaluación de la esfera política, la nueva relación entre lo “económico” y lo “político” que reduce la importancia de la ciudadanía y transfiere algunos de sus poderes al dominio puramente económico de la propiedad privada y el mercado, donde la mera ventaja económica ocupa el lugar del privilegio jurídico y el monopolio político. La devaluación de la ciudadanía implícita en las relaciones sociales capitalistas es un atributo esencial de la democracia moderna. Por esa razón, la tendencia de la doctrina liberal a representar los desarrollos históricos que produjeron la ciudadanía formal como un simple reforzamiento de la libertad individual -la liberación del individuo de una estado arbitrario, así como de las restricciones de la tradición y de las jerarquías prescriptivas, de las represiones de la comunidad o las demandas de la virtud cívica- es imperdonablemente unilateral. Así, pues, en una época de movilización masiva, el concepto de democracia ha sido sometido a nuevas presiones ideológicas de las clases dominantes, que no sólo demandaban la enajenación del poder “democrático”, sino también una clara disociación de la “democracia” y el “demos” –o por lo menos un viraje decisivo del poder popular como criterio principal de los valores democráticos. El efecto fue que el enfoque de la “democracia” dio un giro del ejercicio activo del poder popular al goce pasivo de las salvaguardas y derechos constitucionales y de los procedimientos, y del poder colectivo de las clases subordinadas a la intimidad y el aislamiento del ciudadano individual. El concepto de “democracia” se fue identificando cada vez más con el de liberalismo, palabra cuyo significado es notoriamente impreciso y variable, pues se trata de un cuerpo de principios comúnmente relacionados que tienen que ver con un gobierno “limitado”, libertades civiles, tolerancia, la protección de una esfera de privacía contra la intromisión del Estado, junto con un énfasis en la individualidad, la diversidad y el pluralismo (Meiksins, 2000: 246-264).
 
Nun muestra cómo, en efecto, la democracia, en los términos de Schumpeter (1961), ha sido reducida a un procedimiento para gobierno de los políticos, excluyendo al “demos” (Nun, 2002).
 
Las aristas de este debate que confronta la democracia con el autoritarismo y a la democracia misma en su propio ámbito, se han reflejado en las preocupaciones y desafíos ideológicos, políticos y prácticos de la izquierda, que no es ajena al dilema señalado y las controversias al interior del campo de la democracia como régimen de poder.
 
Democracia y autoritarismo son también formas de Estado. El Estado es una abstracción que remite a una relación social de dominación y subordinación.
 
De manera general se podría decir, haciendo una interpretación libre de la definición de Charles Tilly (1975), tal como lo sugiere Rouquie, que el Estado se puede llamar a un centro político único que controla un territorio y la población que lo habita y que deriva su poder y legitimidad de las relaciones de fuerzas sociales.
 
Sin embargo, el asunto es más complejo. Dieterich Steffan, hace una consideración de contexto histórico para indicar que toda comunidad humana necesita organizar en forma conjunta tres grandes funciones que no pueden solucionarse de manera individual: el trabajo, la guerra y el orden público. La necesidad de transformar la naturaleza mediante el trabajo en bienes y servicios para el sustento humano no la puede realizar una persona sola. Así mismo la comunidad puede entrar en un enfrentamiento violento con otras comunidades o se pueden dar conflictos entre los miembros de una misma comunidad. Estas tres grandes interacciones humanas son las causas que hacen imprescindible el establecimiento de algún tipo de coordinación y decisión colectiva dentro de la comunidad, es decir, la conformación de una autoridad política.
 
Mabel Thwaytes (1999) plantea que una aproximación concreta al tema del Estado obliga un recorte histórico para referirse al Estado moderno que surge con el capitalismo. Así, dice, en una obra clásica de 1938, Herman Héller dirá que el Estado es una “unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actuara de modo continuo con medios de poder propios y claramente delimitada en lo personal y territorial (1942:142)
 
En síntesis, dice Thwaytes, recogiendo la tesis de Tarcus, se podría definir al Estado como la condensación-materialización de determinadas relaciones sociales, al gobierno como un espacio decisivo dentro del aparato estatal y al régimen como una estructura formal que define uno de los aspectos centrales de la circulación del poder y la construcción de políticas públicas. De hi que no todo cambio de gobierno implique un cambio de régimen, ni tampoco todo cambio de régimen implique la alteración de la forma Estado. Solo una alteración profunda del modelo de acumulación y del tipo de estructura de clases estaría indicando una transformación de la forma histórica del Estado (Tarcus, 1992), criterio central para determinar el grado de transformación de la estructura estatal venezolana aún asociada a la renta petrolera y a los procesos de acumulación capitalista.
 
Con estas consideraciones teóricas veamos la situación concreta del Estado venezolano.
 
1.            Origen y formación del Estado venezolano.
 
López-Alves (2003:p265), indica que Venezuela representa un patrón de formación del Estado que no fue liderado ni por los partidos ni por un ejército central. Más bien, lo fue por grupos armados bajo el mando de veteranos de guerra.
 
Durante la Primera República (1811-1812), la Segunda (183-1814) y la Tercera (1816-1819), e inclusive bajo la fuerte influencia del general José Antonio Páez (1830-1848), la guerra decidía quien dominaba. En Caracas los civiles y las viejas y fuertes elites de exportadores dependían de caudillos y milicias que casi no podían controlar. Esto tuvo como resultado un Estado administrado principalmente por arrendatarios principales que no tenían necesariamente una conexión con las elites dominantes, y por esa razón el Estado logra un grado bastante amplio de autonomía. Esta autonomía se hizo evidente durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, o en la época de Juan Vicente Gómez, cuando el Estado, a pesar de depender del capital extranjero, actuó en forma bastante independiente de los grupos de presión locales.
 
