La política latinoamericana de EE.UU. a treinta años de la “Revolución Conservadora” - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2011-11-08

ALatina,EE.UU

La política latinoamericana de EE.UU. a treinta años de la “Revolución Conservadora”

Tamara Liberman
Clasificado en: Politica, Militar, Internacional,
Disponible en:   Español       


Es bien conocida la resonancia de un fenómeno político-ideológico que, a partir del establecimiento de la Administración de Ronald Reagan en Estados Unidos, en el año 1981, estremeció la tradición liberal asociada al desarrollo histórico de la sociedad norteamericana, quebrando el proyecto nacional en torno al cual se había estructurado desde los tiempos de la gran depresión.
 
Ese proyecto, como también se sabe, respondía al enfoque impulsado por el presidente Roosevelt, apoyado desde el punto de vista social en lo que se identificaría como la coalición del New Deal (aglutinando al movimiento negro, al partido demócrata, sindicatos, organizaciones femeninas y de latinos), y desde el punto de vista económico, en las concepciones keynesianas, que abren paso al papel del Estado en la vida productiva y comercial.
 
El proceso histórico reciente que conduce la política de Estados Unidos hasta hoy, es tanto el resultado como la prolongación de los acontecimientos que estructuran o conforman el acontecer de ese en aquél período, cuando lo que se conoce aún como la “revolución conservadora” establece un punto de inflexión o marca el inicio de una nueva etapa en la historia estadounidense contemporánea, cuyos efectos se extienden hasta la situación actual, treinta años más tarde. Tomando como eje la contracción del aparato estatal, el rechazo a las ideas de Keynes y el enfrentamiento al New Deal, nace entonces un nuevo proyecto nacional, sostenido por una base social diferente, que unifica a sectores empresariales y clasistas comprometidos con el complejo militar-industrial, el mundo corporativo transnacional y el gran capital financiero, cuya profunda orientación conservadora en el plano político irá acompañada de una propuesta económica neoliberal, a partir de lo cual se proclama el papel del mercado y se estimula la privatización. Se inicia, a la vez, como se recordará, una lucha ideológica contra toda manifestación liberal, de izquierda, cercana al cambio revolucionario o a la defensa del socialismo.
 
La “revolución conservadora” constituyó un profundo proceso de transformación en la sociedad estadounidense que  implicó mucho más que una reacción coyuntural ante lo que se consideraba entre finales de los años de 1970 y comienzos de los de 1980 como la debilidad e incapacidad del liberalismo y de los gobiernos demócratas para proteger los intereses de la nación[1]. De ahí que se considerara que los efectos de esa “revolución” iban a perdurar en el futuro y que incluso algunas de sus manifestaciones no iban a hacerse visibles sino hasta varias décadas después[2]. Justamente, la tendencia que se advierte durante 2011 apunta en esa dirección.
 
Han transcurrido tres decenios desde entonces, y por encima de reacomodos circunstanciales que han parecido dejar atrás, por momentos, los enfoques y las prácticas políticas de Estados Unidos y de su proyección latinoamericana, lo cierto es que sobresale una pauta de continuidad que se extiende hasta el actual gobierno de Barack Obama, el cual en el ya cercano mes de enero de 2012 comenzará su cuarto  --y quién sabe, si último—año, y con ello, el inicio de la nueva contienda presidencial
 
El presente análisis reflexiona sobre aquella coyuntura y examina, a la luz de hoy, la vigencia de aquél fenómeno, prestando atención a la política latinoamericana de Estados Unidos con la finalidad de contrastar perspectivas que, a pesar de las diferencias de contextos históricos y de afiliación partidista (republicana o demócrata) de las dos Administraciones mencionadas, expresan recurrencias que revelan la esencia o la lógica de un mismo sistema.
 
  1. La “revolución conservadora”
 
El decenio de 1980 comenzó marcado por la victoria electoral republicana, con el ascenso a la presidencia de un movimiento conservador que no tenía precedentes en la historia política norteamericana. Así, se inicia la doble Administración de Ronald Reagan, a la que se suma hacia finales de la etapa la de George H. Bush. La explicación de ese prolongado periodo que la mayoría de los autores denominaron como de "revolución conservadora" se halla en los esfuerzos que los sectores políticos hicieron para rescatar a la nación de lo que se concebía como una crisis hegemónica, resultante de los efectos cruzados de diversas crisis; la de legitimidad, vinculada a Watergate, la moral, asociada a la derrota en Vietnam, la de confianza, derivada de las repercusiones negativas de la crisis económica o recesión que conmocionó a todo el mundo capitalista desarrollado, las cuales tuvieron lugar en el decenio previo, de 1970.
 
Las características  de estos años generaron una enérgica protesta de los sectores que veían amenazados los postulados  morales de la sociedad norteamericana, una de las más importantes vinieron del movimiento neoconservador.
 
Este movimiento, aunque intelectualmente se remonta mucho más atrás, se torna políticamente más activo e influyente, y es asumido por los actores políticos, básicamente del Partido Republicano, para llenar el espacio que dejó la crisis.
 
Se trata de un contexto en el que surgen propuestas para el aumento de los gastos militares, dirigidas a revitalizar la política de defensa, basadas en las concepciones que afirman la necesidad de “proteger” la seguridad de la nación, dejándose atrás los enfoques que habían florecido unos años antes, bajo el gobierno de Richard Nixon, acompañado de  una política exterior como la del realismo político de Henry Kissinger[3], todo lo cual había llevado a la etapa conocida como de distensión internacional.
 
En ese marco, se forja un consenso que favorecía el desarrollo de la carrera armamentista, y la convicción de que el país debía promover una política exterior mucho más agresiva, así como recolocar el componente ideológico en ella. En todos los documentos de política exterior desde el fin de la Segunda guerra mundial, este siempre había estado presente, pero con la fase distensiva había perdido centralidad; con la Administración Reagan y el ascenso de los neoconservadores, se incrementa de una manera significativa.
 
Así, es que en torno a la justificación teórica basada en el fracaso del “New Deal”, en los últimos años de la década de 1970, se produjo en Estados Unidos una re-alineación práctica entre: los llamados conservadores tradicionales, ubicados históricamente dentro del Partido Republicano; los llamados “Liberales de la Guerra Fría”, después conocidos como los “Neoconservadores”; los llamados “Trilateralistas” o “Establishment  Internacionalista”, originalmente ubicado en el este; y los extremistas o radicales, hasta entonces marginados del poder y constituidos en lo que se hizo llamar  “Nueva Derecha”[4].
 
La coalición resultante encontró su plataforma política en la década de 1980 en el Partido Republicano, y su representatividad en la persona de Ronald Reagan, en el contexto de la campaña electoral presidencial. El objetivo real común en este período de inestabilidad económica era el de proponer soluciones que permitieran  garantizar los intereses del gran capital financiero como núcleo de la burguesía monopolista; el mismo se presentaba como interés de los círculos de negocios, con la conformidad de la población, o sea, como defensa de la libre empresa privada y de las libertades individuales burguesas, reconocidas en la Constitución y la Carta de Derechos, para lo cual resultaba indispensable un fuerte aparato de defensa y una política interna ajena a toda concesión político-social. Se consideraba que como acumulación de las políticas débiles e inconsecuentes  de los gobiernos demócratas de orientación liberal, los intereses de la nación habían sido descuidados, permitiéndose que el “mundo comunista” (oriental o del Este) se fortaleciera y pusiera a la defensiva al “mundo libre” (occidental o del Oeste).
 
En la base del acuerdo de la coalición de fuerzas conservadoras estaba ese criterio o convicción. Se hacía necesario restablecer el mito del capitalismo competitivo, reduciendo al mínimo la responsabilidad del gobierno federal en el “estado de bienestar o Welfare State” heredado desde los tiempos de Franklin Delano Roosevelt, al tiempo que, en el plano internacional, concordaban en la necesidad de restablecer el poderío estadounidense hasta un punto en que ninguna nación se atreviera a provocarlo y sobre todo, que revirtiese el balance de poder definido ante la Unión Soviética y el campo socialista a los años de la postguerra.
 
Ese auge de los grupos de orientación política fuertemente conservadora y su victoria electoral en 1980 se hizo posible gracias a la profundización de las crisis internas citadas, asociadas a la progresiva descomposición del sistema político estadounidense, y a los espacios que perdía Estados Unidos a nivel mundial. De hecho, el objetivo fundamental de la coalición apuntaba hacia la recuperación de la economía, el deterioro moral e ideológico interno y la   pérdida de prestigio internacional.
 
De manera muy ilustrativa, Raúl Benítez Manaut explica: “Hemos llamado inflexión histórica al año de 1980 porque no sólo en términos temporales finaliza una década y principia otra, sino porque significó para Estados Unidos el fin de un gran período (el Nuevo Trato), iniciado en los años de 1930, dándose cambios muy acelerados tanto en la política interna como en su relación con el mundo. El predominio de las grandes instituciones liberales (el partido demócrata, el poder judicial, los medios de comunicación y las universidades) entra en crisis, acompañando la contracción del Estado de Bienestar. El trilateralismo, que tanto Ford como Carter promovieron (con base en las concepciones elaboradas por sus principales cerebros, Kissinger y Brzezinski) y que de facto era el reconocimiento de la pérdida de la hegemonía absoluta en el mundo (transformándose en una hegemonía compartida con los principales centros de poder económico), buscaba que Europa y Japón siguieran reconociendo la tutela estadounidense en lo político y en lo militar a cambio de compartir las responsabilidades del devenir de los acontecimientos económicos”.
 
