ALAI, América Latina en Movimiento
2004-02-04
Colombia
Entrevista con Luis Evelys Andrade, presidente de la ONIC:
Indígenas colombianos cuestionan política de "seguridad democrática"
Eduardo Tamayo G.
La política de "seguridad
democrática" del gobierno de Alvaro Uribe no es la más
adecuada para los pueblos indígenas porque está generando más
inseguridad: militarización, encarcelamiento de dirigentes,
desplazamiento forzado, desarticulación de los procesos
organizativos, manifiesta Luis Evelys Andrade, presidente de
la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
El dirigente, que pertenece al pueblo Embera, ubicado en la
región del Chocó (nor-occidente colombiano limítrofe con
Panamá) hace también una invocación firme a todos los actores
armados que intervienen en el conflicto colombiano: "que nos
permitan resolver nuestros conflictos con nuestras propias
leyes, que no permanezcan al interior de nuestros territorios,
que no conviertan a nuestros territorios en escenarios de
guerra, que no recluten a nuestros jóvenes, porque eso nos
trae mayores problemas".
- ¿Cuál es la situación de los indígenas colombianos cuando el
gobierno del presidente Alvaro Uribe ha radicalizado la guerra
contra los movimientos guerrilleros?
Los pueblos indígenas pasamos a ser mirados como objetivo
militar por parte de los actores por considerarnos, de alguna
manera, como cómplices o que favorecemos a algunos de los
grupos dependiendo de qué grupo esté en las regiones. Y estos
grupos, a su vez, sea el que sea, desconocen a las
autoridades, imponen su ley, impiden la libre movilización.
En el caso de la fuerza pública, el ejército colombiano y los
paramilitares, no permiten, en la mayoría de los sitios en los
que se encuentra la insurgencia, que los indígenas accedan a
cierta cantidad de alimentos, que haya transporte de
medicamentos a las comunidades y sabemos que las comunidades
tienen una serie de enfermedades y epidemias. Por eso hemos
venido diciendo que además del abandono y la marginación a la
que el Estado nos tiene sometidos, la situación de las
comunidades indígenas se torna mucho más grave con la guerra,
pero también hay que decir que más que la guerra de los grupos
armados, o las balas, los indígenas están muriendo por esa
guerra silenciosa de la desnutrición, el hambre, las
epidemias, las enfermedades.
- El conflicto colombiano se está regionalizando, hay
indígenas que huyen al Ecuador, Panamá o Venezuela. ¿Qué
opina de esta situación?
La estrategia del Plan Colombia tiene implicaciones graves
sobre las comunidades indígenas y tiene una dimensión
regional. Mucha gente y muchos gobiernos piensan que esto es
un problema solamente en Colombia, pero esto tiene
implicaciones sobre los países de frontera, es decir, si cada
vez se incrementa la presión sobre los grupos insurgentes, si
hay confrontación, ellos también se verán obligados a buscar
los territorios de frontera, y en la medida en que haya
confrontación va a haber señalamiento, persecución, acciones
violentas contra las comunidades, y éstas tienen que romper la
barrera de las fronteras. Este es un problema que se debe
analizar como un problema regional que nos afecta a todos y
con el que debemos ser solidarios. Desde los gobiernos debe
haber una política para mirar las implicaciones que tienen la
aplicación del Plan Colombia desde una perspectiva militarista
de ataque al terrorismo y al narcotráfico. No quiero
justificar a ninguno de los dos, pero bajo estos pretextos y
el ataque a estos dos fenómenos que la humanidad rechaza, los
pueblos indígenas y no indígenas, los negros, etc. son los
que están pagando las consecuencias.
- ¿ En particular cómo está afectando el conflicto armado a
las poblaciones indígenas de la Amazonía colombiana?
