El Ciadi como arma de fuego: El chantaje de las inversiones - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2012-02-15

El Ciadi como arma de fuego: El chantaje de las inversiones

Carlos Alonso Bedoya
Clasificado en: Justicia, Tratados, Economia, Finanzas,
Disponible en:   Español       


Uno de los principales argumentos contra la revisión de contratos del Estado con la inversión extranjera, así sean lesivos para los intereses nacionales, es que nos puede caer una demanda multimillonaria en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
 
Casos como el de Telefónica, que debe más mil millones de soles en impuestos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y otros tantos millones al organismo regulador en multas no pagadas, y con el que está pendiente la renovación de su concesión para seguir operando en el país, son emblemáticos. La empresa española, estratégicamente, filtró a finales de octubre pasado en la prensa palaciega, que había presentado una denuncia en el Ciadi, lo que posteriormente fue aclarado pero después de haber conseguido su principal efecto: meterle miedo al gobierno nacionalista si es que condicionaban la renovación del contrato de Telefónica con el Estado, al pago de la deuda o a la mejora de las condiciones del servicio.
 
Y como este caso tenemos varios, siendo el más extremo el del proyecto Conga, que estaría en la misma danza si es que el gobierno decide hacer caso al pueblo de Cajamarca y declararlo inviable.
 
La pérdida de soberanía del Estado en su capacidad de negociación con la inversión extranjera es innegable, pero la mayor parte de los políticos y periodistas no se apresuran a decir que el Ciadi y mecanismos parecidos se entrometen en los intereses nacionales, como sí lo afirman respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando ésta recomienda realizar un juicio civil a los comandos Chavín de Huántar.
 
Otras salidas son posibles
 
Por ejemplo, no dejarse chantajear y preparar un equipo serio de juristas y expertos que asesoren al Gobierno frente a las diferencias con la inversión extranjera. Además de estudiar las posibilidades de salir de la competencia del Ciadi y entrar en un nuevo esquema de solución de controversias en un marco más bien regional, por ejemplo en el seno de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la reciente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
 
Y para quienes dicen que sin ese tipo de mecanismos la inversión no viene, basta citar el ejemplo de Brasil, que no está bajo la competencia del Ciadi y al mismo tiempo es el primer receptor de inversión extranjera directa de la región.
 
Ahora bien, no solo basta denunciar el convenio del Ciadi para salir de su competencia, puesto que hay una serie de instrumentos internacionales que remiten a éste y que son verdaderos candados a la hora de negociar con los inversionistas.
 
Los candados
 
Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI), y Convenios de Estabilidad Jurídica (CEJ) proliferan en el mundo con la finalidad de garantizar que los inversionistas trasnacionales no se vean perjudicados por decisiones soberanas de los Estados donde operan, así se trate de un acto de justicia.
 
El Perú ha suscrito muchos de ellos, y por eso está doblemente ligado con el Ciadi. Primero, por la competencia directa al haber ratificado el convenio Ciadi en el seno del Banco Mundial en 1991, entrando en vigor efectivamente en 1993. Segundo, porque los TLC y TBI que tiene el Perú con varios países de Europa, Norte América y Asia, y los CEJ firmados con determinados inversores, disponen que para el caso particular, las partes se someten a la competencia del Ciadi.
 
El caso Telefónica por ejemplo tiene que ver con el TBI que tenemos con España. Países como Ecuador y Bolivia, ya han empezado con la denuncia del Ciadi, de varios TBI y con la no renovación y suscripción de nuevos.
 
En algunos años, ellos estarán libres de la competencia del Ciadi y al igual que Brasil tendrán las manos libres para definir sus políticas públicas. Y nadie está diciendo que se trata de un perro muerto hacia los que traen dinero y están dispuestos a hacer negocios, sino que una controversia entre un Estado y un inversionista sea abordada integralmente, no solo teniendo al contrato como único referente, sino también a la violación de derechos sociales y ambientales, o un perjuicio económico al Estado por causas posteriores a la firma de un contrato, como puede ser el boom de los precios de los minerales.
 
El Ciadi
 
El Ciadi fue creado en 1965, y está vigente desde 1966 siempre en el seno del Banco Mundial, mediante un convenio del cual forman parte o se han adherido casi todos los países del mundo. En América, los únicos que no forman parte del Ciadi son Brasil, México, Surinam, Cuba y recientemente se han retirado, o mejor dicho denunciado el convenio del Ciadi, Ecuador y Bolivia, pero deben esperar algunos años para que queden fuera de su competencia, debido a las cláusulas de remanencia en los TBI. Por ello, estos dos países aún enfrentan demandas de arbitraje allí.
 