“La crisis del liberalismo --agrega--, la fuerza con que asciende el movimiento de la nueva derecha y la filosofía política neoconservadora son el basamento del gobierno electo de Ronald Reagan en 1980”[5].
 
Con ese telón de fondo, respecto a la política exterior, los conservadores volvieron a colocar la problemática de raíz geopolítica, Este-Oeste, basada en el viejo enfoque bipolar, en una situación protagónica, entendiendo que la contención del comunismo, como fue formulada claramente por la Administración Truman desde 1947, era la tarea central de Estados Unidos en el plano internacional, a la que debía subordinarse todo el accionar de la nación.[6] De ahí que algunos autores, que concebían que la guerra fría había finalizado al establecerse la etapa de distensión, hablan de una “segunda” o de “nueva” guerra fría, a los efectos de resaltar la fuerza y la centralidad del bipolarismo geopolítico que resurge con Reagan, en los años de 1980.
 
En este diseño, más allá de que renacía el conflicto a nivel global entre sistemas, capitalismo y socialismo, de que se revitalizaba la carrera armamentista, se prestaba gran atención al mundo subdesarrollado, al denominado Tercer Mundo y los escenarios de crisis regionales, donde Estados Unidos veía retada su capacidad hegemónica o de dominación, asumiendo esos espacios geográficos como zonas de disputa con la Unión Soviética.
 
A partir de aquí, los ideólogos y políticos vinculados a la Administración Reagan influyeron decisivamente, como se sabe, en la aplicación de políticas agresivas contra regiones como Centroamérica, el Caribe, el Medio Oriente y África. Por otra parte, participaron en la elaboración del Documento de Santa Fe[7] como programa que aseguraría la contención y reversión del comunismo en América Latina. También impulsaron diversos informes referidos a la política global, desde instituciones académicas sumamente conservadora, denominadas “tanques pensantes o think-tanks”, como el American Enterprise Institution, la Heritage Foundation, la Hoover Institution, la Rand Corporation, entre las principales.
 
Nuevamente se acelera en ese entorno la carrera armamentista. Así, en 1981, por ejemplo, Reagan aumentó el presupuesto militar en un 15%, llegando a constituir un 22 % del total del gasto federal. Se desarrollaron además múltiples programas como la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI) que consistía en un escudo contra misiles nucleares, el cual recibió el apodo de Guerra de las Galaxias. Esta orientación se mantendría y profundizaría durante todo ese decenio, a través de la doble Administración Reagan y de su sucesor, el gobierno de Bush (padre), incrementándose las partidas presupuestarias para la industria bélica (que en 1988 alcanzó el 27 % de los gastos totales), las bases militares estadounidenses en el extranjero y las acciones intervencionistas[8].
 
En términos internacionales atribuyeron los conflictos del Tercer Mundo a la expansión de la Unión Soviética. De ahí que la doctrina neoconservadora en política exterior retoma la línea de contención global del comunismo. Para hacerse efectiva, esta contención debe basarse en una recuperación del poderío norteamericano con base en el rearme acelerado, que permita la renegociación con la Unión Soviética desde posiciones de fuerza, al mismo tiempo que limite su influencia en el Tercer Mundo.[9] La modalidad que con Reagan se establece para lidiar con tales conflictos reconoce las limitaciones de la antigua contrainsurgencia, ensayada tanto para enfrentar las guerrillas en América Latina en la década de 1960, como en Vietnam, y se traduce en lo que se denominará guerra de baja intensidad, aplicada en los casos de Nicaragua y El Salvador durante la crisis centroamericana en los años de 1980. Adicionalmente, con Reagan se modela una visión latinoamericana que distingue tratamientos diferenciados hacia a) los casos “críticos”, como los citados; b) los aliados “leales”, como Chile y Jamaica, con gobiernos comprometidos con la política estadounidense; y c) las potencias “emergentes” o países con un desarrollo capitalista tal, como México o Argentina, que requerían atención especial por su significado para el esquema de dominación hemisférico.
 
En la década de 1980, Estados Unidos incorporó, a través de la política económica neoliberal que acompañaba a la “revolución conservadora”  enormes recursos financieros, entrelazados con la fuga de capitales, el intercambio desigual y  fraudulentas operaciones comerciales de las empresas trasnacionales en sus exportaciones e importaciones. La política estadounidense hacia América Latina y el Caribe se inspiró en esa época en visiones ya nombradas, como sugeridas por los Informes de Santa Fé I y II, y similares reportes de instituciones conservadoras, como la Heritage Foundation o el American Enterprise Institute, con recomendaciones acerca de cómo manejar la situación económica, política y de seguridad en el subcontinente.
 
En este período, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina estuvo estrechamente vinculada a su estrategia global, lo cual hizo que las relaciones interamericanas estuvieran marcadas por los esfuerzos de recuperación hegemónica en todos sus niveles (económico, político-diplomático y militar). Para la Administración Reagan, ante la percepción de que los acontecimientos en América Latina amenazaban esa hegemonía, las acciones emprendidas debían ser contundentes, con el fin de fijar lecciones ejemplarizantes. Es eso lo que explica el respaldo a Inglaterra en la guerra de las Malvinas; la invasión militar a Granada; el hostigamiento, asedio y destrucción de la economía nicaragüense a través de la contrarrevolución, equipada por el ejército estadounidense; el fortalecimiento del gobierno salvadoreño para evitar la llegada de las fuerzas insurgentes o revolucionarías al poder; la permanente agresión a Cuba; el esfuerzo por neutralizar los efectos de la deuda externa continental, evitando que la región en su conjunto negociara la misma, atacando y debilitando las posiciones que sostenían el no pago como forma de encarar el problema; el apoyo, hacia finales del decenio,  en el marco de la crisis de los gobiernos militares en el Cono Sur, a los procesos de democratización, procurando cooptarlos o limitar su posible radicalismo, a fin de prevenir que las fuerzas políticas que ascendieran al poder cuestionasen la hegemonía estadounidense.
 
En sentido general y resumido, Estados Unidos impulsa, reconoce,  apadrina, justifica o tolera la democratización a fin de moderar su intensidad o de evitar que los procesos se alejasen del patrón de dominación que trataba de mantener, tras apariencias de respeto a la democracia y la soberanía[10].
 
El cuadro descrito se extiende al decenio que sigue, en el cual el mantenimiento del partido republicano en la presidencia, como resultado de las elecciones de 1988, coloca a Bush (padre) en la Casa Blanca, con la experiencia de haberse desempeñado como vicepresidente durante la doble Administración Reagan. Sin embargo, ello no le permitió sortear con éxito, como se sabe, la difícil coyuntura de inicios del decenio de 1990, sobre todo en el terreno económico, ya que a pesar de recibir el beneficio de la invasión a Panamá y de la captura del general Noriega o de la guerra del Golfo Arábigo-Pérsico, como símbolos de su imagen de fuerza como presidente, no resultó reelecto en los comicios de 1992.
 
Durante la Administración de George H. W. Bush (padre), los neoconservadores continuaron jugando un papel importante dentro la toma de decisiones --durante su permanencia en la presidencia, entre enero de 1989, cuando toma posesión, y su salida de la Casa Blanca,  en enero de 1993--, pero ya sin el protagonismo de los inicios de la década de 1980. Comenzó así un período de relativo alejamiento del poder gubernamental por parte de esas fuerzas, lo que se acentuaría con la llegada a la presidencia del demócrata William Clinton, a partir de las elecciones realizadas en noviembre de 1992. Muchos autores consideran incluso que entonces el neoconservadurismo abandona la escena política en Estados Unidos, lo cual subestima la capacidad de esa corriente ideológica y en general, del conjunto de fuerzas conservadoras, que no desaparecen en los años de 1990, sino que en un contexto en el que pierden funcionalidad y que no les resulta favorable,  del plano manifiesto o visible pasan a otro, latente o sumergido, hasta que encuentran nuevas condiciones para su reactivación.
 
  1. Estados Unidos y América Latina en el siglo XXI
 
Durante la primera década del siglo XXI, la situación latinoamericana es un escenario dinámico y contradictorio, en el que se registran importantes cambios que, según considera la mayoría de los autores especializados en el estudio de esa región, configuran un nuevo mapa geopolítico y geoeconómico regional.
 
En contraste con el retroceso y estancamiento que se apreciaba en el decenio precedente --cuando luego del desplome del socialismo como sistema en Europa del Este y de la desintegración de la Unión Soviética,  se habla del “fin” de la guerra fría, en los años de 1990 y se observa una contracción bastante extendida de los movimientos de liberación nacional y de los procesos que confrontaban la dominación estadounidense o constituían opciones que retaban a gobiernos de derecha (con la notoria excepción del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México)--, al comenzar el nuevo siglo se afirman movimientos populares que trascienden las reformas y desatan agendas revolucionarias o al menos, que llevan una dirección de izquierda, aunque resultaran de comicios presidenciales y de las reglas de la democracia representativa. Como ejemplos, pueden citarse los de Venezuela, Bolivia, Ecuador. Al mismo tiempo, tienen lugar nuevos posicionamientos de fuerzas de derecha, que se establecen en determinados países. Como ilustración, están los casos de México, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, según el momento específico dentro del decenio, dados los cambios de gobierno en algunos de esos países.
 
Con la Administración de W. Bush, se comienzan a desplegar proyecciones que focalizan  primero el impulso al proyecto del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el enfrentamiento al conflicto colombiano y el control fronterizo y migratorio con México como temas que priorizan las cuestiones de seguridad nacional, si bien en corto tiempo se plantean otras prioridades, como la estructuración de los Tratados de Libre Comercio para determinadas regiones y el tratamiento de “retos regionales” particulares, como los casos de Colombia, Venezuela y Cuba.
 