En el caso de la Amazonía colombiano, estas poblaciones no
tienen problema por territorios, todas prácticamente tienen
reconocimiento y tienen asignado su resguardo legalmente, pero
el problema es que los grupos armados han comenzando a
incursionar en esos territorios. Son comunidades muy
apartadas y muy vulnerables y están muy desatendidas por el
gobierno nacional, por eso consideramos que es necesario
lanzar un SOS por los pueblos indígenas de la amazonía y de
fronteras, porque están en un alto riesgo porque si no
desarrollamos acciones concretas de parte de las
organizaciones, si no hay un compromiso claro y una acción
decidida del gobierno colombiano y de los gobiernos
fronterizos, de la cooperación internacional para parar esto y
aliviar la situación de esas comunidades, podemos hablar, en
pocos años, que estos pueblos se habrán extinguido y no
podemos eludir esa responsabilidad histórica.
Como son pueblos pequeños, en su mayoría de máximo de 100
personas, pueden correr el riesgo, si se acrecienta el
conflicto armado, que la juventud, por ejemplo, deje las
comunidades y pase a engrosar, bien sea por voluntad o por
presión, las filas de los grupos armados. Por otro lado, por
cuanto el gobierno colombiano no tiene una política clara de
atención, las comunidades pueden ser diezmadas por las
enfermedades o las epidemias. Así mismo, si se presenta mayor
confrontación en los territorios va a haber mayor
desplazamiento a las ciudades, y eso pone en riesgo la
supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas,
porque se van a dispersar y pierden la condición de pueblos y
de comunidad. Por otro lado, el hecho de que ciertas empresas
transnacionales farmacéuticas o petroleras tengan interés en
la explotación de recursos, también pone en riesgo su
pervivencia física y cultural, porque en la medida en que las
comunidades asuman posiciones de rechazo a los megaproyectos,
a exigir derechos o a que se negocie como es debido, empiezan
a correr riesgo, porque sabemos que muchos dirigentes han sido
amenazados por los grupos armados y por sectores económicos
que tienen interés en esas regiones.
- ¿Qué opina sobre la erradicación forzada de los cultivos de
coca en territorios indígenas?
Las políticas que el Estado y el gobierno colombiano están
implementando para erradicar el fenómeno del narcotráfico, los
cultivos ilícitos, no son las más indicadas. Primero plantea
una erradicación forzosa con fumigaciones que, según las
informaciones que tenemos, tiene graves consecuencias sobre la
salud humana y sobre la supervivencia misma. Muchos niños han
muerto a consecuencia de estas fumigaciones sobre el medio
ambiente, la fauna silvestre se está muriendo, están
desapareciendo los animales domésticos, los cultivos de
pancoger se han secado con las fumigaciones. Entonces esta
aparente solución está generando un problema mucho mayor,
acrecentando el problema social, porque para que se resuelva
el problema de la siembra de la coca, hay que resolver muchos
problemas sociales. Siempre le hemos planteado eso al Estado.
De otra parte, esta propuesta de fumigación va acompañada de
un reforzamiento del aparato militar, entonces lo que
observamos es que se compran más helicópteros y se destinan
más recursos para los que aplican estos planes. Entonces es
todo un negocio para algunas empresas y para el mismo gobierno
norteamericano.
De otra parte, esto va ligado a la "política de seguridad
democrática" del gobierno de Uribe que tampoco es la más
adecuada, porque la militarización de los territorios no ha
contribuido para que las comunidades vivan en armonía y tengan
paz. Muchas veces los mismos militares se convierten en
violadores de los derechos humanos, señalan, estigmatizan,
detienen arbitrariamente, tenemos más de 70 dirigentes en
Colombia detenidos acusados, por supuestos informantes, de ser
terroristas o guerrilleros. Esta política nos está generando
mayores problemas, está desarticulando nuestros procesos
organizativos, porque una comunidad cree en sus líderes y en
la medida en que esos líderes empiezan a ser perseguidos
sienten también inseguridad, la política de seguridad, en ese
sentido, para nosotros se ha convertido en inseguridad. La
militarización y la criminalización de las expresiones y de la
protesta social, lo que genera son mayores problemas para
nosotros, hemos planteado entonces que se respete nuestra
autonomía, nuestro gobierno propio, hasta le hemos exigido al
mismo Estado colombiano que la fuerza pública no entre a los
territorios, porque en algunas zonas en donde se ha
militarizado a quienes más se le viola sus derechos son a los
pueblos indígenas. Tenemos regiones como la del Putumayo en
la Amazonía y el Chocó en la región nor-occidental, donde hay
militarización, en las que los pueblos indígenas no pueden
transitar o salir a cazar, porque toda su vida cotidiana, su
dinámica social, cultural, productiva está restringida y
controlada.
