Economía social: entre la voluntad y posibilidad - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2010-10-25

Venezuela

Economía social: entre la voluntad y posibilidad

Juan Carlos Monedero
Clasificado en: Economia, Paradigmas, PoliticasEconomicas,
Disponible en:   Español       


Sin pretender a las cifras ningún significado mágico, diez años es un tiempo suficiente para valorar el desempeño económico de un país, incluso cuando, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, ha tenido que enfrentar en esta década las exigencias de intentar una alternativa durante la euforia y luego la crisis del modelo neoliberal.
 
Una década donde el paisaje ha sido una agresión constante, sometida la Venezuela bolivariana a todas las presiones que, en otros momentos de la historia, habían acabado con gobiernos de cambio en América Latina. Venezuela ha ocupado un espacio propio en el contexto internacional, debido principalmente al hecho de haber concentrado los ataques del statu quo mundial, especialmente desde los Estados Unidos. Aquella Venezuela referida en los medios mundiales por sus misses, sus rascacielos al lado de los ranchos miseria y la condición saudí de una élite que usaba con ostentación el ingreso petrolero, ha dejado paso a otra en donde son primacía la discusión del socialismo del siglo XXI -y, por tanto, la búsqueda de un discurso y una economía al servicio de las mayorías excluidas-, la integración latinoamericana -donde necesariamente la búsqueda de nuevas formas de complementariedad que sustituyan a los TLC choca con la pretensión norteamericana de mantener su esfera de influencia-, y el pago de la deuda social en un contexto de gran apoyo popular y reivindicación de la soberanía nacional.
 
El modelo neoliberal devastó no solamente las bases económicas de gran parte de América Latina, sino que convirtió igualmente en cenizas los sistemas políticos, las bases normativas, la confianza social y la autoestima nacional. De ahí que la reinvención no sea en ningún caso simplemente económica.
 
La pretensión, por un lado, de hacer de la política un ámbito desagradable, sucio e interesado, regido por camarillas siniestras, y al que conviene mirar con apatía y distancia, y, por otro, de convertir a la economía en una supuesta ciencia determinada por condicionantes incuestionables, guiada por expertos (incluso sabios) y a la que hay que mirar con resignación y respeto, ha convertido en hegemónica una idea contra la que advirtió Marx como profundamente perjudicial: la consideración parcial de los asuntos que competen a la marcha de cada sociedad. Sólo con esta fragmentación puede explicarse la capacidad de la economía de mercado de crear una sociedad de mercado (Polanyi), esto es, la libre disposición de que dispone la economía basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el papel del mercado a la hora de establecer precios y cantidades de producto, para lograr finalmente la mercantilización de ámbitos crecientes de la sociedad. El resultado final es la supeditación de crecientes franjas de la población a los intereses crecientemente concentrados de valorización del capital, con el escenario de exclusión y desigualdad que se ha convertido en el decorado natural dejado por la estela neoliberal. La comprensión de la economía como economía política, esto es, una concepción relacional de la sociedad que obligue a la consideración conjunta de los ámbitos sociales (economía, política, sistema normativo y cultura), hace del análisis también palanca de la transformación, al dejar evidentes los resultados de una u otra comprensión. De manera que quien apueste por primar las desigualdades y la exclusión queda claro que está alimentando los conflictos sociales (y no a la inversa).
 
Una de las principales líneas discursivas del candidato Hugo Chávez en 1998 hacía referencia a un asunto de la economía política: acabar con la corrupción, recuperar para el interés nacional la actividad económica, remover el pacto bipartidista que sostenía a las élites económicas e institucionales, y pagar la deuda social, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho a la alimentación.
 