Aunque los hechos del 11 de septiembre cambian la situación, la Administración Bush le concede una atención priorizada a América Latina al momento de establecerse, en enero de 2001 y durante los seis meses que siguen, a partir de los procesos y tendencias en curso en esa parte del continente, de su propio enfoque centrado en temas económicos e internos  y de sus imperativos hegemónicos. De ahí que entonces, como precisara Rafael Fernández de Castro, “América Latina ha sido la excepción a un principio errático de la política exterior del cuadragésimo tercer presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Mientras la falta de coherencia y los traspiés han caracterizado la postura de Bush y su equipo en relación con Europa, Asia y Medio Oriente, el presidente parece tener claridad respecto de América Latina, ya que ha expresado que, como vecina, es nuestra prioridad”.[11]
 
Pero a partir de los atentados terroristas, esa proyección se frustra. Para un latinoamericanista como Abraham Lowenthal, en la década que comienza en 2001, la temática  latinoamericana pierde protagonismo en el enfoque estadounidense. Según este criterio, se pierde de vista el necesario contraste entre el discurso (la retórica política) y el decurso (la política real), lo cual requiere de una descodificación analítica, de una lectura problematizadora, de un esclarecimiento crítico. “En comparación con lo que ocurría hace treinta años, o durante la mayor parte del siglo pasado --señala--, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica está bastante menos basada en la geopolítica y la seguridad nacional, y también mucho menos en la ideología. La competencia bipolar que involucró a Estados Unidos en la década de 1960 y 1970 proveyó una amplia base regional para elaborar políticas. Hoy, en cambio, las agendas son mucho más específicas y locales. Las preocupaciones contemporáneas de Estados Unidos en relación con América Latina se refieren básicamente a cuestiones prácticas de comercio, finanzas, energía y otros recursos, así como al manejo de problemas compartidos que no pueden ser resueltos individualmente por cada país: el combate contra el terrorismo, la lucha contra el tráfico de drogas y armas, la protección de la salud pública y el ambiente, la estabilidad energética y el control migratorio. Habitualmente estas cuestiones se plantean y se enfrentan en contextos bilaterales específicos”[12].
 
Reconociendo la objetividad contenida en una parte de tales aseveraciones, sin embargo, se evidencia absolutización e insuficiente matización. La geopolítica está implantada en la trayectoria histórica del pensamiento político estadounidense y en la legitimación doctrinal de la política exterior, lo cual es muy visible en la proyección hacia América Latina. En ese enfoque, más allá de las redefiniciones o reajustes, la “seguridad nacional” sigue siendo una constante, y el factor ideológico se mantiene como decisivo.
 
En este sentido, el análisis debe encuadrarse bajo una mirada más abarcadora y realista, reconociendo la influencia mutua entre Estados Unidos y la región en su totalidad, pero recordando sobre todo que los intereses y la presencia tradicional norteamericana en la región constituyen elementos condicionantes e incluso modificantes de ese entorno. Y es que  los retos que en términos políticos y militares se ha planteado la administración norteamericana del presidente W. Bush después del 11 de septiembre de 2001, en el sentido de extender la guerra contra el terrorismo contra cualquier  rincón del mundo y a partir de una estrategia de ataques preventivos ha tenido un impacto directo en la concepción tradicional de la presencia militar en el extranjero. Se trata de la necesidad de encontrar los mecanismos necesarios para poder actuar de manera adelantada en lugar de desarrollar una estrategia reactiva. La Administración Bush se concentra en crear una red a distancia, con bases operacionales avanzadas, de bajo costo, que normalmente tengan pequeñas unidades de apoyo y aseguramiento, de manera que aseguren los despliegues de las unidades de combate cuando se requiera. Esta tendencia contribuye a que el concepto tradicional de base militar se vaya transformando y, a la vez que las grandes bases desaparecen o se transforman, la presencia militar norteamericana en el exterior se incrementa. No es ocioso resaltar que las funciones tradicionales que han cumplido las fuerzas armadas norteamericanas se han expandido, en la misma medida en que lo han hecho los intereses de dominación imperial”..
 
En efecto, el hecho de que se hayan modificado conceptos y prácticas tradicionales en lo que compete a los factores militares, dentro del nuevo contexto y de los condicionamientos de la coyuntura regional, hemisférica e internacional, no puede asumirse de modo mecánico en términos de descenso de su papel en la estrategia estadounidense.
 
Como ilustración de esto último, por ejemplo, Claudio Fuentes y David Alvarez resumían la prioridad que le otorga el enfoque norteamericano al aspecto militar en América Latina: “Con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el terrorismo se transformó en una de las principales preocupaciones del gobierno norteamericano y, por extensión, en una fuente de vulnerabilidad para la región. Aunque América Latina, en comparación con otras regiones, presenta una baja incidencia de actividad terrorista, Estados Unidos ha puesto especial énfasis en la prevención de este tipo de actividades a través de la ayuda militar. Como reflejo de una preocupación de nuestros países por controlar las actividades terroristas, los Estados han suscrito una serie de medidas destinadas principalmente a fortalecer la cooperación y a evitar que la región se convierta en un refugio para la actividad subversiva”[13].
 
Estas puntualizaciones se integran en la mirada global que Estados Unidos dirige hacia adentro y hacia fuera del país a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, y como uno de sus rasgos principales se destaca lo que significan para la continuidad y perfeccionamiento de las concepciones que, sin la organicidad requerida, venían ganando presencia desde el anterior decenio, como parte de un esfuerzo por rearticular la racionalidad y los pretextos que sostenían la política exterior y, sobre todo, las consideraciones acerca de la “seguridad nacional”. Como se sabe, los atentados terroristas de aquél día le proporcionaron al presidente, a su imagen, y plataforma ideológica el respaldo y justificación que buscaban. El 20 de septiembre de 2002, W. Bush presenta la misión, la visión, los objetivos y la estrategia que servirían de guía a la política norteamericana (exterior, militar, de seguridad) en lo que se alcanzaba a visualizar del siglo XXI. El elemento que le aportaba o imprimía organicidad, unidad, coherencia, era lo que se llamó guerra preventiva --en rigor,  prolongada o indefinida-- contra el terrorismo, de alcance global.
 
La manera en que esas proyecciones generales tomaban cuerpo para el caso de América Latina las expone así otro especialista, como Roberto Russell, a mediados de la década: “uno de los ejes de la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina es la seguridad. Ya durante el gobierno de Bill Clinton, Washington estableció bases denominadas localizaciones de seguridad cooperativa en Comalapa  (El Salvador), Manta (Ecuador), Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curacao). Estas bases se agregaron a las de Guantánamo (Cuba), Fort Buchanan y Roosevelt Roads (Puerto Rico) y Soto Cano (Honduras). Por otra parte, el Comando Sur maneja una red de 17 guarniciones terrestres de radares: tres fijos en Perú, cuatro fijos en Colombia, y el resto móviles y secretos en países andinos y del Caribe. Asimismo, la situación de Colombia y los atentados del 11 de septiembre han influido para que la asistencia económica y militar de Estados Unidos a la región se distribuya hoy en partes iguales, cuando a fines de los 90 la primera era más del doble que la segunda. América Latina es --excluyendo a Iraq—la principal receptora de capacitación militar estadounidense en el mundo. El Plan Colombia seguirá recibiendo importantes fondos del Tesoro estadounidense, ya que se ha previsto asignarle 724 millones de dólares en 2007, una cifra similar a la de 2006.”[14].
 
Los datos son elocuentes, y aunque un tiempo después se producen cambios, como el desmontaje de la base de Manta, en Ecuador, el análisis mantiene su vigencia, en la medida que lo que ocurre a partir de 2009 es un desplazamiento ampliado hacia Colombia. La política de Estados Unidos hacia América Latina contiene en este período mucho más de continuidad que de cambio. Por supuesto, no es idéntica a la de etapas precedentes. Pero a través de un escrutinio que se apoye en la interpretación histórica es posible discernir algunas claves analíticas  y ciertas pautas, que revelan la permanencia, el reacomodo, la reedición, de viejos enfoques, conceptos, instrumentos, en una nueva combinación que lejos de disminuir la atención por la “seguridad nacional”, redefine la “necesidad de su protección” bajo las nuevas coordenadas del siglo XXI, en la pretendida (y fracasada) era del ALCA --en la que, eso sí, la resistencia se acrecienta--, a la luz de una geopolítica renovada, que la hace, posiblemente, tan preocupante como la que dio lugar al monroísmo, al panamericanismo, la Alianza para el Progreso, los planes de Santa Fe.
 
En opinión de Jorge I. Domínguez, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se han caracterizado durante el primer decenio del siglo XXI por una combinación de rasgos ideológicos y pragmáticos. Los casos de las relaciones contemporáneas entre dicho país  y Venezuela --señala--, y del gobierno de Bush y el de Cuba, sirven para ilustrar que hasta las diferencias ideológicas más profundas pueden obviarse con estrategias pragmáticas de beneficio mutuo. “Las relaciones contemporáneas entre los Estados Unidos y América Latina reflejan la presencia simultánea de rasgos pragmáticos, ideológicos y dogmáticos en ambas partes. Los compromisos ideológicos compartidos en pro de la defensa y la promoción de la democracia -- inventos loables que nacen a comienzos de los noventa -- merecen que se les siga apoyando. Los dogmatismos persistentes o recurrentes siguen impidiendo la resolución de conflictos. El pragmatismo ayuda como instrumento útil, no como fin en sí mismo sino como un medio para lograr los fines que compartimos. Los grandes fines --añade-- deben ser la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad”.[15] Cabría agregar que estos valores no son, como supone Domínguez, universales. Lo que para los intereses reales de los Estados Unidos puede traducirse en esos eufemismos (sin mencionarse, en cambio, las apetencias expansionistas, neocolonialistas y hegemonistas), no  es sinónimo en América Latina de desarrollo, paz,  integridad territorial y autodeterminación.
 