Las rivalidades entre los caudillos del ejército y los políticos civiles durante la independencia y en los periodos posteriores, debilitaron la organización de los partidos. La construcción de los partidos no prosperó, y los civiles siguieron siendo un socio débil de las coaliciones dominantes. Con muy pocas excepciones, cuando había elecciones indirectas Venezuela elegía generales más que civiles.
 
En Venezuela el Jefe-caudillo militar perduró como figura política hasta bien entrado el siglo XX. Los caudillos comenzaron a representar intereses regionales, y sus gobiernos también. Por ejemplo, los gobiernos de los hermanos Monagas (1847-1858), representaron la dominación de las provincias de Oriente, y el periodo de Cipriano Castro, que comenzó en 1899, representó la dominación de la región andina. Hasta la década de 1930, los regímenes militares debilitaron la competencia partidista.
 
Fueron los caudillos los organizadores del Estado oligárquico en la segunda mitad del siglo XIX, los partidos no fueron importantes formadores del Estado, como en Colombia. Guzmán Blanco tomó el poder en 1871, comenzó una importante etapa de centralización del poder que detuvo las rebeliones fortaleciendo a los caudillos, quienes a su vez evitaron hacer la guerra al Estado central.
 
Venezuela retuvo, por largos años, el modelo de una segunda, o incluso tercera, generación de caudillos militares que no se identificaban con el ejército nacional. En una situación en la que bandidos y pequeños ejércitos operaban sin oposición en la mayor parte del territorio nacional, el ejército central y el Estado se desarrollaron lentamente en Venezuela.
 
Gilmore (1964:10-11) estudió lo que él denomina “era de los caudillos”, desde 1830 hasta 1935, argumentando que estas milicias, más que nada, fueron responsables de la construcción del Estado venezolano, pues este se había armado “desde los cuarteles”. Los comandantes de las milicias de las distintas regiones se convirtieron en los principales formadores del Estado, dominándolo por largos periodos. Sin embargo, este patrón no fortaleció necesariamente al ejército o al poder central.
 
En Venezuela, el periodo transcurrido entre la aprobación del principio de organización nacional y la definitiva victoria de la misma fue largo. Las guerras federales (1859-1863) no lograron, pese a su duración, hacer que prevaleciera el principio del Estado oligárquico preconizado por los liberales (Carmagnani, 1984: p 86). La contienda termino gracias a un acuerdo entre el viejo caudillo Páez, que había dominado la escena política venezolana durante toda una generación, y Manuel Falcón, Jefe de los liberales. El acuerdo estipulaba la convocatoria de una Asamblea constituyente, que se reunió en diciembre de 1863, redactó la constitución, declaro distrito federal a Caracas y nombró presente de la república a Falcón (Carmagnani, 1984:86).
 
Así daba principio un proceso encaminado a hacer reinar la paz entre federales y centralistas. Los primeros correspondían a las provincias interiores; los segundos, a la de Caracas. El acuerdo firmado por los liberales –llamados amarillos- y los conservadores –llamados los azules- significaba, después de una sangrienta guerra, la superación de la vieja rivalidad entre la costa y el interior.
 
Esta paz fue de breve duración. Los grupos oligárquicos más retrógrados, dirigidos por José Tadeo Monagas, deshicieron el acuerdo al deponer a Falcon, substituido en su cargo por Monagas. Tampoco este duro mucho en la presidencia; en 1870 le derroco el general Antonio Guzmán Blanco.
 
El primer periodo de gobierno de Guzmán Blanco, llamado el “septenio” (1870-1877), fue el momento en que se intentó dar vida al Estado oligárquico.
 
A Guzmán Blanco no le fue dado obtener el amplio consenso de todos los grupos oligárquicos y, en consecuencia, tuvo que buscar un apoyo suplementario en las fuerzas armadas, que pese a su endeblez técnica constituían un elemento fundamental para la estabilidad del gobierno y la creación del Estado oligárquico. En tal sentido, la transición del caudillismo al Estado oligárquico en Venezuela se lleva a efecto de un modo incompleto.
 
Las posibilidades de construcción de un ejército, central para la organización del Estado nacional, se dieron nuevamente en 1899, cuando el general Cipriano Castro llegó al poder (donde permaneció hasta 1908) a través de la llamada revolución liberal restauradora. Revolución que tuvo consecuencias duraderas para la formación del Estado. No obstante, durante el gobierno de Castro, el Estado siguió enfrentando fuertes obstáculos que limitaban su monopolio de coerción. Y aunque comenzó el proceso, no logró formar un ejército central leal. En cambio, al fin del periodo de Castro comenzó una “reversión a la anarquía”. Puede decirse que durante el gobierno de Cipriano Castro se dieron importantes pasos hacia la creación del ejército, pero el mismo solo se consolidó durante la dominación autoritaria de Juan Vicente Gómez, entre 1909 y 1935.
 