Diez años después del caracazo las razones estructurales que motivaron el levantamiento popular no sólo se mantenían sino que se habían agravado en términos de desempleo, pobreza, vivienda, salud y analfabetismo. Para demostrar que el antiguo teniente coronel que se había levantado en armas contra el modelo de Punto fijo no era uno más de los candidatos del sistema encubierto en un discurso antisistema, era menester demostrar con urgencia interés en el pago de la deuda social. En un primer momento no existía ninguna línea ideológica clara que indicara cómo actuar (en un confuso totum revolutum acudían el liberalismo económico de la tercera vía, el autoritarismo militar del argentino Ceresole, el nacionalismo bolivariano, prevenciones hacia el modelo cubano, alejamiento de la tradición socialista, cierto antiimperialismo, etc.), de manera que la línea principal que se seguía la marcaba un nacionalismo paliativo de la urgencia de la pobreza que permitía recuperar el concepto de populismo, crecientemente de manera despectiva conforme la apuesta por la salud global del pueblo cobraba importancia en las políticas públicas de los primeros gobiernos de Chávez.
 
Desde el sillón presidencial en el Palacio de Miraflores no había mucha capacidad de actuar dadas las pocas herramientas de cambio o simplemente regulatorias con que el sistema se había garantizado sus prácticas consuetudinarias de poder. El poder estatal no es sin más el poder. De manera que hacía falta recuperar la principal palanca económica estatal en un país monoproductor y sin estructura fiscal: el petróleo. En esa política de urgencia se incorporaba igualmente una reforma alimentaria, que implicaba tanto una reforma agraria que enfrentara el latifundio, como una reforma de las costas para frenar el deterioro ecológico, el agotamiento de los caladeros y la explotación externa de la pesca. Estas batallas, que tenían claras consecuencias tanto nacionales como internacionales sobre las relaciones de propiedad y de producción (a lo que habría que añadir un presumible efecto contagio a otros países de la zona), implicaba una pelea contra los principales actores del modelo neoliberal: los países poderosos del Norte, las grandes empresas transnacionales y las élites nacionales globalizadas. Vista la correlación de fuerzas, y una vez entendido que la lucha armada ya no era una alternativa, para que esa pelea tuviera éxito, era necesaria la participación popular.
 
La primera tarea del recién elegido Presidente Chávez pasaba por crear un nuevo contrato social que recogiera y permitiera la participación popular en la superación de los cuellos de botella del modelo neoliberal. No es extraño, pues, que el principal concepto que se repite en el texto constitucional sea el de participación que, por vez primera, cobraba inusitada presencia en el ámbito de las fuerzas productivas, corresponsabilizando a la ciudadanía de la reinvención de un modelo económico basado en la economía social.
 
Una sociedad atravesada de participación haría de la economía, en un bucle casi tautológico, economía social. Esto es, una economía entendida como el medio de una sociedad para su reproducción y superviviencia. Esta participación -que se define como del pueblo, por el pueblo y para el pueblo- determina que no se esté entendiendo ni una economía estatizada ni una economía capitalista basada en la propiedad privada y el mercado, sino una economía entendida como el ámbito democrático de la reproducción social, donde el mercado existe como herramienta pero no determina la proletarización y pauperización creciente; y donde el Estado es la palanca para su puesta en marcha pero no su cárcel burocrática. En definitiva, un Estado experimental al servicio de la creación de valor de uso más que de valor de cambio. El abandono de la economía política, sustituida por axiomas cuantitativos deductivos, sin evidencia empírica, durante la hegemonía neoliberal, sienta las bases para que las referencias a la economía social creen un “marco cognitivo” que conecte el concepto con una parte subordinada, marginal, menos eficiente e ideologizada respecto de la ciencia económica del mainstream.
 
Para superar esta limitación conceptual, el profesor Coraggio ha presentado una definición de la economía como: “el sistema de instituciones, valores y prácticas que se da en una sociedad, para que sus miembros y la sociedad toda se ubiquen en la división social del trabajo global, organizando la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios a fin de realizar el metabolismo socio-natural (intercambio de energía entre los hombres en sociedad y el resto de la naturaleza) de modo de satisfacer de la mejor manera posible (reproducción ampliada de la vida en cada momento histórico) las necesidades y deseos legítimos de todos los miembros de esa sociedad (incluyendo las generaciones futuras)”.
 