Por su parte,  para Peter Hakim, en un trabajo escrito antes de las elecciones de 2008, en la perspectiva de la política que Estados Unidos debiera seguir luego de tales comicios, “América Latina no será una prioridad de política exterior para el próximo presidente de los Estados Unidos. No será un frente central en la guerra contra el terrorismo. Más allá del añejo conflicto en Colombia, Latinoamérica es una región en paz, en su mayor parte libre de combates armados dentro o entre sus países. Tampoco se espera que América Latina ofrezca las grandes oportunidades económicas de países con rápido crecimiento, como China e India. El tráfico de drogas y la migración indocumentada son temas importantes, pero son problemas viejos y contenciosos que, en gran medida, han alejado a Estados Unidos de la región. El reto para el nuevo gobierno será encontrar la manera de conducir una política constructiva y de cooperación hacia Latinoamérica, aunque la región siga siendo una prioridad relativamente menor, y la influencia de Estados Unidos en la región sea débil”. (…) “No se puede esperar que el próximo presidente avance en todos estos frentes políticos de manera simultánea, pero debe sentar el tono y la dirección correctos, y avanzar en temas centrales de estilo y sustancia. Unas cuantas líneas sobre América Latina en su discurso de toma de posesión serían un buen inicio. El presidente puede sugerir que los Estados Unidos están listos para unirse a los países latinoamericanos en un esfuerzo común para afrontar sus problemas, y que Washington necesita su opinión y su ayuda para encarar los retos hemisféricos e internacionales. Puede, incluso, resaltar la importancia de restaurar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones interamericanas y recalcar la importancia que tiene el éxito económico y político de América Latina para los intereses estadounidenses serán el momento adecuado para comenzar a revigorizar la cooperación regional y restaurar la confianza en las instituciones multilaterales del hemisferio”.[16]
 
En resumen, se reiteran las fórmulas que, no por primera vez, definen la política latinoamericana de Estados Unidos en términos de un “nuevo diálogo” o una “relación especial”, como se propuso en el Informe Rockefeller, o a favor de un “cambio de enfoque”, como recomendaban los Informes Linowitz. Sin embargo, este aliento “constructivo”, comprometido con enfoques liberales interesados en el cambio, no encuentra una contrapartida consecuente en la Administración Obama, cuya ejecutoria de aleja cada vez más de las promesas que formuló y de las expectativas que se despertaron. Parecería que las ideas de Hakim nutrían su posición latinoamericana, pero en los hechos, su período gubernamental durante los tres primeros años parece descansar en una plataforma que no rompe con el legado de W. Bush ni ofrece alternativas de ruptura con las propuestas conservadoras.
 
A los efectos de puntualizar, podría sintetizarse que la situación de América Latina ha estado determinada en el período por diversos procesos, fuertemente interrelacionados, que colocan  retos objetivos ante Estados Unidos, que reclaman un enfoque conservador:

- La reforma y restructuración del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano basada, en el empleo de medios y métodos de carácter transnacional para ampliar y profundizar la explotación neocolonial de América Latina.

- La agudización de la crisis económica, social y política provocada por la concentración transnacional de la riqueza y el poder, que inhabilita al Estado latinoamericano para cumplir las funciones que históricamente le habían correspondido como eslabones de la cadena del sistema de dominación: garantizar la satisfacción de los intereses de la metrópoli neocolonial; redistribuir cuotas de poder entre sectores de las élites criollas; y cooptar a los grupos sociales subordinados.
 
- La organización y combatividad que alcanzan los movimientossociales en lucha contra el neoliberalismo.

- La reestructuración organizativa, la redefinición de alianzas y la reformulación de objetivos, estrategias y tácticas de los partidos y movimientos políticos de izquierda, para sobrevivir y adaptarse a las nuevas condiciones en las que se desarrolla la lucha popular.
 
En el contexto que se ha analizado, puede afirmarse que las consideraciones que llevaron a situar a América Latina dentro del diseño de la argumentación del terrorismo como nueva “amenaza” a  la seguridad, luego del 11 de septiembre, no respondería, en realidad, a un peligro para  Estados Unidos. Obedecía a una construcción o manipulación de las inquietudes por la preservación hegemónica (ante situaciones convulsas y procesos que le resultan inquietantes, por diversas razones, como los de Colombia, Venezuela, Bolivia).
 
Apenas unos días después de los atentados, el gobierno norteamericano había obtenido apoyo de la OEA y de los Estados signatarios del TIAR a la “cruzada contra el terrorismo” iniciada con el bombardeo y ocupación militar de Afganistán. En el año 2002, la OEA aprobaría la convención interamericana contra el terrorismo, impulsada por el entonces secretario de Estado estadounidense, Colin Powell.
 
Ese respaldo hemisférico comenzó a resquebrajarse, como se recordará, en los dos meses previos a la unilateral ocupación militar de Irak (marzo de 2003), acción  que encontró el rechazo de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, incluidos los de países que mantenían una estrecha relación con Estados Unidos, como Chile y México.
 
Teniendo en cuenta el contexto internacional en el que se encontraba inmerso Estados Unidos, considerando los problemas a partir de la complejidad de la situación político-militar en el Medio Oriente, la Administración Bush no le dedicaría una atención prioritaria a la región. Las referencias a su significación, para Estados Unidos, aparecieron de forma reducida, primero, al explicitarse el impulso al ALCA y el enfrentamiento al conflicto en Colombia como prioridades, si bien en corto tiempo, después, ante el visible fracaso del ALCA, se replantearon y aparecieron otras prioridades, como la estructuración de los tratados de libre comercio para determinadas regiones y el tratamiento de “retos regionales” particulares: Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, así como los de otros países en los que estaban emergiendo líderes cuyas posturas ya no eran incondicionales al gobierno norteamericano.
 
En cierto modo, los conceptos de la Administración de W. Bush evocaban los que auspició la Administración Reagan en la década de 1980 --según se veía en el anterior capítulo--, cuando hablaba de la “frontera sur” y la “tercera frontera”. El conocido discurso de Reagan del 27 de abril de 1983, respecto de la crisis centroamericana, tiene puntos de contacto claros, por ejemplo, con el discurso de Bush del 23 de enero de 2007, donde analizó la guerra de Irak, en lo que se refiere al enfoque de la “seguridad nacional”.
 
Por otro lado, las profundas crisis económicas (consecuencias de la aplicación de reformas de corte neoliberal adoptadas durante la década de 1990 por los gobiernos de la región- que se desataron a fines de 1990 y principios del año 2000), condujeron a la preparación de bases que abrieron de alguna manera camino a la construcción de alternativas que cambiarían la balanza de fuerzas dentro de los países de América Latina en un sentido, que hizo prácticamente imposible a Washington continuar con la ideología y política económica de la década de 1990.
 
Expresión de esas alternativas fue el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías, en las elecciones presidenciales de 1998,  abriendo paso a un proyecto alternativo al modelo neoliberal, impuesto y adoptado por los gobiernos de la región, que se radicaliza luego de la intentona golpista, entre 2002 y 2005. Así proseguirían los triunfos de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador  y de Daniel Ortega en Nicaragua. Este escenario de cambios era favorecido también por la coyuntura política por la que estaba atravesando el cono sur: la emergencia de gobiernos de corte progresista –aunque no necesariamente conllevasen procesos de cambio- de Néstor Kirchner en Argentina, seguido por el de su esposa Cristina Fernández; la victoria electoral de Tabaré Vázquez en Uruguay;  así como la de Michelle Bachelet en Chile. En su conjunto, se trataba de procesos que de una u otra manera,  durante la primera mitad de la primera década del siglo XXI, desafiaban la hegemonía hemisférica de Estados Unidos, unos con mayor grado de definición y radicalismo que otros.
 
Estas alternativas no estarían exentas de contradicciones. Las reformas sociales que comenzaron a impulsar aquellos gobiernos  cuyos procesos se mostraban más radicales, provocaron una agudización de luchas sociales y de clases. Además, estos cambios eran potencialmente contradictorios con los intereses hegemónicos estadounidenses, en la medida en que se veían afectadas las empresas transnacionales estadounidenses.
 
Así, por ejemplo, los fallidos intentos de la oposición, estimulada desde Estados Unidos, por derrumbar al gobierno bolivariano en Venezuela  con el golpe de Estado de abril de 2002 y el golpe petrolero de finales de ese mismo año, reflejaban las luchas sociales y de clases mencionadas. Estos episodios condujeron, siguiendo con el ejemplo venezolano,  al referendo revocatorio de agosto de 2004 –en donde los resultados fueron validados por el ex presidente de Estados Unidos, James Carter y por el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria-, el cual reafirmó la legitimidad del presidente. Este triunfo propiciaba las condiciones para la conformación del proyecto de integración alternativo enunciado por Chávez. A través de la creación del ALBA comenzaba a materializarse dicho proyecto, el cual priorizaba la cooperación con respecto a las políticas sociales, y era alternativo a los proyectos de integración neoliberal y dependiente  impulsados por sucesivos gobiernos estadounidenses. El acuerdo para su aplicación fue firmado -junto al tratado de comercio de los pueblos- por los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales y Fidel Castro en la ciudad de la Habana en abril de 2006. El ALBA favorecía la influencia del gobierno bolivariano en la región, hecho que entraba en contradicción con los intereses de Washington.
 
