Argentina de pie frente al mundo - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2012-05-14

Consejo de las Américas

Argentina de pie frente al mundo

Lucía Pires
Clasificado en:   Política: Politica, |   Internacional: Internacional, |   Economía: Economia, InstitucionesFinancieras, PoliticasEconomicas, RecursosNaturales, |
Disponible en:   Español       
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Con fuertes críticas de tenedores de “fondos buitres” estadounidenses, Amado Boudou ofició de orador en la última Conferencia de las Américas. Habló del proceso de expropiación de acciones de la petrolera Repsol en Argentina y de la administración del comercio externo del país.
 
El vicepresidente Amado Boudou estuvo el martes 8 de mayo en el Consejo de las Américas. Participó en la 42ª Conferencia de las Américas como uno de los oradores en la Asamblea que se desarrolló en el Departamento de Estado norteamericano con el fin de analizar la política regional, junto con otros funcionarios, legisladores y empresarios de varios países.

En su primer viaje a Washington como vicepresidente, su llegada estuvo signada por la protesta de un grupo de tenedores de bonos de deuda en default que actualmente están en litigio contra el Estado argentino para que el país le de más del 50 por ciento de lo que pagaron por los títulos. Boudou fue recibido con una rata inflable gigante, desplegada la noche anterior en la entrada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con una bandera argentina y la leyenda "Soy la rata del G-20".

Los manifestantes, integrantes del American Task Force Argentina (ATFA) formado por estadounidenses acreedores de “fondos buitres” o especulativos que no se acogieron a la reestructuración de la deuda nacional y que se dedican a presionar en el Congreso de Estados Unidos en contra de Argentina, reclamaron la expulsión del país del G20. 

Los mismos distribuyeron un panfleto “explicativo” que hablaba del desacato a los fallos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a favor de dos empresas norteamericanas que denunciaron al Gobierno, de la expulsión de la nación del Sistema General de Preferencias en marzo de este año debido al impago de más de 300 millones de dólares que el mismo tribunal arbitral fijó como indemnizaciones para las compañías estadounidenses, de la expropiación de YPF, y de la queja presentada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por 40 países que denuncian trabas a las importaciones. “Argentina no es un socio responsable. No es un par en el G20″, se señala en el folleto.

La codirectora de esta asociación, Nancy Soderberg, envió además una carta a la presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal, en la que mostró su “preocupación” por la invitación al vicepresidente: "Pedimos que, cuando presente a Boudou como orador, se deje constancia de que el Consejo no comparte la actitud del Gobierno argentino". Según Soderberg, el Consejo de las Américas es "una entidad que impulsa la democracia, el respeto por la ley y por el libre mercado y que proclama el desarrollo político y social de la región, y no debería invitar a gobiernos que violan permanentemente esos valores". Es, también, una organización empresarial que busca la “integración” económica del continente y de la que forman parte más de 100 grandes empresas, estadounidenses, como Google y Citigroup; junto a algunas latinoamericanas como Vale y Televisa; asiáticas como Temasek; y europeas como el Banco Santander y Mapfre.

Los medios nacionales opositores se hicieron eco de las quejas. Ante la conciencia internacional de la tensión entre Argentina y la comunidad empresarial estadounidense, plagaron sus portales hablando de la protesta y mostrando al país como una nación vergonzosa, representada por un vicepresidente obligado a entrar por la puerta trasera e incapaz de merecer el respeto del lobby norteamericano más activo en su labor de perjudicar política y comercialmente a los argentinos. Poco espacio le dieron, en cambio, a la dura respuesta de Boudou a la crítica de Estados Unidos a la política de comercio exterior.