Puede afirmarse que no fue hasta el gobierno de Cipriano Castro que los caudillos perdieron una importante influencia como maquinarias de guerra independientes. Lo que debilitó el poder de los caudillos fue la guerra (o sea la revolución restauradora de Castro) que creó el Partido Liberal Restaurador y cambio el patrón de guerra que había caracterizado al periodo previo. Esta revolución en contra de Guzmán Blanco tuvo éxito porque su gobierno no contaba con un ejército eficiente. La victoria de los insurgentes fue rápida y abrumadora. El desarrollo más importante de esta revolución yacía en la superioridad militar de los invasores, ya que luego de tomar el poder, Castro no debió negociar necesariamente un pacto con otros caudillos. Fue durante el gobierno, y después de ganar la última batalla, que el ejército nacional adquirió un perfil definido que comenzó la modernización de las fuerzas armadas dando sustento al Estado oligárquico venezolano.
 
En 1908, Gómez, el “caudillo de todos los caudillos” tomo el poder y su Estado oligárquico gobernó a Venezuela hasta 1935.
 
2.         Estado, democracia liberal y renta petrolera. El Pacto de Punto Fijo de 1958.
 
Tras la prolongada y rústica dictadura personal de Juan Vicente Gómez, arquetipo de todas las tiranías tropicales, que preside el primer boom petrolero (1908-1935), Venezuela inicia bajo sus herederos, una etapa incierta de construcción de la democracia liberal. (Rouquie, 1984:218). Pero el proceso democrático bajos los generales gomecistas López Contreras y Medina Angarita resulta demasiado lento para la oposición civil y militar, por lo cual, en 1945, una logia de oficiales jóvenes y el partido Acción Democrática derrocaron al gobierno. En los tres años siguientes una junta presidida por Rómulo Betancourt y luego por el presidente electo Rómulo Gallego trata de instaurar un régimen democrático, pero es derrocado por un golpe de estado militar en 1948. El coronel Pérez Jiménez elimina a sus rivales y gobierna dictatorialmente durante diez años. Venezuela pasa del caudillismo al autoritarismo sultanista cayendo en un poder personalista, con algunos rasgos de modernización. En enero de 1958, un sector del ejército, unido a la marina y a la aeronáutica, derroca por fin a Pérez Jiménez.
 
Después de la firma entre las elites, del Pacto de Punto fijo en 1958, el Estado venezolano se organiza como una democracia liberal compartida entre Acción Democrática y el Copei, con la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.
 
Dicha democracia liberal se sustentó en la prosperidad económica y social derivada de la renta del petróleo. En Venezuela, desde los años 60, la abundancia petrolera es el factor singular más importante que explica la creación de condiciones estructurales para el desmoronamiento del autoritarismo militar sultanista y la subsiguiente relativa duración de un sistema democrático liberal. Tal como lo señala Lynn Karl (1988:296) la organización económica particular y el cambio social fomentados por el petróleo signaron definitivamente la política y las instituciones políticas venezolanas, y también la organización y las condiciones de clase de los terratenientes, los campesinos, los hombres de negocios y los obreros.
 
Sobre los acuerdos contenidos en el Pacto de Punto Fijo de 1958 funciono el Estado y la democracia liberal venezolana durante los años 60, 70 y 80 del siglo XX. Se trató de una democracia compartida entre los dos partidos con un fuerte papel de la figura presidencial.
 
En esta etapa no hubo mayor espacio para el populismo, salvo el caso del MIR (Ianni, 1973) que se desprendió de Acción Democrática transformándose en una fuerza guerrillera que desafió el Estado durante los gobiernos de Rómulo Betancourt y Leoni. La explicación de la ausencia populista reside básicamente en la bonanza petrolera y en la falta del modelo nacional-desarrollista y su alianza entre la burguesía industrial, la clase obrera y las masas urbanas desprendidas de la crisis agraria.
 
La abundancia petrolera propicio la prosperidad de las clases medias y el auge de los grupos mercantiles y empresariales, beneficiarios de la riqueza de los hidrocarburos.
 
Pero, dicha situación cambio fuertemente durante los años 80, cuando a raíz de la crisis de la deuda se abrió paso el proyecto de una reestructuración del Estado y sus gastos.
 
El gobierno de Carlos Andrés Pérez estaba comprometido con una agenda de reforma y ajuste del Estado en los términos pactados con el Fondo Monetario Internacional.
 
Surge el Estado neoliberal de inspiración neoconservadora. Se abre paso una matriz mercantil que sustituye la matriz Estado céntrica prevaleciente durante el Estado democrático liberal. (Cavarozzi, 1997).
 
3.         El Estado neoliberal.
 
Despues de 1982 se generaliza en Venezuela la reforma neoliberal del Estado, que va eliminando el capitalismo de Estado y exige el adelgazamiento vertiginoso del mismo, con lo cual se echan por la borda muchas de las expectativas de recuperar entidades sociales y fortalecer instituciones nacionales y políticas. Se crean múltiples instancias para viabilizar una rápida acumulación de capital: bolsas de valores, instituciones de crédito, reglamentaciones de comercio e inversiones y flexibilidad laboral.
 
Con el modelo neoliberal se incorpora un nuevo patrón de desarrollo regido por políticas económicas monetaristas, más concentradoras y excluyentes, que el anterior. El Estado pasa a ser controlado por una fracción financiera rapaz. Olliver Costilla (2005:54) plantea que un sector burocrático financiero transnacionalizada domina el mercado accionario y las bolsas de valores, impone sus intereses, sus concepciones y sus políticas, comparte la dominación con inversionistas extranjeros y viejas oligarquías y tiene grupos de tecnócratas leales y antinacionales administrando los gabinetes económicos del gobierno.
 