Es decir, de modo resumido, el escenario latinoamericano adquiría creciente complejidad en el transcurso del primer decenio del siglo XXI, y obligaba a la política norteamericana a replantarse sus enfoques y métodos hacia la región como un todo, sin desistir de los tratamientos bilaterales.
 
Los elementos hasta aquí planteados han tenido sólo la finalidad de ilustrar el desarrollo de algunos de los principales procesos que han tenido lugar en América Latina entre los años que transcurren de 2001 a 2010, constituyendo focos de problemas o de conflictos para la política de Estados Unidos. Sobre esa base, es posible discernir que, cuando ese país decide, pongamos por caso, relegar la centralidad del ALCA como pieza fundamental en su estrategia de dominación en el siglo XXI, y aplica las variantes basadas en la promoción de los tratados de libre comercio a escalas mucho más pequeñas, como adecuaciones regionalizadas (piénsese en el TLC para Centroamérica y República Dominicana), está haciendo reajustes en su proyección hacia América Latina, o, dicho de otro modo, introduciendo cambios en sus pautas de continuidad. 
 
Las relaciones Estados Unidos-América Latina en el siglo XXI muestran una indudable continuidad con patrones y codificaciones de la era de la guerra fría, en lo concerniente sobre todo a temas como el de la seguridad nacional, la visión del enemigo externo y el compromiso interamericano, pero tienen diferencias importantes en cuanto a contenido y tono. La flexibilidad con que en la práctica, por ejemplo, se enfrenta el proceso revolucionario en Venezuela en el primer decenio del siglo XXI es totalmente distinta al modo con que se lidió con la crisis centroamericana en los años de 1980, con Panamá al final de ese periodo, con Haití o Cuba en el decenio de 1990.
 
En medio de tales contrastes es que transcurre en la primera década del siglo XXI la política norteamericana hacia América Latina. Como se señalaba en la Introducción, los Estados Unidos conjugan en su política la defensa de sus intereses estables, la consecución de sus objetivos permanentes, el logro de sus prioridades, las cuales se definen y redefinen en unas u otras etapas, a la luz de las condiciones imperantes dentro y fuera de sus propias fronteras, y de los contextos imperantes a nivel mundial y sobre todo, hemisférico. Temas como el de la integración, han perdido peso, cuando se le compara con el énfasis que tuvo en los años de 1990. Cuestiones como la de la seguridad nacional han retornado a un enfoque más basado en la perspectiva estratégico-militar que en el que se impuso en ese mismo decenio, según el cual la seguridad se había convertido en un fenómeno tan multidimensional que tenía que ver con todo: seguridad ciudadana, humana, ecológica, alimentaria, etc.
 
Bajo esa óptica, la política latinoamericana de  Estados Unidos tuvo elementos de continuidad desde 2001 hasta 2008, con respecto a la aplicada en los años  de 1980, pero también con relación a fórmulas utilizadas en la década de 1990, lo cual refleja, cuando se mira las relaciones de Estados Unidos con América Latina en la perspectiva histórica, que tienden a sobresalir  los cambios sólo en la medida que satisfacen exigencias circunstanciales, referidas a las mejores maneras de garantizar la hegemonía norteamericana en nuestro  hemisferio. Como otras veces, la continuidad ha tenido que ver más con los fines, en tanto que los cambios, con los medios para alcanzar aquellos.
 
3.     La Administración Obama y sus proyecciones hacia América Latina
 
Adicionalmente, las realidades que enfrenta América Latina bajo la Administración demócrata de  Obama  se define dentro de un marco en el que predomina más  la continuidad  que el cambio, bajo condiciones en las que, durante los tres años de lo que será su primer o su único mandato, se refuerza el carácter demagógico de su discurso, en la medida en que la retórica y la promesa no se corresponden con la implementación de la política real que aplica.
 
A pesar de que en la V Cumbre de las Américas, realizada en Trinidad-Tobago en abril de 2009 habló de partir de “un nuevo comienzo” en las relaciones con América Latina, de dejar atrás el pasado de agresiones, aprehensiones, prejuicios, excesos, y de que explicó que la política estadounidense durante su mandato estaría presidida por los objetivos de recuperar la confianza, restablecer el liderazgo y elevar la influencia del vecino del Norte en los países latinoamericanos, sobre bases de respeto a la soberanía y de intereses compartidos, como se sabe, la proyección real no respondió a esa retórica. Apenas pocos meses después, se orquestó el golpe de Estado en Honduras y la ampliación del sistema de bases militares en Colombia, se profundizó la Iniciativa Mérida, incrementando la presencia de efectivos militares en México y extendiendo la misma a través del itsmo centroamericano, bajo el pretexto de enfrentar el narcotráfico.
 
Las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Unidos han sido el proceso de mayor trascendencia para la sociedad norteamericana y para el contexto internacional y latinoamericano, entre los acontecimientos políticos que definen la terminación del primer decenio del siglo XXI. De una parte, simbolizaban la posibilidad de un cambio sustancial en la vida de la nación estadounidense, dada la influencia del proyecto conservador, iniciado con la doble Administración Reagan, continuado por el gobierno de George Bush (padre), y aún proseguido, de modo no lineal ni tan visible bajo los dos períodos de gobierno de William Clinton. De otra parte, el proceso electoral de 2008 expresaba la potencialidad de que se abrieran paso opciones novedosas, contrastantes con la histórica tradición política y sociocultural en ese país, en la medida en que se afianzaba la presencia y resonancia de un candidato negro a la presidencia, como era el caso de Barack Obama.
 
Una vez establecida la Administración presidida por este último, desde  2009 hasta 2011, se aprecia que la gestión de Obama en sus tres primeros años no ha significado, como se esperaba por parte de la mayoría de los análisis, una desaparición o contracción decisiva del conservadurismo. En este sentido, la pérdida de fuerza y de espacios por parte de la corriente neoconservadora no significa un abandono de la escena política. De hecho, algunas figuras relevantes de aquella Administración mantienen presencia e influencia (el mejor ejemplo sería el de Robert Gates, quien permaneció un tiempo no tan breve como Secretario de Defensa, reflejando la importancia que Obama le atribuía al tema de seguridad nacional). Al mismo tiempo se ha observado una permanencia en determinadas publicaciones e instituciones académicas de sus ideólogos más importantes, como la revista Commentary y el American Enterprise Institute. Por esa vía, con Obama se ha alimentado la idea –con un lenguaje más suave y atemperado-- de que se necesita un gobierno vigoroso y se ha legitimado el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, incluida la militar, con gran atención al tema de la defensa de la seguridad nacional.
 
Como telón de fondo, el período que se inicia en la sociedad estadounidense a partir del último proceso de elecciones presidenciales es sumamente complejo y contradictorio. Por un lado, se abre paso un gobierno basado en promesas de cambio, lidereado por un hombre de piel negra, por encima de prejuicios y del tradicional racismo, cuyo lenguaje deja atrás estridencias y aparenta un nuevo rumbo, lo cual propicia que inclusive se le otorgue el Premio Nobel de la Paz[17]. Por otro, se mantienen una política exterior belicista, que sigue apelando al enfoque de seguridad nacional, si bien bajo nuevos matices, en medio de un contexto en el que no llega a consolidarse, al menos aún, una orientación liberal como se esperaba por muchos. En cambio, se observa que persisten diversas concepciones, como la del neoconservadurismo, las de la llamada “nueva derecha” y la derecha tradicional, las que atacan la figura de Obama, señalando que viola la Constitución y descalificándole a partir de su condición etno-racial, de su posición política, que asocian al liberalismo y al antinorteamericanismo. Estas reacciones se expresan tanto a nivel de algunas instituciones académicas identificadas como “tanques pensantes”, al estilo de la Heritage Foundation, como de  movimientos sociopolíticos, cual sería el caso del llamado Tea Party, o de la agrupación Birthers, de signo populista, esgrimiendo criterios nativistas, racistas y xenófobos.[18] Una conocida organización cuya voz se había silenciado en los últimos años, como la fanática John Birch Society, reaparece en la vida social norteamericana. Junto a todo ello, permanecen las manifestaciones del fundamentalismo protestante, asociadas a la conocida “derecha religiosa”[19].
 
Las acciones de Obama, como la reforma sanitaria, se han llevado a cabo en medio de notorias contradicciones políticas internas, sobre todo al prevalecer el partido republicano en la Cámara de Representantes, lo cual limita las posibilidades del gobierno demócrata, en tanto que otras promesas, como las de la reforma migratoria y energética fueron pospuestas. La gravedad de la situación económica del país ha constituido, sin embargo, el mayor obstáculo para el desempeño del presidente, en la medida en que recibe constantes críticas y se acrecienta el descontento y la impopularidad de su figura. A ello se suma el cuestionamiento que lleva consigo su política exterior, al mantenerse los elevadísimos incrementos del presupuesto de defensa y las guerras en el Medio Oriente y Asia Central. 
 
El triunfo electoral de Obama en 2008 conllevaba, para América Latina, un valor agregado, en la medida en que estaba en juego la continuidad de una política exterior con un enfoque globalista, de raíz geopolítica, que encuadraba las situaciones mundiales en el marco de la supuesta lucha contra el terrorismo. Y que priorizaba los intereses de la llamada seguridad nacional, con implicaciones para el tratamiento de las relaciones con los países del subcontinente, y fundamentalmente, para la evolución de determinados conflictos, estimulando tensiones y enfrentamientos[20]. Previo a las elecciones de noviembre de 2008, la construcción del muro en la extensa frontera con México, la persistencia en el Plan Colombia, la hostilidad hacia Venezuela y Bolivia,  junto a la prolongada política de guerra fría mantenida hacia Cuba (y hasta profundizada con determinados actos), eran ejemplos ilustrativos, que se enriquecen luego a lo largo de los dos primeros años de la Administración Obama, con la ampliación del sistema de bases militares en Colombia, el respaldo real al golpe de Estado en Honduras, la inclusión de Cuba en otra “lista negra” y  la presencia militar en Haití, a raíz del reciente desastre, entre otros hechos.
 