El requisito para poder iniciar estas reformas implicaba una reforma constitucional que superara la legalización/constitucionalización previa tanto del modelo neoliberal, como del pacto de Punto Fijo, que creó un Estado con un espacio público decreciente, sin confrontaciones reales, unívoco y asistencialista. Insistimos en que no es posible entender la Venezuela de los últimos diez años sin saber del profundo deterioro en el que cayó la llamada IV República, especialmente a partir de finales de los ochenta.
 
Venezuela, en su lectura exterior, era un país que se había librado de las dictaduras militares de los setenta, que tenía una democracia consolidada con elecciones regulares y pluralismo partidista, que pertenecía a esos selectos clubes políticos de corte europeo llamados internacional socialista o internacional democristiana, y que conformaba un cuadro estable que no parecía desdecirse por ninguna realidad. Pero en 1996, el 65% de la población venezolana era pobre, entre 1970 y 1997 los trabajadores vieron reducido a la mitad su ingreso y el coeficiente de Gini demostraba que la desigualdad situaba a Venezuela por debajo de Sudáfrica y Brasil.
 
Las bases constitucionales para una economía social
 
Uno de los impulsos clave para la reforma constitucional que llevó al Presidente Chávez al Gobierno en 1998 fue sentar las bases jurídicas para la creación de una economía que superase los límites sociales del sistema capitalista. Como luego recogería la Constitución, los derechos civiles y políticos son también sociales, y es precisamente de esa comprensión integral que reposaría la posibilidad de construir una alternativa al sistema capitalista.
 
Ya en el Preámbulo, queda clara la voluntad de avanzar hacia fórmulas no capitalistas. El Preámbulo, junto con el artículo segundo6, constituyen las bases fundamentales no sólo de la Carta Magna sino de toda la actuación pública que el país ha ejercido desde el año de 1999.
 
De esta manera, valores como el de la democracia participativa y protagónica (adjetivo con el que se quiere incidir en la dirección popular del proceso democrático), la independencia, la paz, la solidaridad, la libertad, la igualdad y el bien común, entre otros, rigen el desarrollo de todo proceso, proyecto y/o movimiento que busque cambiar la realidad social, económica y política de la Nación.
 
La “economía popular” o “economía social” está inserta en estos principios, los cuales buscan romper con los paradigmas de la exclusión que fueron consustanciales a la IV República. En este sentido, y con el fin de abrir los caminos para la participación efectiva del pueblo en el desarrollo nacional, el artículo 70 de la Constitución expresa que las formas de participación económica que tiene el pueblo son “...la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas (...) y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad”.
 
Estos caminos legales abiertos por la Constitución para la participación económica del pueblo, se convierten en el principio de una cadena constitucional que busca el establecimiento de una economía de rasgos sociales y no individuales (aún garantizándose la propiedad privada de manera clara). Por ejemplo, en el artículo 87 se afirma el derecho al trabajo, procurándo adoptar todas las medidas correspondientes para que el pueblo tenga acceso a un trabajo que le permita vivir con Dignidad. De esta forma, el apoyo y protección a la cogestión, la autogestión y las cooperativas, se convierte en una medida tendiente a garantizar que cada ciudadano trabaje y por ende pueda vivir con Dignidad.
 
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Juan Carlos Monedero
Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, fue Observador Internacional en el Referéndum Revocatorio del 15 de agosto en Venezuela.
 
-          El presente texto es un extracto de un artículo más extenso, que puedes encontrar en “Otra Economía. Revista Latinoamericana de economía social y solidaria” Vol. III nº 5 - 2º semestre / 2009.
 
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3392
 


http://alainet.org/active/41838&lang=es




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