Con el triunfo de las articulaciones internacionales de las nuevas elites financieras, el desplazamiento y subordinación de las fracciones nacionalistas, se avanzó, con las reformas, en la desregulación estatal, la dependencia financiera extrema, la privatización de las empresas estatales, el compromiso absoluto de cubrir los servicios a la deuda externa, el uso de la deuda pública interna para apoyar una nueva desregulación oligopólica y el abaratamiento y flexibilización de la mano de obra. Todo ello bajo el avance de las políticas de libre mercado, la libre competencia, la libre y desregulada circulación internacional de bienes, servicios y capitales.
 
Con el neoliberalismo, el Estado venezolano entra a priorizar y ejecutar funciones para reinsertarse en la globalización. La función principal del Estado será estimular un tipo de crecimiento y un tipo de reinserción subordinados a los intereses y a la valorización del capital transnacional: es un Estado que se asume a sí mismo como vehículo de la globalización en curso. El Estado nacional se subordina al capital transnacional y promueve la nueva relación global de capital, en lugar de utilizar la voluntad política nacional para regular el ingreso y permanencia del capital externo, para desarrollar un proyecto autónomo de participación en la mundialización.
 
Bajo el Estado neoliberal se abrió paso un nuevo bloque de poder, que excluye a la mayoría de los trabajadores y a una fracción social numerosa de medianos y pequeños capitalistas.
 
El nuevo bloque de poder neoliberal será conformado por los grandes capitalistas nativos transnacionalizada; encabezados por los sectores importadores y financieros del gran capital; cuenta con la adhesión de los capitalistas externos con inversiones en la industria petrolera. Este bloque de poder tiene el apoyo y la simpatía de la vieja oligarquía de propietarios de la tierra.
 
La entronización del Estado neoliberal conlleva también una enorme crisis social, pues al finalizar los años 80 en Venezuela se agudiza la crisis económica y social al ser convertido el país en otro banco de pruebas del Fondo Monetario y sus recetas favorables al mercado.
 
Adicionalmente, la situación económica, social y política arrastraba un acelerado deterioro, desde hacía varios años atrás.
 
Venezuela está atrapada por una crisis muy extensa, con una implacable ruina de la situación de amplios grupos de la sociedad durante casi veinte años. El ingreso per cápita en 1997 fue 8% menor que en 1970. El ingreso de los trabajadores se afecta en la mitad en esos mismos años. Se ha establecido que desde 1984 hasta 1991, la pobreza total en Venezuela casi se había duplicado, al saltar desde el 36% al 69% de la sociedad (Lander, 2005).
 
La sociedad se polariza con la creciente segregación en todos los campos, especialmente en los ámbitos urbanos donde se privatizan las vías públicas de los barrios de la clase media y alta; las casas y urbanizaciones de estos estratos son resguardados por rejas y cobran auge las redes de seguridad privada, y, al lado de la cesantía laboral, el aspecto de la seguridad privada se coloca entre las prioridades de la ciudadanía. Los riesgos, representados por la “clase peligrosa”, pasan a convertirse en un lugar central en los medios de comunicación –en discursos abiertamente racistas- la pena de muerte o la eliminación directa de los “delincuentes” por parte de los aparatos policiales.
 
Al tiempo se profundiza la deslegitimación de los mecanismos de gobierno, particularmente del Estado presidencialista central, crecientemente ineficaz, corrupto e incapaz de atender las demandas de una nación más plural, diversificada y compleja. Los objetivos de modernización democrática, vista desde el ángulo de la descentralización, alcanzan amplia aceptación entre los políticos y en el debate público, y se convierten en el principal eje del trabajo de la Comisión Presidencial para la reforma del Estado a partir de 1984. El propósito era alcanzar una reforma del Estado para ubicarlo en niveles de descentralización, democracia y participación, logrando de esa manera su relegitimación (COPRE, 1988).
 
No obstante los cambios políticos que se dieron desde el punto de vista jurídico e institucional para crear mecanismos de incorporación y participación como la elección de alcaldes y gobernadores y la promoción de liderazgos regionales y locales, que renuevan el sistema político, su impacto no es efectivo dada la grave segregación social presente.
 
Situación que se puede explicar por el sentido que incorpora el modelo democrático promocionado y su régimen de ciudadanía y participación; tales categorías son atrapadas por los significados desprendidos desde los referentes ideológicos neoconservadores que plantean la sobrecarga de demandas sobre el sistema político como causa principal de su inestabilidad y colapso. En el discurso que prevalece en la esfera pública las claves dominantes son la antipolítica y el antipartido, que fija una oposición simple entre el Estado (señalado de ineficiente, corrupto y clientelista) y una idílica sociedad civil (con medios de masas incorporados), presentada como el epitome de todas las bondades: creatividad, iniciativa, eficacia, honestidad y participación.
 
Con la reforma de la sociedad civil, el modelo de los nuevo sujetos políticos y cívicos de la “democracia de los ciudadanos” es el ciudadano/vecino, percibido a partir de la experiencia de las organizaciones vecinales urbanas de clase media y clase media alta. En dichas formaciones la preocupación central es la defensa de la propiedad privada y la protección de las amenazas que representan millones de excluidos y segregados socialmente. La perspectiva ideal de tal modelo democrático conservador es la de una sociedad apolítica, sin controversias ideológicas, donde los principales problemas del gobierno tienen que ver con la eficacia y la honestidad de los gestores, y en la cual la participación y la toma de decisiones democráticas sobre la vida comunitaria están estrictamente limitadas a los espacios locales. La economía, a tono con la ideología neoconservadora, debe quedar a salvo de la política y las exigencias demagógicas que se plantean a nombre de la democracia. Toda estrategia social o redistributiva del Estado y los gobiernos es tildada de populista.
 