En la etapa final de la primera década del siglo XXI, las extendidas condiciones de crisis económica y financiera, así como otras dificultades socioeconómicas y políticas (aumento casi incontrolable del desempleo, expresiones de descontento social) se han convertido en obstáculos significativos para el avance de una política esencialmente distinta a la de su predecesor.
  
Ello podría explicarse, en parte, por una combinación de tres grupos de factores principales, que conllevan una redefinición geopolítica global.  En primer lugar cabría señalar el legado de Bush, en sentido general.  La Administración de W. Bush dejó en marcha muchos proyectos vinculados a su estrategia de seguridad hacia la región -- guerra anti terrorista aplicada a los “retos regionales” del narcotráfico-- que serviría como  argumento para extender la presencia militar y las bases militares, y a los que la  Administración de Obama  ha dado continuidad, en muchos casos profundizándolos.  En segundo lugar, las prioridades políticas expresadas: en el plano interno centrada en la problemática económica y los impactos de la crisis y en el plano externo, en la problemática geopolítica, como la impuesta por  la guerra en Afganistán e Irak, la proliferación nuclear (Corea del Norte e Irán) y las negociaciones con grandes potencias como China y Rusia (reducción de armamento nuclear). Por último, la modificación en la correlación de fuerzas regionales en un contexto internacional con tendencia al multilateralismo que, aunque presenta vaivenes en su inclinación progresista, anti neoliberal o de izquierda según el caso,  sigue reflejando retos a su hegemonía mediante la coordinación de políticas y acciones de un grupo de países más progresistas que en distinto grado se oponen a los propósitos de restablecer su sistema de dominación. 
 
Y es que la política exterior norteamericana, por su esencia imperialista y en función de sus intereses geopolíticos transnacionales, tiene objetivos permanentes en defensa de su particular y extendido entendimiento de la “seguridad nacional”.  La diferencia entre un período y otro por la presencia de uno de los dos partidos dominantes en el gobierno está marcada por la forma de lograr esos objetivos, las distintas prioridades y los instrumentos privilegiados para conquistarlos en un determinado contexto histórico de la correlación de fuerzas internas y externas. Es decir, se trata de diferentes estilos, formas y modos de la política en general y la política exterior en particular que privilegian el empleo de distintos instrumentos o el modo de combinarlos para defender los valores e intereses económicos y políticos imperialistas.
 
La anterior afirmación no niega que la política exterior de Estados Unidos sea estática o pueda ser entendida como “un actor racional unificado”.  Distintas corrientes políticas de la clase dominante con tendencias más conservadoras y expresiones más liberales se enfrentan para lograr un máximo impacto en la definición y accionar de lo que podría denominarse el vector resultante en su proyección externa. 
 
En el plano específico de las proyecciones hacia América Latina, expuestas cada vez más a influencias tanto de actores extra-regionales --sea la Unión Europea, China, Rusia o Irán-- como de las potencias medias regionales como Brasil y en menor grado la República Bolivariana de Venezuela, o agrupaciones como la Asociación Bolivariana para las Américas, (ALBA), se manifiesta un proceso de confrontación entre las fuerzas hegemónicas del imperialismo norteamericano y las que se enfrentan a éstas de manera directa o indirecta.  A los cambios en el escenario latinoamericano y en la correlación internacional de fuerzas se suma el proceso de declinación de la hegemonía estadounidense con notables expresiones actuales sobre todo en la esfera socioeconómica a partir de la crisis iniciada aún con W. Bush, en el año 2007, pero con repercusiones en todos los ámbitos de la vida social y política de ese país.
 
Es decir, el objetivo permanente de la proyección externa del imperialismo norteamericano es proteger las condiciones para el funcionamiento de su sistema de dominación hemisférico, que supone la reproducción económica y política de las relaciones asimétricas entre Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe. Ese interés es el que en realidad se escuda, como ha ocurrido a lo largo de la historia política de esa nación, tras los enfoques de seguridad nacional.
 
Las  políticas imperialistas han logrado perpetuar con bastante éxito la asimetría en las relaciones entre los centros desarrollados y la periferia subdesarrollada, rasgo que todavía caracteriza el grueso de las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina y el Caribe.[21]   No obstante, las crecientes diferencias y complejidades de esta región no permite afirmar la existencia de una política general que se aplique a todas las relaciones, sino más bien identificar algunos lineamientos generales y proyecciones, que luego se acomodan caso por caso y con algunas expresiones subregionales y con particularidades hacia aquellos países considerados de mayor significación estratégica.
 
En el marco de las relaciones Estados Unidos-América Latina también se expresa el balance de poder o  fuerza; y en tal sentido las condiciones históricas concretas en cada momento influyen e impactan los modos de aplicar la política imperialista.  Aunque no se puedan considerar los procesos de tendencia contra-hegemónica  (en todas sus variantes y diferentes grados de profundización) como irreversibles, las victorias en América Latina de gobiernos con un signo contrario a los esquemas de dominación del imperialismo norteamericano desde finales de los años de 1990, como se analizaba en el anterior capítulo, unido  a la permanencia de la Revolución Cubana, promueven por distintas vías mayores niveles de autonomía, independencia, soberanía de la región y reducen la cuota de poder y el alcance de la hegemonía estadounidense.  Estos nuevos gobiernos (de izquierda, radicales o revolucionarios) se oponen a las expresiones neoliberales extremas y sus consecuencias, así como a otras formas de intervencionismo y subversión económica, política, cultural y militar de  Estados Unidos.
 
El 27 de mayo de 2010, Obama, da a conocer la Estrategia de Seguridad Nacional 2010. En la misma se trazan, de manera general, los objetivos de la Administración y sus metas en política exterior, ante el cambiante, contradictorio y complejo entorno geopolítico mundial[22]. En buena medida, se trata de una posición que podía anticiparse, en la medida que no constituye un punto de inflexión ni doctrinal ni práctico con respecto al legado estratégico que recibió Obama. En este sentido, vendría a confirmarse, con ello, el hecho de que las redefiniciones ideológicas que tienen lugar en la sociedad norteamericana con implicaciones estatales o gubernamentales se alejan de reformulaciones significativas (sean más discretas o más espectaculares), por lo cual no es previsible en el corto plazo una ruptura definitiva con el pensamiento conservador más extendido o una reformulación elocuente del liberalismo adormecido. Las mismas se mueven, en el mejor de los casos, dentro de zonas de consenso enmarcadas por el sentido pragmático de un realismo político (realpolitik), cuya esencia reconoce ante todo el protagonismo de los Estados en la arena internacional, el uso de la fuerza --incluida la militar—y la ubicuidad de los conflictos.
 
Eso sí, en correspondencia con el enfoque explícito discursivo mantenido desde que asumió la presidencia, y a diferencia de su predecesor, que comenzaba su estrategia anunciando que “Estados Unidos está en guerra”, en este documento se enfatiza la idea de evitar la confrontación para alcanzar los objetivos internacionales, priorizando, siempre que sea posible,  la negociación y  la persuasión.
 
Si bien en esta declaración no deja de recalcarse una fuerte iniciativa contra el terrorismo, también se destacan asuntos como el cambio climático y la economía, subrayando el importante papel que el gobierno norteamericano debe jugar ante ellos, con lo cual se hace suya una concepción amplia o extendida de la seguridad nacional, de manera que la misma no se restringe a la dimensión estratégico-militar.
 
Obama se refiere a la globalización, por un lado, como un algo que “ha abierto las puertas de las oportunidades en todo el mundo, ampliado la democracia a cientos de millones de personas y hecho posible la paz entre las principales potencias”, en tanto que, por otro, señala que “la globalización también ha intensificado los peligros que enfrentamos, desde el terrorismo internacional y la propagación de tecnologías mortíferas, a los desórdenes económicos y el cambio climático”.
 
El presidente subraya la importancia de empezar la estrategia haciendo crecer la economía doméstica y reduciendo el déficit,  convocando a mejorar la educación de los niños, a  impulsar más la investigación científica y al deber de desarrollar una energía limpia “que pueda impulsar nuevas industrias, desatarnos del petróleo extranjero y preservar nuestro planeta”,  haciendo referencia también a la importancia de la reforma del sistema de salud. Y ésto es porque para Obama --según lo enunciado en el documento-- el reconocimiento de la fuerza e influencia de Estados Unidos en el extranjero, su liderazgo, comienza con los pasos que se den al interior del país. Deben ponerse “nuevos cimientos”. Sólo así es que podrán impulsarse con más efectividad los intereses de Estados Unidos. De este modo, persiste la mirada que vincula orgánicamente la seguridad nacional (tanto en su versión tradicional como en la novedosa) con la seguridad interna o de la Patria (Homeland Security, según las definiciones impuestas por el 11 de septiembre.
 