Es que a pesar de no ser signatario del convenio del Ciadi, si un país tiene un TBI, TLC o CEJ se adhiere indirectamente a la competencia del Ciadi. De todos los casos que se han conocido allí hasta la actualidad, el 63 por ciento han invocado TBI, y el 21 por ciento, CEJ Estado – inversor.          
 
La mayor parte de los casos se han resuelto a favor de las reclamaciones de los inversionistas. Según datos del propio Ciadi, hasta la fecha, el 44 por ciento de los resultados del proceso arbitral han derivado en laudos dando lugar total o parcialmente a las empresas demandantes. El 31 por ciento está compuesto por laudos que no han dado la razón a los inversionistas, el 22 por ciento por laudos que han declinado la jurisdicción del Ciadi, y el uno por ciento, laudos donde se decide que las reclamaciones carecen de mérito jurídico.
 
Los árbitros
 
Otro dato que llama poderosamente la atención es la nacionalidad de los árbitros. En su mayoría son norteamericanos, seguidos de franceses y británicos. Y por el lado contrario, los países del sur son los más demandados. Del total de los árbitros y conciliadores del Ciadi, el 47 por ciento son de Europa occidental, y el 23 por ciento de Norteamérica.
 
Y del total de casos en el Ciadi, el 30 por ciento pertenece a América del Sur, el 7 por ciento a América Central y El Caribe, el 22 por ciento a Europa Oriental y Asia Central, el 16 por ciento a África Subsahariana, el 10 por ciento a Medio Oriente y África, y el 9 por ciento a Asia del Sur y Oriental y el Pacífico. Solo el 5 por ciento a casos de Norteamérica donde la gran mayoría son contra México, y solo el 1 por ciento contra Europa occidental.
 
Esta información puede ser cotejada en el propio sitio web del Ciadi. Entonces, Europa y Estados Unidos son los países de origen de la mayor parte de las trasnacionales que utilizan el Ciadi, y al mismo tiempo son los países de origen de la mayor parte de los árbitros.
 
América del Sur en la mira
 
De todos los casos de arbitraje pendientes bajo el convenio del Ciadi, la mayoría están dirigidos contra países de América del Sur. Argentina (26), Bolivia (2), Chile (1), Ecuador (4), Perú (5), Uruguay (1) y Venezuela (17). No es casualidad que precisamente la región que tiene gobiernos que desean tener mayor margen de soberanía, sean al mismo tiempo los más demandados.
 
Las principales empresas que tienen demandas pendientes de arbitraje en el Ciadi contra países de América del Sur son, en Argentina: LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. And LG&E International, Sempra Energy International, El Paso Energy International Company, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, Mobil Exploration and Development Inc.; en Bolivia: Quiborax SA, Non-Metallic Minerals SA, Pan American Energy LLC; en Ecuador: Occidental Petroleum Corporation, Perenco Ecuador Limited, Burlington Resources Inc, Corporación Quiport SA; en Paraguay: Bureau Veritas Inspection Valuation Assessment, SGS Société Générale de Surveillance SA; en Perú: Convial Callao SA, Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía SAC, DP World Callao SRL, P&O Dover (Holding) Limited, and The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company; en Uruguay: Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland) y Philip Morris Products SA; en Venezuela: Mobil Corporation, Gold Reserve Inc, The Williams Companies e International Holdings BV. Lógicamente que la mayoría de los casos en cuestión, derivan del sector del petróleo, del gas y minero, es decir de las industrias extractivas y la riqueza de los recursos naturales.
 
Urge renegociar y revisar los TLC, TBI y CEJ vigentes y del mismo modo denunciar el convenio del Ciadi para pasar a resolver las controversias entre inversionistas extranjeros y los Estados en los sistemas jurídicos nacionales o crear una alternativa al Ciadi en la región.
 
Este artículo fue publicado originalmente en el suplemento Línea: “CIADI, el negocio del chantaje”, del diario La Primera. Ver http://www.latindadd.org/archivos/Linea_Ciadi.pdf
 


http://alainet.org/active/52797&lang=es




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