Con ese discurso político, las organizaciones sociales y políticas (partidos y sindicatos), son consideradas ilegitimas e inútiles. No cuadran en la nueva “Venezuela Imaginaria” de los ciudadanos/vecinos fomentada por el neoliberalismo (Lander, 2005), ajena a la Venezuela profunda de la mayoría de la sociedad.
 
Pero la crisis sigue adelante, se profundiza. Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), sobreviene una descomunal explosión social en febrero de 1989, que se llamó el “Caracazo”, en el que murieron varios miles de personas asesinadas por los militares.
 
Todo como consecuencia de la adopción de las nuevas medidas económicas neoliberales firmadas por el gobierno con el Fondo Monetario/FMI, incluidas en una carta de intención. Medidas sorpresivas ejecutadas a espaldas de la mayoría y omitiendo la soberanía nacional.
 
La potente crisis social derrumba el gobierno socialdemócrata y destruye el bipartidismo instalado por el Pacto de Punto fijo desde 1958, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez. El siguiente presidente, Rafael Caldera (1994-1999), es resultado de una coalición electoral de 16 partidos, entre los que se cuentan movimientos de izquierda como el MÁS, el Movimiento Electoral del Pueblo y el Partido Comunista. Luego de sobrevivir a la más espectacular crisis económica de la historia de Venezuela y cuando se daba una calma aparente, Caldera pacta una carta de intención con el FMI, conocida como Agenda Venezuela que no es más que un repertorio de medidas neoliberales para flexibilizar el mercado laboral y hacer la apertura a las multinacionales de la industria petrolera.
 
4.         Una revolución política. El proceso bolivariano y el Estado Comunal.
 
El triunfo presidencial de Hugo Chávez en diciembre de 1998, inicia una nueva era en la historia política venezolana. Cada paso que se da, estructura una revolución simbólica, la cual se despliega en la esfera política de la sociedad. Esa ruptura política incorpora varias dimensiones. El primer momento se focaliza en la convocatoria de una Asamblea Constituyente para adoptar un nuevo texto constitucional que le dé una nueva organización al sistema político, lo que se complementa por una Ley Habilitante que permite el desarrollo puntual de temas considerados estratégicos, dando prioridad al cambio político/institucional. Otro momento está signado por las tensiones que se derivan de la oposición conservadora a las medidas tomadas por el gobierno, por parte de los viejos partidos políticos y grupos empresariales que orquestan huelgas y un golpe para destituir a Chávez. Una vez se supera la crisis, y con nuevas herramientas a la mano, el Presidente despliega una contraofensiva para avanzar en importantes nacionalizaciones y canalizar su gestión en los temas sociales mediante la creación del programa de las Misiones sociales y ampliar la participación democrática. La derrota de un referendo revocatorio presidencial y la reelección ocurrida en 2006 le dan nuevo impulso al proyecto bolivariano, -que plantea la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela/PSUV- el cual sufre un traspié con el referendo constitucional del 2007. Desde el año 2010, luego de las elecciones legislativas, la revolución prioriza la conformación del Estado comunal, a partir de una Ley Habilitante que facilitó la expedición de un amplio paquete de leyes sobre la organización comunal del Estado, la participación popular y la economía popular.
 
La revolución liderada por Hugo Chávez ha sido política.
 
Su primer paso consistió en la convocatoria, en 1999, de un referéndum para abrir paso a una Constituyente, la cual es elegida y con las mayorías a su favor, aprueba una nueva Carta constitucional.
 
El nuevo texto es ambicioso en materia de derechos humanos y mecanismos de participación ciudadana.
 
Garantiza la libertad económica y la propiedad privada, a la vez que define claras y centrales responsabilidad del Estado en la política comercial y defensa de las industrias nacionales. Reserva para el Estado la actividad petrolera y otras de carácter estratégico, y le asigna un papel rector en el desarrollo de una agricultura sustentable y la seguridad alimentaria.
 
Es igualmente significativa la garantía que establece el texto constitucional a los derechos económicos y sociales, en particular a la salud, la educación, y la seguridad social.
 
Los capítulos referidos a los derechos humanos incorporaron todas las principales proposiciones de las organizaciones venezolanas de derechos humanos y que corresponden a los tratados internacionales de derechos humanos.
 
Semejante en amplitud es la cobertura de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas:
 
Quizás el cambio más significativo de la Constitución de 1999 respecto al texto anterior (1961) se da en la amplia gama de nuevas formas de participación que definen un régimen político que combina las formas tradicionales de la democracia representativa liberal (separación de poderes y la elección de autoridades ejecutivas y legislativas en los niveles municipales, estatales y nacionales), con formas de democracia directa, “participativa y protagónica”.
 
Orientaciones iniciales de la política económica.
 
En el área del petróleo se realizan reorientaciones básicas desde el primer momento. Se revierte en forma radical la política de aumento de la producción, que, con base en la prioridad de aumentar la participación en el mercado, había contribuido significativamente al colapso de los precios petroleros globales. Se asumen iniciativas internacionales con países exportadores, tanto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como de otros importantes exportadores no miembros de la organización, y se logra por esta vía incidir en forma inmediata y eficaz tanto en el fortalecimiento de la OPEP como en la política de restricción de la oferta y en la recuperación de los precios del petróleo. Paralelamente, se suspende el proceso de apertura petrolera que formaba parte de la estrategia de privatización de la gerencia de Petróleos de Venezuela. Se dan igualmente los primeros pasos para recuperar el control del ejecutivo sobre la política petrolera y sobre las orientaciones básicas de la empresa, que en los años anteriores había adquirido crecientes niveles de autonomía.
 