Si bien en estrategias lanzadas por Administraciones anteriores ya se señalaba a la crisis económica como un factor que podía convertirse en amenaza a la seguridad nacional, es muy llamativa la manera en que el documento (referido a cuestiones de seguridad nacional y al enfoque geopolítico de la nación) trata con tanta fuerza la necesidad (como una prioridad) de  fortalecer el sistema económico. “Evitar otra crisis económica generalizada”, dando pasos a nivel local y mundial. Es decir, un impulso equilibrado de la economía de Estados Unidos  conllevaría la prosperidad y estabilidad mundial. Desde esta óptica, resultarían decisivos aquí los acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio.
 
Se señala además que para que Estados Unidos pueda incrementar sus ahorros y exportaciones,  y que las economías emergentes generen más demanda, se debe  reequilibrar la demanda mundial, orientando el enfoque hacia el G20, por considerarse fundamental para la cooperación económica internacional.
 
En el documento se identifican una serie de amenazas --reales o potenciales--, a la seguridad. Para contrarrestarlas se propone que, además de atender al cambio climático, mantener el crecimiento económico o combatir el terrorismo, es necesario reducir las amenazas cibernéticas, dejar de depender del petróleo, así como “resolver y prevenir los conflictos”. La principal amenaza que se considera  es la expansión de las armas de destrucción masiva y, de modo específico, Obama señala el peligro planteado por la búsqueda de armas nucleares por parte de “extremistas” y “otros Estados” (destacando los programas nucleares de Irán y Corea del Norte). De aquí que se acentúe la importancia de acudir a una agenda integral para la no proliferación y para la seguridad nuclear, y que se insista en los derechos y las responsabilidades de cada país.
 
A diferencia de la “doctrina” Bush acerca de la llamada guerra preventiva y el enfoque unilateral expresado en ella, la reciente estrategia de 2010 subraya que el conflicto armado debe ser el último recurso, “una vez agotadas las vías diplomáticas”.
 
El limitado tratamiento que reciben determinadas  áreas geográficas y países en el documento no debe interpretarse, necesariamente, como una evidencia de la baja prioridad. Ese es el caso de América Latina y el Caribe, que como región es abordada en un solo párrafo de cinco líneas, resultando difícil ubicarla en el documento de 52 páginas.
 
En cuanto a las naciones que son tratadas de manera aislada sobresalen Brasil, México, Haití y Argentina. Cabría preguntarse si es posible que fuesen olvidados países latinoamericanos y caribeños (o zonas) que protagonizan escenarios de conflicto para el funcionamiento del sistema de dominación hemisférico de Estados Unidos --como por ejemplo, Colombia, Venezuela, Bolivia, Cuba, el istmo centroamericano--, cuyo valor estratégico en el tablero geopolítico regional ha sido siempre muy alto.
 
Así, Brasil es considerado un "centro de influencia emergente", solo superado en prioridad por potencias como China, India y Rusia. El informe afirma que el gigante sudamericano es "guardián de un patrimonio ambiental único y líder de los combustibles renovables", lo que  explica su tratamiento privilegiado y evidencia el interés de Estados Unidos por establecer mecanismos de control sobre su vasta riqueza natural.
 
El caso de Haití es calificado como un "Estado frágil" y lo señalan como ejemplo más reciente del desastre humano y material que puede provocar el cambio climático. Con un lenguaje enérgico y para evidenciar la supuesta preocupación norteamericana, se refiere que Washington debe estar preparado para "ejercer un fuerte liderazgo en función de ayudar a enfrentar necesidades humanitarias críticas". El contingente militar desplegado en Haití fue una expresión adelantada de este precepto, que no es nuevo dentro de la proyección externa estadounidense.
 
México es abordado, por su parte, como un socio estratégico clave; Argentina es nombrada muy brevemente como nación que integra G-20, reconocido en el documento como el foro económico más importante del mundo, y a la OEA se le "recuerda" su rol tradicional de mecanismo de dominación política en nuestra región.
 
Como parte del interés estadounidense, se señala el apoyo a los valores democráticos entre las naciones y a la defensa de los derechos humanos, que  "Estados Unidos está comprometido con la sociedad civil y la oposición política pacífica", y que continuará el apoyo abierto y encubierto a las iniciativas desestabilizadoras con el propósito de impedir la consolidación de movimientos y fuerzas políticas capaces de obstaculizar sus planes de dominación en diferentes países. Podría pensarse en los casos de Venezuela y Cuba.
 
Aunque Obama se aparta en su lenguaje de la Administración Bush al priorizar (como medio para alcanzar los objetivos de política exterior), la diplomacia frente al conflicto armado, poniendo acento en la cooperación global así como en la conformación de alianzas, no llega a expresar un distanciamiento significativo en cuanto a la doctrina de la guerra preventiva,  lo que refuerza la argumentación acerca de que la balanza se inclina más hacia la continuidad que al cambio.
 
La “nueva” Estrategia de Seguridad Nacional no se distancia, en esencia, de enfoques anteriores, en la medida en que sus principales objetivos parecieran seguir siendo los mismos: eliminar los elementos que obstaculicen los caminos para lograr los intereses hegemónicos de Estados Unidos, recurriendo al pretexto, una vez más, de que amenazan su seguridad nacional. A pesar del esfuerzo por emplear matices, el documento ratifica la tradicional proyección belicista, al afirmar que “mantendremos la superioridad militar que ha asegurado a nuestro país, y ha apoyado la seguridad mundial, durante décadas; nuestras fuerzas armadas siempre serán la piedra fundamental de nuestra seguridad". Es decir, si bien se destaca un contraste con la estrategia de 2006, al subrayarse  el papel de la diplomacia y el compromiso, no se deja de reconocer lo imperioso que resulta conjugar, junto a una política de “poder inteligente”, los  instrumentos que conforman un enfoque integral, que incluye también los del llamado “poder duro” y poder blando” ante los procesos y escenarios actuales, que retan la hegemonía norteamericana.
 
Obama se planteó de modo explícito, renovar «el liderazgo», «la credibilidad» y «la influencia» de su país sobre el hemisferio occidental, argumentando la conveniencia de que Estados Unidos comenzara “una nueva era” en sus relaciones con América Latina, haciendo clara alusión a las bases históricas establecidas desde la doctrina Monroe y el Panamericanismo hasta la alianza para el Progreso y la iniciativa para las Américas. Partía de que tales metas se habían  deteriorado a causa de que  la Administración de W. Bush «se embarcó en una guerra desquiciada con Irak» y abandonó su promesa de «hacer de Latinoamérica un compromiso fundamental de su presidencia»[23].
 
Con vistas a enfrentar esas situaciones y a “liderar el hemisferio en el siglo XXI”, Obama anunció que emprendería la que indistintamente denominó una “diplomacia directa, fuerte, agresiva, principista y sostenida” hacia todos “los gobiernos amigos, adversarios y enemigos” del hemisferio occidental, incluidos en estas dos últimas categorías los de Cuba y  Venezuela. También anunció que  (sin abandonar en los casos necesarios los instrumentos del hard power, la coerción y la fuerza, potenciaría algunos de los componentes del llamado soft power, entre ellos, la Diplomacia Pública utilizando a “los emigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos” (incluidos los cubano-americanos), el aumento de la presencia de funcionarios del Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, así como la duplicación para el año 2012 del número de los integrantes de los controvertidos Cuerpos de Paz que --desde la Administración Kennedy-- han venido actuando en ese continente.[24]
 
La redefinición de “la democracia” planteada por Obama  lleva consigo claros propósitos de recuperación de la influencia norteamericana. Así, señalaría que “sabemos que la libertad a través del hemisferio debe ir más allá de las elecciones […] Hugo Chávez es un líder elegido democráticamente. Pero también sabemos que él no gobierna democráticamente. Él habla del pueblo, pero sus acciones solo sirven a su propio poder”. Y agregó: “Debemos impulsar una visión de la democracia que vaya más allá de las urnas. Debemos incrementar nuestro apoyo a legislaturas fuertes, sistemas judiciales independientes, prensa libre, vibrante sociedad civil, policía honesta, libertad de religión y el imperio de la ley”.
 
Utilizando la misma retórica de sus antecesores sobre “la interdependencia, la prosperidad, la seguridad, la libertad, la democracia, los intereses compartidos y los valores comunes”, Obama establece (o mejor decir, retoma, actualiza, reproduce) un esquema de relación con América Latina basada en viejas concepciones y herramientas de dominación, que ahora denomina como “una nueva alianza” entre Estados. Desde esa perspectiva, una vez más reaparece el enfoque que justifica el enfoque de la llamada defensa de la seguridad nacional como sombrilla que ampara disímiles acciones para proteger la democracia y los intereses compartidos con Estados Unidos.
 
Desde ese enfoque, Obama justifica y hasta asume  los principales componentes de las políticas de seguridad represivas e intervencionistas hacia México, Centroamérica y la región andino-amazónica impulsadas por W. Bush, ya que desde su campaña electoral se había comprometido a continuar apoyando la Iniciativa Regional Andina.
 
Está claro que  durante la V Cumbre de las Américas efectuada en abril de 2009  Obama  despliega acciones novedosas que rompen con el estilo tanto de W. Bush como de Clinton,y de que no podrían obviarse  las conversaciones que después de esa cita se producen entre funcionarios estadounidenses de diversas jerarquías con sus correspondientes contrapartes de Bolivia y Cuba. Pero el análisis expuesto, que podría ampliarse con otras ejemplificaciones similares, que harían muy extenso este epígrafe, es suficientemente elocuente o demostrativo de las continuidades de la política latinoamericana de Obama con respecto a la de W. Bush.
 
