No concluía aún el encuentro sostenido durante tres horas por el presidente electo de México (Enrique Peña) y los gobernadores de Guerrero (Ángel Aguirre), Morelos (Graco Ramírez) y Oaxaca (Gabino Cué); así como el jefe de Gobierno electo del Distrito Federal (Miguel Mancera) y el gobernador electo de Tabasco (Arturo Núñez), cuando aparecieron las críticas a la deliberación efectuada en el hotel Marriot, tan exclusivo como alejado de la observación e inconformidad.
Las críticas provienen de dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, no tanto al hecho en sí mismo sino “al momento en que se produce”, cuando Peña Nieto no asume la titularidad del Ejecutivo federal, el Consejo Nacional perredista y sus equivalentes en el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano aún no definen “la línea política que tendrán ante un gobierno surgido de la imposición” –lo que muestra la lentitud con que proceden–, el Instituto Federal Electoral no termina de investigar las denuncias sobre la compra de votos por el Revolucionario Institucional –erogación estimada en 40 mil millones de pesos por Andrés Manuel López Obrador–, pero que no altera el resultado de la elección presidencial (rebasar topes de campaña no es causal de nulidad), la que guste o indigne ya es “cosa juzgada” por el Tribunal Electoral, polémica sentencia que para Eduardo Huchim es “insatisfactoria y vergonzosa”.
Previendo estas reacciones que estarán presentes los próximos meses, Aguirre, Cué y Núñez subrayaron que acudieron en su condición de gobernadores (“que se deben al PRD”, les reviró Gilberto Ensástiga), y el tercero fue más preciso: “No vengo en representación del PRD”. Ramírez no se molestó en explicar o su sonrisa de oreja a oreja, al lado del mexiquense para la foto, dice más que los pronunciamientos allí expresados.
Mas la critica de que los gobernadores en funciones o en vías de serlo “están obligados a discutir cuál es la línea política que seguirán con Peña Nieto”, lo que revela es incapacidad de la dirigencia perredista para procesar desacuerdos y vía el debate y la negociación convertirlos en acuerdos, o cuando menos en unidad en la acción.
Necesidades de gobierno insoslayables aparte, no es pertinente ignorar que Peña muestra mayor capacidad política –tan subestimado como aún es desde buena parte de las izquierdas– para dialogar y construir acuerdos gubernamentales para el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Tabasco a partir del primer sábado de diciembre, que la misma dirigencia y las corrientes del partido del sol azteca, incluso sin López Obrador en sus filas ya disminuidas.
El presunto “aval al político priísta”, arguyen los impugnadores del encuentro, coloca en una “situación complicada” al Movimiento Progresista. “Hay quienes plantean tomar la tribuna del Congreso”. Hecho previsible con más o menos legisladores de la coalición, salvo que también les gane la partida el visitante de Los Pinos por sexta ocasión para preparar la entrega-recepción de manos de Felipe Calderón.
Más allá de las apuestas del 1 de julio aún en confrontación, resultan plausibles los juicios que en nombre de todos transmitió Ramírez: la decisión de privilegiar las coincidencias, la legalidad no es negociable y las izquierdas son la segunda fuerza al gobernar a casi 25 por ciento de los mexicanos. También dijo que “Vamos a trabajar por una reforma fiscal, haciendo de Pemex una empresa estatal, fuerte y competitiva; un nuevo pacto social para que no se excluyan a millones de jóvenes de la expectativa de estudio y empleo, a invertir en educación y a invertir menos en persecución”. Por supuesto, falta trascender la retórica.
Utopía 1177
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