Después de aprobada la nueva Constitución, se expide, por la Asamblea legislativa en el año 2000, una Ley Habilitante que faculta al presidente para expedir un conjunto normativo que reglamenta el texto constitucional.
 
Del conjunto de las 49 leyes aprobadas sobresalen las que tienen como aspecto principal el objetivo de la democratización de la propiedad y la producción.
 
Fueron tres las que produjeron reacciones negativas más fuertes por parte de los sectores empresariales, y en general de la oposición política: a) la Ley de Pesca y Acuicultura, b) la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y c) la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
 
Las leyes aprobadas fueron catalogadas por el empresariado y por la oposición política como un atentado a la propiedad privada, argumentando muchos que con ello se confirmaba el carácter estatista o comunista del proyecto político del gobierno.
 
Con esos argumentos inician una etapa de sabotaje y ataques desestabilizadores del gobierno.
 
El 10 de diciembre de 2001 se produce un paro patronal nacional de un día exigiendo la revisión de estas tres leyes. La prensa y los medios acentúan su beligerancia opositora contra el Presidente.
 
Los dos momentos de mayor confrontación y en los cuales estuvo directamente en peligro la continuidad del gobierno fueron el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el paro principalmente patronal y petrolero que igualmente buscaba la salida de Chávez.
 
La alianza opositora convoca para el 8 y 9 de abril a un paro de 48 horas, que a horas de terminar lo convierte en un paro general indefinido, anunciando la convocatoria a una marcha en contra del gobierno para el 11 de abril. Esta marcha culmina con el golpe de Estado que pone en el poder al presidente de FEDECÁMARAS, uno de los líderes principales de la oposición, Pedro Carmona.
 
Aunque el nuevo régimen golpista recibe el apoyo de algunos países extranjeros y organizaciones multilaterales como el FMI, poco menos de 48 horas después importantes elementos constitucionalistas dentro del ejército, apoyados por una masiva movilización por parte de los sectores populares que reclaman la vuelta de Chávez, logran restituirlo como presidente.
 
La derrota política de la oposición en estos dos intentos por derrocar a Chávez produjo cambios profundos en las condiciones políticas del país. El respaldo popular al gobierno se consolidó. Se desarticuló la amenaza militar sacando de la Fuerza Armada a los oficiales golpistas y se realizó una profunda transformación de Petróleos de Venezuela retirando a la mayoría de los empleados que participaron en el paro golpista.
 
En el año 2003, después de una fase defensiva, consecuencia de una severa crisis económica con caídas muy drásticas del PIB, en la cual buscó ante todo sobrevivir y reactivar la industria petrolera, base de la economía nacional, el gobierno adquiere más confianza y comienza a impulsar políticas de carácter ofensivo orientadas a consolidar su base política y social, políticas públicas concretas, tangibles, con capacidad de llegar a incidir sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población.
 
Es así como se crean las Misiones sociales. Las mismas son un conjunto de acciones en las áreas de la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la cultura y el empleo, que dependen directamente del despacho presidencial y tienen como objetivo acelerar la solución de los más graves problemas sociales, obviando de esa manera la ineficiencia que se deriva del burocratismo de un Estado paquidérmico y obsoleto.
 
Adicionalmente se debe destacar la expedición de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública que regula la participación del pueblo en la formulación, ejecución y control de la gestión pública. Se definen los Consejos Comunales y Consejos Parroquiales como centros principales de participación y protagonismo del pueblo. Las “Mesas Técnicas de Agua” y los “Consejos Comunitarios de Agua” .Los “Comités de Tierra Urbanos”.
 
Después del fracaso del paro petrolero y antes de que la economía mostrara síntomas evidentes de recuperación, los conspiradores buscaron recomponerse y continuaron en sus intentos de derrocar al presidente. Lo intentaron mediante un referendo revocatorio que no prosperó. El presidente Chávez fue confirmado en su mandato con el apoyo del 59,1% de los votantes, con una abstención del 30,1%.
 
La política internacional desarrollada por el gobierno bolivariano ha sido soberana e independiente, en permanente confrontación con el gobierno de los Estados Unidos y su dominio imperialista. Su desempeño atiende a criterios de multipolaridad y se ha materializado en alianzas muy estrechas con Cuba y los otros gobiernos progresistas de América Latina. Como resultado de tal orientación, bajo el liderazgo de Venezuela se han organizado complejos multilaterales como el ALBA, Unasur, Banco del Sur, Celac, Petrocaribe y otras entidades regionales.
 
En el 2006, luego de la reelección de Chávez, comienza una nueva etapa del proceso de cambios. El Presidente propuso lo que llamo una “radicalización de la democracia participativa” dejando atrás el capitalismo para ir a un Socialismo del Siglo XXI. Lo que dicho Socialismo significaba se incorporó en la propuesta de reforma a la constitución que se formuló a la Asamblea Legislativa y fue sometida a un referendo que fue rechazado en diciembre de 2007.
 
Sin embargo, los temas de la malograda reforma constitucional fueron retomados con posterioridad. Uno de ellos, la autorización de la reelección indefinida del presidente, se aprobó mediante referendo, en el año 2009. Los otros aspectos se consignaron en la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2010, desarrollada con las siguientes leyes: a) Ley orgánica (LO) de las comunas; b) LO del poder popular; c) LO del sistema económico comunal; d) LO de defensa de la soberanía política y autodeterminación nacional; e) LO de planificación pública popular; f) LO del poder público municipal y otras más.
 