Las dimensiones militares y de seguridad de la “nueva” alianza de las Américas promovida por Obama  a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y de la llamada Iniciativa Mérida, ambas impulsadas desde antes por la Administración de W. Bush, reflejan de manera clara la continuidad básica, por encima de las diferencias formales, de estilo y de tono, con anteriores enfoques sobre la seguridad nacional, concebida como eje de la proyección latinoamericana de Estados Unidos, que hallan sus raíces en el diseño geopolítico que impulsó, con Reagan, la “revolución conservadora” [25].
 
Tal vez el ejemplo más elocuente sea el de la postura de Estados Unidos frente al golpe de Estado que se produjo en Honduras el 28 de junio de 2009, y el ulterior conocimiento de que el involucramiento de Obama y su equipo de gobierno era mucho mayor que la de un simple apadrinamiento. Ello dejaba claro que el enfoque hacia América Latina contemplaba  definidas acciones dirigidas a contener, aislar y, si fuera posible, derrotar (roll back) por vías predominantemente “pacíficas y democráticas” a algunos o todos los gobiernos fundadores o integrantes del ALBA-TCP, como parte de lo que se ha calificado como una  “diplomacia directa, fuerte, agresiva y principista”, desplegada por Obama, prácticamente, desde que tomó posesión, el 20 de enero del 2009, y cuya continuidad se ha mantenido hasta el presente año 2011.  
 
De ahí que, transcurridos treinta años, aún y cuando el discurso presidencial actual no apele directa ni explícitamente a los conceptos utilizados en el decenio de 1980 por Reagan y sus asesores --como los recreó W. Bush--, el legado de la “revolución conservadora” mantenga una vigencia que no tiene que ver con la subjetividad (entiéndase, voluntad política de grupos de poder, partidos o estadistas, como sujetos políticos) sino con la necesidad objetiva del imperialismo norteamericano, es decir, con sus problemas estructurales, con sus intereses permanentes, relacionados con la reproducción del sistema.
 
Referencias bibliográficas


[1] Véase Sean Willentz, The Age of Reagan: A History, 1974-2008, New York, HarperCollins, 2008.
[2]Véase, entre otras fuentes:  Peter Steinfels, The  Neoconservatives, Simon and Schuster New York,  1979; Atilio Borón , “La crisis norteamericana y la racionalidad neoconservadora”,en: Estados Unidos: Perspectiva latinoamericana (Cuadernos Semestrales), CIDE, No. 9, México, 1981;          Peter W. Schulze, “El ascenso incontenible del neoconservatismo en EE.UU”, y Jurgen Habermas, “La ruptura entre cultura y sociedad. Crítica a la  de la Cultura de los Neoconservadores”, ambos en Nueva Sociedad, Editada por Friedrich Ebert Stiftung, No. 69, Caracas, Noviembre-Diciembre 1983. También la Mesa Redonda “Neoconservadurismo, poder y cultura política”, coordinada por Rafael Hernández, con la participación de Julio César Guanche, Hiram Hernández Castro, Jorge Hernández Martínez, Enrique López Oliva y Santiago Pérez Benítez, en: revista Temas, No. 57, La Habana, enero-marzo 2009.
 
[3] El realismo político de Henry Kissinger  implicaba las negociaciones con la URSS, entre otras medidas que se sintetizan en la denominada política de Distensión. Para este autor, la etapa distensiva en las relaciones internacionales ponía fin al período tensional de le guerra fría, hacia finales de la década de 1960 e inicios de los años de 1970. Kissinger sostenía la tesis de la “balanza de fuerzas o equilibrio de poderes”, que explicaba que ante el auge de varios países y regiones, el mudo dejaba de ser “bipolar” y se convertía en “multipolar” o “pentagonal”, al poder hablarse no ya de dos polos, sino de cinco, de poder mundial: Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa Occidental, Japón y China. Esas ideas las hizo suyas el presidente Richard Nixon, quien se asesoró, como se sabe, de Kissinger y le nombró en cargos gubernamentales, como el Dpto. de Estado.
[4] Véase la ya citada Mesa Redonda “Neoconservadurismo, poder y cultura política”, coordinada por Rafael Hernández, con la participación de Julio César Guanche, Hiram Hernández Castro, Jorge Hernández Martínez, Enrique López Oliva y Santiago Pérez Benítez, en: revista Temas, No. 57, La Habana, enero-marzo 2009. En ella se clarifican las distinciones entre las diferentes corrientes conservadoras.
[5] Raúl Benítez Manaut, “Reagan y la prosperidad de los años de 1980”, en: Colectivo de autores: Estados Unidos. Síntesis de su historia, Tomo 11, Ediciones del Instituto Mora, México, 1998, p. 259.
[6] Roberto González Gómez, “La reelección de Reagan ¿consolidación de la segunda Guerra Fría?” en: Cuadernos de Nuestra AméricaVol. I. núm. 2,  pp. 8-29, La Habana, 1984.
[7] Documentos elaborados entre 1980 y 1986 a instancias del gobierno estadounidense  en la ciudad de Santa Fe en el Estado de Nuevo México. Fueron creados para controlar la proliferación de la Izquierda y han sustentado el fortalecimiento de la política de dominación norteamericana en América Latina a partir de estos años. Además de los documentos originales el I y el II, en el 2000 se publicó un nuevo documento, el IV, ante el deseo de contar con un plan para contener la expansión del proyecto político venezolano. Hay referencias de la existencia de un tercero que no se ha publicado.
[8] Véase Ronald Reagan, “The Strategic Defense Iniciative”, (Speech 23 March, 1983), en: Forrest Schuyler and Edwrad N. Wright (Coordinators), American Defense Policy, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1990.
[9] Roberto González Gómez, Ob. Cit.
[10] Jaime Zuluaga Nieto, “La construcción de la identidad nacional”, en Marco A. Gandásegui y Dídimo Castillo Fernández (Coordinadores),  Estados Unidos: la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación, CLACSO/Editorial Siglo XXI, México, 2010.
[11] Rafael Fernández de Castro, “Entre la excepción y el compromiso: Bush ante América Latina”, en Foreign Affairs en Español,  Vol. I, No. 3, ITAM, México, Otoño-Invierno 2001, p.56.
[12] Abraham F. Lowenthal, “De la hegemonía regional a las relaciones bilaterales complejas”, en: Nueva Sociedad, No. 206, Caracas, 2006, p. 74.
[13] Claudio Fuentes y David Alvarez, “¿América Latina en la encrucijada? Factores de riesgo e inseguridad”, en: Nueva Sociedad, No. 198, Caracas, 2005, p. 85.
[14]  Roberto Russell, “América Latina para Estados Unidos: ¿especial, desdeñada, codiciada o perdida?”, en: Nueva Sociedad, No. 206, Caracas, 2006, pp. 53-54.
[15] Jorge I. Domínguez, “Las relaciones contemporáneas Estados Unidos-América Latina. Entre la ideología y el pragmatismo”, en:  Foreign Affairs en Español, México,  Octubre-Diciembre 2007, p. 112.
[16] Peter Hakim,” La agenda latinoamericana del próximo presidente de Estados Unidos”, en: Foreign Affairsen Español, México,  Abril-Junio 2008, 179.
[17] Véase Barack Obama, Dreams from My Father: A story of Race and Inheritance, Nueva York: Three Rivers Press, 2004.
[18] Véase  John Micklethwait y Adrian Wooldridge, Una Nación Conservadora: El poder de la derecha en Estados Unidos, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007.
[19]Véase Susan George, El pensamiento secuestrador: cómo la derecha laica y la religiosa se han apoderado de Estados Unidos, Icaria, Barcelona, 2007.
[20] Un sugerente examen del contexto y del proceso electoral de 2008, así como de sus probables cursos e implicaciones, aparece en el número 438-439 de América Latina en Movimiento, correspondiente al 26 de noviembre de 2008, bajo el dossier titulado “¿Qué esperar del gobierno Obama?” . Véanse, sobre todo, los trabajos de Marco A. Gandasegui, Raúl Zibechi, Alicia Girón y   João Alexandre Peschanski.
[21] Aunque existen elementos comunes para la región definida como América Latina y el Caribe, no cabe duda que se dan también notables diferencias entre las subregiones y países. En ese sentido los grados de dependencia económica y política a Estados Unidos son muy distintos y tales distinciones tienen a ensancharse, siendo en sentido general y con las mismas advertencias, mayores con los países del Caribe y Centroamérica y menores con el Cono Sur.
[22] Las versiones en inglés y en español de ese documento aparecen divulgadas por las Oficinas de la Casa Blanca, en formato impreso y digital, y son accesibles a través  de los sitios webs del gobierno estadounidense.
[23] Véase el análisis que al respecto realiza Luis Suárez Salazar en su trabajo “La ambivalente política hemisférica de Barack Obama: una primera evaluación”, publicado en América Latina en Movimiento con fecha 16 de julio de 2009, en cuyos datos e interpretaciones se apoyan nuestras aproximaciones. Consúltese también el artículo de Jorge Hernández Martínez, “Seguridad nacional y política latinoamericana de Estados Unidos cincuenta años después de Girón”, en: Tricontinental, OSPAAAL, No. 171, Año 45, La Habana, 2011.
[24] Las referencias se toman, básicamente, de Barack Obama, Renewing U.S. Leadership in the Americas, Washington, 2008, de su discurso pronunciado el 23 de mayo de 2008 y de su mensaje  a propósito de la Cumbre de las Américas, 2009, ambos publicados en versiones en español por la Embajada de Estaos Unidos en México.
[25] Véase Luis Suárez Salazar, Op. Cit.
 
 
Tamara Liberman (Buenos Aires, 1975). Socióloga. Se desempeñó como Investigadora en el Centro de Estudios sobre América (CEA), y actualmente labora en el Instituto de Historia de Cuba (IHC), en La Habana. 


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