Escudo de radares en el noreste del Caribe - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2013-01-11

Caribe

Escudo de radares en el noreste del Caribe

Jesús Dávila
Clasificado en:   Política: Politica, Militar, |   Internacional: Internacional, |
Disponible en:   Español       
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SAN JUAN, Puerto Rico, 11 de enero de 2013 (NCM) – A tiempo para la conferencia sobre la seguridad marítima del Caribe, pautada para marzo, ha comenzado el proceso para la militarización de las costas de esta colonia isleña de Estados Unidos y la posible instalación de un escudo de radares con la participación decidida del nuevo gobierno autonomista y el apoyo crítico de la ahora oposición anexionista.
 
Para la operación podría usarse la capacidad que ya tiene la Guardia Nacional de Puerto Rico para radares móviles que cubren desde 40 kilómetros hasta más de 200 millas náuticas, estos últimos capaces de llegar a la isla venezolana de Aves, o instalarse en puntos estratégicos que cubran las aguas territoriales sistemas de cámaras termales infrarrojas como los usados en la frontera con México.
 
De igual forma, otro aspecto a atenderse es el problema de los corrales para furgones en puertos de Puerto Rico, pues es conocido que contenedores que deberían pasar inspección por estar en la zona internacional, son trasladados sin autorización a la zona doméstica. En ese sentido, procederían instalaciones de muros y otras obras similares, así como la vigilancia constante por parte de los soldados.
 
Esas medidas pueden implicar la movilización permanente –con un sistema de rotación- de cerca de 1.000 soldados, mientras que por el momento lo que se ha anunciado oficialmente es la activación a corto plazo de apenas 50 efectivos. Además, tanto el Departamento de Justicia como la Policía nacional han advertido que se buscará mantener en secreto todos los planes específicos y mientras tanto se coordinan detalles con agencias concernidas de EEUU.
 
El plan tiene implicaciones controversiales para la política interna de Puerto Rico y para el balance en la zona del Caribe, a la vez que ubica a Puerto Rico en la tendencia, igualmente polémica, de intensificación del uso de las fuerzas militares dentro del territorio nacional de EEUU, en especial en las cercanías de las fronteras con México y Canadá.
 
Aparte de sus activaciones ocasionales durante huracanes y otros desastres, las operaciones de la Guardia Nacional dentro del territorio puertorriqueño fueron notables durante la segunda mitad del siglo XX. En el año 1950 se usó para enfrentar la insurrección nacionalista. Ex oficiales de inteligencia militar informaron que cumplieron tareas cónsonas con ese objetivo.
 
En los años setenta se usó la Guardia Nacional para enfrentar conflictos laborales y en los noventa para la toma de proyectos de vivienda pública –conocidos como “caseríos”- en un intento fallido por aplastar los puntos de venta de drogas. También se ha usado en par de ocasiones en los primeros años de este siglo en misiones de apoyo a la Policía nacional.
 
Actualmente la Guardia Nacional es la encargada de operar un importante radar ubicado en Punta Salinas, en la costa norte de Puerto Rico y tiene un destacamento en Punta Borinquen –en lo que fue la base aérea Ramey Field- en el extremo noroeste, que maneja el radar móvil TPS-75. Con ese equipo transportable en camiones grandes, Puerto Rico tomó parte en la operación “Escudo de Hierro” en la frontera de EEUU con Canadá, de igual forma que los soldados puertorriqueños adquirieron experiencia en la campaña de Irak en el manejo del pequeño y ágil AN/MPQ 64, conocido como “Sentinela”.
 
Un tanto más complejo es el tema de la instalación de las cámaras termales infrarrojas, capaces de ver a través de la niebla y en la oscuridad, para las cuales podrían utilizarse poco más de una docena de puntos estratégicos desde los cuales podría cubrirse toda la costa alrededor del país. Esa tecnología está en uso en la costa del Golfo de EEUU y hay otra versión que se ha indicado es utilizada por España para ayudar en la vigilancia de las costas del extremo sur.
 
Varios años después de la operación “Arranque” (Jump Start) en la frontera con México, en la que EEUU destacó 6.000 guardias nacionales en una rotación en la participaron 30.000 soldados, se inició entre 2010 y 2011 una nueva ronda. Pero para que se activen las guardias nacionales, los gobernadores de los estados concernidos han tenido que emitir las órdenes correspondientes como parte de los requisitos para prevenir cuestionamientos constitucionales.
 
Desde que se reanudó la operación en la frontera suroeste de EEUU, Puerto Rico, entonces bajo gobierno de los anexionistas, comenzó a gestionar la inclusión denominada “Iniciativa de la Frontera del Caribe” y promovió la idea de que la zona de operaciones podía extenderse hasta la costa norte de América del Sur. El entonces líder de la oposición autonomista, Alejandro García Padilla, presentó su propia versión de ese plan y tan pronto llegó al Palacio de Santa Catalina, su orden ejecutiva número uno fue la activación de la Guardia Nacional para puertos, aeropuertos y puntos estratégicos con la misión de ayudar a combatir el contrabando de drogas y armas.
 
“Este primer paso, de verdad, es desacertado”, comentó en una entrevista con Univisión Radio el doctor José Vargas Bidot, quien insistió en que las operaciones militares en la frontera de EEUU con México no han tenido el efecto que se esperaba. Vargas Bidot pidió que el gobernador García Padilla le dé audiencia para presentarle su plan nacional para atender la adicción a drogas como una enfermedad social y superar la visión estrictamente policial.
 
García Padilla intenta usar los dos enfoques y Salvador Santiago, administrador designado de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, explicó que espera que un plan abarcador para la medicación de la droga se atienda este mismo año. El doctor Santiago, que puso ese plan como condición para aceptar el nombramiento, dijo que la urgencia con la que hay que trabajarlo queda ilustrada con el dato de que en Puerto Rico se roba o daña propiedad valorada en 7,4 millones de dólares cada día, mayormente por parte de las víctimas directas de ese contrabando, los miles de adictos que recurren al delito para pagar por la droga que usan.
 


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