Todas estas disposiciones se orientan a dar forma al “Estado comunal” en el marco de la democracia participativa, que organizó inicialmente los Círculos Bolivarianos, los Consejos Comunales, las Comunas, los Fondos Comunales, la reforma municipal, la ampliación del régimen federal, la regionalización y otros instrumentos de la democracia participativa .
 
No obstante el proceso de cambios en el Estado venezolano establecidos en la Constitución de 1999 y en las Leyes Habilitantes, .la institucionalidad del mismo y muchas de las políticas públicas corresponden al viejo estado rentista petrolero.
 
El Estado venezolano, a pesar de varios intentos de reforma, y a veces a consecuencia de éstos, ha venido sufriendo un prolongado proceso de deterioro institucional durante los últimos años. En algunas áreas esto se ha profundizado con el actual gobierno como resultado de la resistencia a las nuevas orientaciones de la política pública por parte de los empleados públicos organizados en sindicatos políticamente de oposición. El estilo personalista de toma de decisiones y de asignación de recursos, que con frecuencia elude las estructuras y los procedimientos administrativos formales, no contribuye a la institucionalización de la capacidad de la gestión pública (Lander, 210).
 
Asociado a esto están las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales y municipales. Ser consecuente con la ampliación y profundización de la democracia, con el incremento de la participación en todos los ámbitos de la vida colectiva y con el control o contraloría social sobre la gestión pública, requeriría mayores niveles de descentralización de la gestión pública. Sin embargo, dadas las tensas relaciones existentes entre el gobierno central y los gobernadores y alcaldes de la oposición, ha habido choques permanentes que se han convertido en severos y reiterados obstáculos para la gestión coordinada de políticas públicas. El caso más destacado en este sentido ha sido la experiencia en las políticas de salud.
 
Igualmente problemático, señala Lander (2010) es el tema de la corrupción, fenómeno que en general se asume como extendido, pero cuyas dimensiones son difíciles de estimar. Las razones por las cuales existe hoy corrupción en la administración pública son muchas. Tiene que ver con la “naturalización” o institucionalización de la corrupción pública en los últimos lustros, con la improvisación con la cual se impulsan los diversos programas, la debilidad en la construcción de la capacidad institucional del Estado -que dificulta el seguimiento de la ejecución presupuestaria-, así como con la desconfianza del gobierno en relación con las denuncias de corrupción, entendidas en la mayor parte de la ocasiones como propaganda opositora. Es notoria la ausencia de un poder contralor suficientemente autónomo y la limitada legitimidad y debilidad del poder judicial. Probablemente también incide el cálculo político a corto plazo que lleva a intentar conservar apoyos, o por lo menos evitar rupturas públicas con funcionarios cuyas prácticas ilícitas han sido descubiertas. A pesar de que el tema de la corrupción llegó a ser en el discurso electoral de Chávez prácticamente el eje de deslinde básico entre la vieja Venezuela de la Cuarta República y la nueva Venezuela que había que construir, el combate a ésta ha pasado a un segundo plano en las prioridades gubernamentales y no han sido desarrolladas normas, acciones, ni políticas destinadas a erradicarla. Más aun, la corrupción se ha profundizado hasta alcanzar niveles de destre político para el proyecto bolivariano, reflejado en el apretado triunfo electoral de Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales.
 
Por último, el proyecto de cambio requiere procesos organizativos de institucionalización, tanto sociales como políticos. En ausencia de instancias colectivas de debate, confrontación de ideas y elaboración de políticas, se refuerza un liderazgo unipersonal. La ausencia de mediaciones organizativas entre el líder y los sectores populares, reivindicado por muchos como una virtud, constituye una importante fuente de vulnerabilidad de todo el proceso
 
Todos estos problemas del Estado venezolano bien pueden explicarse en la persistencia de partes de la vieja institucionalidad del Estado petrolero constituido con el Pacto de Punto Fijo, la Constitución de 1961 y las reformas neoliberales de los años 80 y 90, en gran medida por causa de la continuidad del modelo de acumulación capitalista que canaliza la burguesía importadora con amplio espacio político en el Estado, el gobierno y el régimen político.
 
El modelo actual, realmente existente, en Venezuela bien podría definirse como una combinación de extractivismo –con una mayor presencia estatal, vía procesos de nacionalización- y democratización en el reparto de la renta hidrocarburifera mediante políticas sociales más o menos institucionalizadas y más o menos universalistas.
 
En general, se apuesta por políticas de transferencia directa de renta e infraestructura social (salud, educación, alimentación a bajo costo, etc.), (Stefanoni, 2011)
 
La construcción de un Estado pos neoliberal ha logrado importantes espacios en buena medida como resultado de la canalización del gasto público y de la renta petrolera para atender los problemas sociales más agudos de la nación. Lo que se refleja en la amplia reducción de la pobreza.
 
Pero si bien es posible observar un proceso de democratización, con nuevos instrumentos de participación popular como los consagrados en la Constitución de 1999, en su sentido más amplio: siguiendo a Tilly, el desarrollo de la confianza política, la disminución de los centros de poder independiente (los poderes fácticos) en relación a la producción de las políticas públicas y el aumento de la igualdad (Tilly,2010), ello no debe opacar los déficits democrático-institucionales que acompañan el proceso bolivariano y que por momentos permite hablar de democratización paradójica (Do Alto y Stefanoni, 2010).
 