El vicepresidente señaló que la situación de YPF en manos de Repsol “era un cóctel explosivo” debido a la combinación entre desatención del “negocio real de la empresa de extracción de petróleo, el alto nivel de endeudamiento y una política de distribución de dividendos muy agresiva 

Boudou explicó la necesidad de expropiar las acciones “dada la importancia sistémica de YPF en Argentina, cuya economía es muy dependiente de los hidrocarburos”. La gestión de Repsol en la petrolera “generaba problemas de sustentabilidad en el corto plazo y dificultades para el conjunto de la economía”, lo cual “llevó al Gobierno a tomar la decisión de recuperar el control estratégico de YPF”. Asimismo, llamó a las empresas a invertir en una nueva YPF, "con conducción estatal y abierta a la inversión extranjera y privada". En Estados Unidos son cada vez más los que creen que algunas petroleras internacionales podrían tomar parte en proyectos concretos, en detrimento de los discursos que postularon que la expropiación y las amenazas de Repsol de usar todos los recursos legales contra las empresas que colaboren con YPF generaría una incertidumbre jurídica que perjudicaría al país. 

En respuesta a las protestas y en rechazo de los cuestionamientos a supuestas restricciones a las importaciones, el vicepresidente subrayó que Argentina duplicó su nivel de apertura comercial en los últimos años: “Cuando uno ve el nivel de apertura, que lo podríamos medir como el total de importaciones más exportaciones dividido el producto bruto, la Argentina muestra un índice de 33,7 por ciento. Si lo comparamos con Brasil, un país muy exitoso, con el cual tenemos una alianza estratégica, el mismo llega al 19 por ciento”. Remarcó también el de Estados Unidos: de 24,8 por ciento.

Además, Boudou expresó que es “muy llamativa la crítica actual de los organismos internacionales de crédito, porque cuando eran más favorecidas y apoyadas las políticas públicas de Argentina desde los centros financieros internacionales, durante la década de los ’90, ese índice de apertura era del 15,1 por ciento, menos de la mitad del actual”.

En el encuentro, el vice presidente aseguró que “nos provoca mucha satisfacción decir que Argentina tuvo un 30,8 por ciento de crecimiento en sus importaciones entre 2010 y 2011, el nivel más alto alcanzado por un país miembro del Grupo de los 20”. “Esto quiere decir que, lejos de haber sido un país que frenó las importaciones, Argentina fue uno de los más dinámicos en términos de crecimiento relativo”, puntualizó. 

El vicepresidente también se refirió a la queja formal presentada en la OMC contra la administración del comercio que aplica el país y calificó como “llamativo que de los diecinueve países del G-20 que proponen una medida contra Argentina, dieciocho de ellos han aumentado las exportaciones que han remitido a Argentina. En el caso de la Unión Europea en particular, 25 de los 27 países han incrementado sus exportaciones”, agregó. 

Sobre la deuda argentina con el Club de París, afirmó que “nos gustaría mucho encontrar rápidamente una solución que sea aceptable para los acreedores y posible de pagar para el país sin tener que mermar su crecimiento”. Destacó que “cuando uno ve que se pone énfasis en pagar las deudas con fuertes reducciones fiscales, recuerda que la historia económica nos enseña que usualmente eso termina mal”.

Antes de finalizar su presentación frente a un auditorio en el que sobresalía la presencia de embajadores, representantes de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de compañías privadas -como las petroleras Exxon Mobile y Chevron- Boudou se refirió al lema “un mundo nuevo con nuevas ideas”, utilizado por el G20 en la reunión de Cannes, Francia: “A ninguno se le escapa que éste es un mundo nuevo, lo que no estamos viendo es que aparezcan nuevas ideas. Al contrario, parece que las recetas son una y otra vez las mismas. Y cuando aparece un país o un grupo de países intentando nuevas ideas, lejos de fomentarlas o darles incentivos, se los trata de estigmatizar y demonizar, como en el caso de Argentina”. 

