España: Retos domésticos de Rajoy en el 2013 - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2013-01-08

España: Retos domésticos de Rajoy en el 2013

Germán Gorraiz López
Clasificado en:   Social: Social, Empleo, Laboral, |   Economía: Economia, PoliticasEconomicas, |
Disponible en:   Español       
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La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo), certifica el riesgo evidente de Double Dip en su informe benal sobre la economía española, (crecimientos negativos del 1,5 % en el 2012 y del 1,3 % en el 2013 ) y su consecuente efecto dominó en la declaración de ERES en sectores básicos de la economía que provocará incrementos de las tasas de paro hasta niveles desconocidos desde la postguerra española, ( picos que podrían alcanzar el 25 % en el 2012 y del 26,9 en el 2013, según sus estimaciones ).
 
Dicho informe incluye 12 recomendaciones que el Gobierno de Rajoy deberá aplicar a lo largo del bienio 2013-2014 para evitar reeditar la década de estancamiento económico de la economía japonesa (década perdida) y que se resumen básicamente en una nueva reforma laboral y reforma del sistema de pensiones.
 
Reforma del Mercado Laboral: La última edición del “Informe de Competitividad Global 2009-2010”, elaborado por un equipo de economistas dirigidos por el español Xavier Sala-i-Martín, indica que la economía española se sitúa en el puesto 33 en la clasificación de los países más competitivos a nivel mundial elaborada por el Foro Económico Mundial (FEM), y destaca que “la mayor preocupación continúa siendo la elevada rigidez del mercado laboral, (que lleva a España a ocupar el puesto 122), lo que a juicio del FEM desalienta la creación de empleo”.
 
A instancias de la CEOE , el Gobierno de Rajoy accederá pues a una nueva y drástica reforma del mercado laboral que implicará la progresiva implantación del despido libre sin indemnización; la instauración de la jornada laboral mínima de 45 horas semanales y el retraso de la jubilación a los 67 años unido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores debido a los exiguos incrementos salariales, congelación o dramática reducción de los mismos y la subsiguiente generalización de la precariedad laboral con salarios seiscieneuristas e interinidad vitalicia.
 
Además, en vistas a la optimización de recursos, no sería descartable una progresiva reducción de las competencias autonómicas que llevaría aparejada una drástica reducción del número de funcionarios y empleados públicos que podría rozar el 20% (en la actualidad rondarían los 2,5 millones y el 85 % serían funcionarios   con un consumo estimado del   1´5% del PIB).
 
Reforma del Sistema de Pensiones: El drástico descenso de los ingresos del Estado    y el bestial incremento de las prestaciones de desempleo (en el 2012 serán necesarios 40.000 millones), originará el déficit de la Seguridad Social y la utilización de la “hucha de las pensiones” (estimada en 66.000 millones de euros) para poder sufragar las necesidades del Estado en el bienio 2.013-2014.
 
Así, según el profesor del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València, Enrique Devesa, el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad Social ofrece una rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%, lo que provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2012 ronde los 10.000 millones de euros”.
 
Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del baby-boom comience a fallecer, dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la “tasa de dependencia” según el INE, crecerá en un 57%  (lo que supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por cada persona activa).
 
De todo ello se deduce la necesidad urgente de un nuevo Pacto de Toledo consensuado entre gobierno, oposición, patronal y sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto,  con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.021 y que incluiría los siguiente apartados:
 
1.- Retraso de la edad de jubilación: La OCDE recomendó “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”, en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años y tras la presión de la troika comunitaria, el Gobierno de Rajoy lo aplicará de forma progresiva entre el 2013 y el 2027.
 
Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria recientemente aprobado por el Gobierno, contempla la posibilidad de que el Ejecutivo se plantee la reforma de las pensiones si el déficit sigue el alza. Así, en su artículo 22.5, señala que “el Gobierno revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad previsto para después de 2027, si el déficit sigue subiendo”, revisión que podría suponer en la práctica un retraso en la edad de jubilación más allá de los 67 años o el adelanto de los plazos de aplicación.
 
2.- Incentivar el SPP (Sistema Privado de Inversiones): Desde las esferas del Gobierno, se esforzará en convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar “el sistema de reparto”, fomentando los planes de pensiones individuales según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación.
 
Para los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), contratar un plan privado de pensiones como complemento a la pensión pública “no es la medida más eficaz para solucionar el bajo poder adquisitivo de las pensiones en España, máxime si se tiene en cuenta que las pensiones de España son un 54,3% inferiores a las de la UE”.
 
3.-Instauración del copago sanitario total: El finiquito a la prescripción por principio activo en todo el Sistema Nacional de Salud, reflejado en el primer aumentos tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los beneficiarios de la Seguridad Social (que en el caso de los jubilados con pensiones contributivas significará  pagar un 10% de los medicamentos), supone la desaparición de otro de los tabúes de la economía española.
 
Así, según eleconomista.es, de cada 100 euros que gastan las administraciones públicas, 46,5 euros son transferencias al sector privado, “básicamente para pagar pensiones y prestaciones por desempleo”, citando el ‘Informe Económico de junio 2012′ elaborado por el centro de estudios de negocios Esade, y dado que según europapress, el PIB del segundo trimestre del 2012, cayó el 1,3% en tasa interanual y que según se desprende de los Presupuestos Generales para el 2013, el Estado tendrá unas necesidades de financiación cercanas a los 230.000 millones de Euros, parece inevitable la instalación del copago sanitario total en el horizonte del 2014.
 
4.-Recortes en las prestaciones de desempleo, jubilación y viudedad: Según el pais.com, en los primeros siete meses del año, el gasto en prestaciones por desempleo ha crecido un 5,4%, hasta los 18.455 millones y se espera que en el 2013 entre en vigor el recorte aprobado en el decreto ley de julio por el que la prestación por desempleo pasará a ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% a partir del sexto mes de percepción.
 
En cuanto a las pensiones, el IPC de noviembre que sirve de referencia para la revisión automática de las pensiones quedó en el 2,9 %, (lo que hubiera obligado al Estado a un desembolso adicional de 5.000 millones de €), pero tras un increíble truco de prestidigitación contable del Gobierno de Rajoy, la mayoría de las pensiones tendrán un exiguo incremento del 1% para el 2013, no siendo descartable la congelación de las mismas para ejercicios posteriores.
 
5.- Plan para aflorar la economía sumergida: Según un informe elaborado por el instituto Tax Research (que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal), la economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional.
 
Si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años, según los autores del informe “Closing The European Tax Gap” encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo para analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea.
 
 
 


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