Son tensiones que bajo la forma de incremento de la participación “desde abajo”, a menudo con un fuerte dinamismo emocional y de una pluralidad de figuras de la democracia participativa y directa en la nueva Constitución Política, se van a expresar en el proceso bolivariano de cambios, acompañados, de manera constante, de fuertes polarizaciones sociales, amplio decisionismo presidencial y visiones binarias de la política (pueblo/oligarquía, patria/antipatria). No es casual que en el texto constitucional y en la mentalidad estatal venezolana persista la tradición presidencialista heredada desde el Pacto de Punto Fijo de 1958.
 
Un aspecto central del proceso bolivariano –que siempre se ha autodefinido como una revolución socialista- es el carácter extractivista de su economía, con las dinámicas rentistas que ello genera y la dificultad para comenzar a pensar transiciones posextractivistas de mediano y largo plazo para dar forma a un modelo productivo industrial.
 
Como ya se ha demostrado, estas “paradojas de la abundancia” suelen ir acompañadas de débiles niveles de institucionalidad, distorsiones en la asignación de recursos (conocida como enfermedad holandesa o “enfermedad neocolonial” en términos de Fernando Coronill (2009) y una visión simplista del desarrollo (Estado mágico o cultura del milagro: una idea de que todo se puede “porque somos ricos”) y, finalmente, alto nivel de estatismo, centralización y verticalismo que frenan los procesos de construcción de ciudadanía y alientan a las democracias plebiscitarias (Stefanoni, 2011). Una de las derivaciones de tal perspectiva es lo que Fernando Molina ha denominado “nacionalismo geológico” (Molina 2009), que al tiempo que se propone un “Estado fuerte”, choca con una serie de consecuencias de las lógicas extractivistas que minan sus objetivos y producen: instituciones débiles; alta discrecionalidad en manejo de recursos; poca planificación; e ilusión de riqueza facial, (Stefanoni,2011)
 
Conclusión.
 
El origen y construcción del Estado venezolano es resultado de una fuerte competencia entre caudillos militares regionales que se extendió hasta finales del siglo XIX, cuando el triunfó del general Cipriano Castro, logro la centralización del poder político, complementado posteriormente con la organización del ejército por el dictador José Vicente Gómez, quien gobernó hasta el año 1935, en el marco del primer “boom petrolero”, y con la hegemonía de la oligarquía agraria y los comerciantes importadores.
 
Merced al enorme peso de la renta petrolera, Venezuela no conformo un estado nacional- desarrollista, con el populismo correspondiente, y la riqueza de los hidrocarburos sirvió de sustento a la conformación de un Estado y una democracia liberal que dio sus primeros pasos con los herederos del dictador Gómez, López Contreras y Mediana, y los gobiernos de Rómulo Betancur y Gallego, interrumpidos por una dictadura autoritaria sultanista, la de Pérez Jiménez, que gobernó hasta 1957, cuando un acuerdo de los partidos de mayor peso, con exclusión del Partido Comunista, dio forma al Pacto de Punto Fijo de 1958 y a la Constitución de 1961, base de la democracia liberal de partidos, contrainsurgente, que gozo de fuerte estabilidad en virtud de la alianza del bloque burgués dominante con las clases medias, los empresarios y las masas campesinas que se urbanizaban con la expansión de las ciudades.
 
Dicho Estado colapso con la crisis de la deuda de los años ochenta, la caída de los precios del petróleo y la implantación de las medidas neoliberales señaladas por el FMI.
 
El Estado neoliberal que impuso de manera directa el Presidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, ocasionó una enorme revuelta popular conocida como el “Caracazo, en 1989 y un gran malestar político que se materializo en los intentos de golpe de Estado en 1992, por militares de izquierda.
 
La continuidad de las medidas neoliberales con el desmonte del Estado y la vigencia de la matriz mercantil, en el segundo gobierno del demócrata cristiano Rafael Caldera, agudizó la crisis de los partidos y propicio el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998.
 
Chávez, como Presidente, convocó una Asamblea Constituyente que adopto un nuevo texto constitucional. Dicho documento fue el soporte de un proceso de cambios políticos, sociales y económicos, que han sido conocidos como “revolución bolivariana”.
 
En el marco de un amplio conflicto social que ha suscitado la emergencia de nuevos sujetos y subjetividades sociales como resultado de la polarización, Hugo Chávez, avanzó, a lo largo de 12 años, en una estrategia para conformar el Estado comunal en reemplazo del Estado liberal y neoliberal. En esa dirección se adoptaron formas institucionales como los Círculos bolivarianos, los Consejos Comunales, y otras herramientas de la democracia participativa, con el fin de incorporan el mayor número de personas a la gestión pública.
 
Pero dada la continuidad del modelo extractivista y rentista petrolero, el Estado aún se mueve en los términos del viejo formato construido por el pacto de los partidos históricos, registrando elevados niveles de presidencialismo, burocratismo y corrupción, que obstaculizan la construcción del Socialismo del siglo XXI.
 
Con todo, las formas institucionales que se han derivado de las reformas del Estado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, colocan la balanza en el lado de la democracia participativa y no del autoritarismo militarista como lo afirma Margarita López Maya, en diversos textos de análisis sobre los cambios en el Estado, especialmente por lo que tiene que ver con las Comunas.
 
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Bogotá, 30 de julio de 2013.
 
- Horacio Duque es Licenciado en Ciencias Sociales e Historia de la Universidad del Quindío (Armenia, Colombia); Maestría en Problemas Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios de Paris (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia); autor de varios libros y artículos sobre historia y política colombiana.
 


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