- ¿Qué piensa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) que actúan en algunos territorios indígenas?
Nosotros consideramos que ningún grupo armado recoge nuestras
aspiraciones ni es vocero de nuestras necesidades y nuestro
pensamiento. A las FARC les hemos planteado, como a los otros
grupos armados, respeto a nuestros dirigentes, respeto a
nuestro sistema de gobierno, que nos permitan resolver
nuestros conflictos con nuestras propias leyes, no permanecer
al interior de nuestros territorios, no convertir nuestros
territorios en escenarios de guerra, no reclutar a nuestros
jóvenes, porque eso es lo que nos trae mayores problemas.
Digo esto porque pone en riesgo la continuidad y pervivencia
cultural, viola la autonomía y pone en riesgo también la vida
de nuestros dirigentes. Y de otra parte, entendemos que las
FARC tiene una propuesta de construcción de país, nosotros no
compartimos sus métodos, apostamos también a la construcción
de un país distinto donde todos quepamos, un país más justo,
más equitativo, más respetuoso de las diferencias, pero
nuestro método es la exigencia desde la vía política, la vía
negociada, desde la vía legal. Por eso no tenemos miedo a
hablar, porque consideramos que estamos dentro de la legalidad
y estamos reclamando, de manera legítima, nuestros derechos
porque somos autoridad, somos gobierno al interior de nuestros
territorios.
- Otro de los actores que interviene en el conflicto
colombiano es Estados Unidos que pone mucho dinero, logística
y armas. ¿Cuál es su criterio al respecto?
El gobierno colombiano sigue muy fielmente las directrices del
gobierno norteamericano. Pensamos que los gobiernos deberían
tener una posición de mayor soberanía, ellos consideran que
esto no afecta a otras dimensiones, consideran que es lo
mejor, hablan de seguridad bajo dos escollos: el ataque al
terrorismo y al narcotráfico, pero las medidas que se están
aplicando contra el terrorismo también están atentando contra
nuestras organizaciones. Desde la perspectiva del proyecto de
los informantes, nuestros dirigentes han sido criminalizados y
en este momento se les está enjuiciando de manera injusta.
Consideramos que el gobierno norteamericano debe ser mucho más
coherente, debe posibilitar y ayudar a que los gobiernos
implementen políticas de respeto de los derechos humanos y
procesos democráticos de participación, de diálogo, de respeto
a la diferencia. Consideramos que el Plan Colombia y las
directrices en materia de seguridad, están afectando
seriamente la autonomía de los pueblos indígenas, porque ya
tenemos casos de extradición de indígenas y nosotros, como
autoridades o como pueblos, no hemos hecho ningún tratado de
extradición con Estados Unidos. Le hemos exigido al gobierno
colombiano que nos aclare porqué nos están extraditando a
indígenas sin consultar, sin informar previamente a los
pueblos indígenas que son quienes, en última instancia, por su
autonomía, por su jurisdicción especial y por la justicia
propia, tienen que juzgar a sus conciudadanos.
http://alainet.org/active/5542
Documentos Relacionados:Se requiere papel más activo para detener etnocidio de indígenas - Tamayo G. Eduardo [2006-09-12]
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