Sin embargo, el conflicto que genera mayor resquemor con los estadounidenses no es YPF, ni la supuesta traba a las inversiones, ni la deuda con el Club de París. La problemática más relevante es que Argentina haya decidido hacer caso omiso al dictamen del Ciadi, el organismo de resolución de disputas del Banco Mundial (BM) que se dedica a arbitrar controversias entre países y multinacionales, que daba la razón a dos “fondos buitres” y obligaba al país a pagar más de 300 millones de dólares a título de indemnización. 

El Ciadi fue creado en 1965 y aceptado como competente por Argentina en mayo de 1991 en plena gestión del "menemismo", mediante la firma de la llamada Convención Ciadi. El Congreso ratificó esa decisión en 1994, y ese mismo año la reforma constitucional les otorgó a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes. El argumento fue que de ese modo se atraía la inversión extranjera, relacionada, en gran medida, con el proceso de privatización. Las dos mayores economías de la región, Brasil y México, nunca han pertenecido al organismo. En la práctica, resultó ser una espada empuñada por multinacionales para condicionar a los Estados que reciben capitales foráneos.

En el Ciadi ya hay depositadas 49 demandas contra la Argentina, país que lidera el ranking seguida en la lista por México, con 18. De ese total, 28 demandas están pendientes de resolución, con 8 hubo acuerdo, 3 fueron a favor del Estado y 9 tuvieron saldo positivo para multinacionales. Argentina todavía no canceló ninguna sentencia. La posición nacional es que, para efectivizar el pago, primero deben agotarse las instancias judiciales nacionales, alegando que no reconocerá el pago de las sentencias sin un previo control de constitucionalidad por parte de los tribunales locales. Esa instancia es rechazada por las firmas extranjeras que desconocen así la soberanía local.

El proceso de la demanda en el Ciadi se caracteriza por su falta de transparencia. Mientras las leyes de cualquier país democrático son aprobadas por su Parlamento, las reglas de ese tribunal arbitral no son el resultado de ningún procedimiento legislativo. Más bien provienen de una estrategia, impulsada por asociaciones empresariales y de abogados, para privatizar la Justicia, al menos en lo relativo al derecho mercantil internacional. Definen que la vía del Ciadi sacrifica garantías en aras a la rapidez y eficacia. Por eso no hay posibilidad de apelación ante un órgano superior, lo que adquiere mayor trascendencia cuando una de las partes implicadas es un Estado, ya que supone una evidente merma de su soberanía. Es un arbitraje no recíproco, en el que sólo una de las partes -el inversor- reclama y sólo otra -el Estado- puede ser condenada por supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversión.

A pesar que los medios nacionales opositores se hacen eco de las amenazas provenientes de las empresas extranjeras que defienden su naturaleza de explotadores de recursos ajenos, en el intento de generar pánico y con augurios de una ola de denuncias y posibles castigos de entes internacionales que caerán inflexibles sobre Argentina, la institución que tanto temor le produce al monopolio mediático local no es más que una herramienta de presión que puede ser manejada: Bolivia, Ecuador y Venezuela huyeron de ese organismo de dudosa parcialidad y hasta ahora ninguno de sus dictámenes perjudicó a país alguno.

Según números del Instituto de Estudios Políticos de Washington, los países de América Latina, sólo un 10 por ciento de los 147 miembros del Ciadi, se encuentran entre los más demandados por compañías multinacionales y representan un 69 por ciento de los 135 litigios en curso ante la corte del BM. 

Algunos sectores del kirchnerismo han empezado a preguntarse hace años por la conveniencia de continuar afiliados al tribunal. Por su parte, ya es conocido el reclamo de la presidenta Cristina Fernández en los últimos foros mundiales, especialmente en el G20 de Londres, de "reglas claras para todos los países, tanto los desarrollados como los países en vías de dasarrollo". Lejos de ser ratas que menosprecian los valores de la democracia y de la ley, ya está vigente el planteo internacional de recuperar la idea de soberanía jurídica para que los conflictos con empresas privadas se resuelvan en la justicia local de cada país. 
 
Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=5533
APAS | Agencia Periodística de América del Sur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.


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