Severas sanciones contra pornografía infantil y turismo sexual - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2009-06-17

Colombia

Severas sanciones contra pornografía infantil y turismo sexual

Ángela Castellanos Aranguren
Clasificado en:   Política: Politica, DerechosHumanos, Legislacion, |   Social: Social, Ninez, Violencia, |
Disponible en:   Español       
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La muerte de Yesid Torres, de apenas 15 años, conmovió a los habitantes de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde la explotación sexual de infantes y adolescentes, y en especial el turismo sexual de menores, han proliferado en años recientes.
 
Torres falleció como consecuencia de una sobredosis de cocaína que consumió en el apartamento del italiano Paolo Pravisani, un pederasta de 72 años, quien lo había contratado, junto a otros menores de edad, para proveer servicios sexuales, actos que también fotografiaba.
 
Pese a que el ingreso de menores de edad al apartamento del italiano databa de tiempo atrás, ningún vecino dio la voz de alerta a las autoridades.
 
La ciudadanía todavía piensa que la violación de los derechos de los menores no es de su incumbencia, salvo que sean sus familiares. Pero no es ese el criterio de los legisladores, quienes el 10 de junio pasado aprobaron una ley que aplica severas sanciones para los responsables de pornografía infantil y restituye como delito el turismo sexual de menores.
 
El italiano fue detenido y enjuiciado por pornografía infantil, acceso carnal violento a menor de edad, incitación a la prostitución y homicidio. Sólo por el delito de pornografía infantil, el pederasta podría recibir hasta 20 años de prisión, según la nueva ley.
 
Es evidente que ha habido un aumento del turismo sexual de menores, especialmente en ciudades ubicadas en el Caribe colombiano, y de bandas de pornografía infantil, debido al desarrollo de la tecnología informática. UNICEF estima que en Colombia 35.000 menores son víctimas de las diversas formas de explotación sexual.
 
Ante esta situación, el país cuenta con el Comité Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes, cuyo plan de acción 2006-2010 se desarrolla de manera conjunta entre entidades gubernamentales, policiales, no gubernamentales y de cooperación internacional.
 
"Con la Ley de Infancia y Adolescencia —aprobada en 2006— se creó la Policía de Infancia y Adolescencia y disposiciones para la judicialización de los agresores de los menores, pero se está en un proceso de capacitación de funcionarios", afirmó a SEMlac Sandra Carvajal, encargada de atención a la infancia de la Fundación Esperanza, ONG que hace parte del Comité interinstitucional.
 
La ley recién aprobada establece que quien dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan utilización sexual de menores será sancionado con prisión de cuatro a ocho años, castigo que no será excarcelable. En ambos delitos de que trata la ley, la pena se aumentará hasta en la mitad cuando la conducta delictiva recaiga en menores de 12 años.
 
Aunque esta pena es mayor a la que tuvo anteriormente este delito —que era de tres años— sigue siendo baja, según Stella Cárdenas, directora de la Fundación Renacer, una ONG que también integra el Comité interinstitucional.
 
"Vamos a buscar que en el otro proyecto de ley en curso —que tipifica la explotación sexual de menores como delito—aumenten las penas, pues las que quedaron en la normativa aprobada son muy bajas debido a las conciliaciones a que se vio sujeto el texto en el trámite legislativo", afirmó a SEMlac Cárdenas, cuya ONG participó en la elaboración de estas iniciativas.
 
En el régimen vigente, el delito de abuso sexual se aplica en todos los casos en niñas y niños menores de 14 años, independientemente de si han dado o no su consentimiento.
 
"Lo que vemos en nuestra práctica de atender a las víctimas es que hay obstáculos que impiden que se sancione al agresor en los casos de menores de entre 14 y 18 años que han consentido, debido en muchas ocasiones a razones económicas. En estos casos, sólo es posible condenarlo cuando se demuestra que hubo trata de personas, lo cual lo hace más complicado", añadió Cárdenas.
 
"Lo que queremos es que el Código Penal incluya un capítulo sobre el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que incluya todas sus modalidades, cree responsabilidades penales a quieres intervienen en la cadena de explotación, incluido el solicitante o cliente", abundó.
 
La nueva norma sólo establece que los extranjeros que vengan a Colombia en busca de turismo sexual serán deportados por vía administrativa. Adicionalmente, conmina a las agencias de viajes, hoteles y aerolíneas a adoptar normas autorregulatorias, como informar a sus clientes sobre la vigencia de estas normas.
 
También norma que las empresas podrán ser sancionadas hasta con la pérdida de sus licencias de funcionamiento, si se les comprueba algún tipo de tolerancia con estas actividades ilegales, y los propietarios de inmuebles que sean utilizados para fomentar el turismo sexual o la pornografía con menores de edad podrán perder esos bienes.
 
Penalizados portadores de material pornográfico de infantes

La norma duplicó la pena para los culpables de pornografía infantil —ahora de 10 a 20 años de presidio— y amplió la responsabilidad penal a los portadores de material, sin importar si es para uso personal o comercial. Esto facilita el combate contra este delito, pues ya no hay que probar que el material se usa con fines de lucro.
 
En efecto, el delito recae en quien fotografíe, grabe, produzca, divulgue, compre, venda, porte, transmita o exhiba, por cualquier medio, para su uso personal o intercambio, pornografía infantil.
 
Adicional a las penas de prisión, se establecieron altas sanciones pecuniarias, que pueden llegar a los 1.500 salarios mínimos, unos 370.000 dólares.
 
También se ordena que los cafés-internet (proveedores de acceso a Internet) instalen filtros para impedir acceso a páginas de pornografía. Sin embargo, el engaño a menores vía Internet en general se produce en los sitios para "chatear".
 
Se ha comprobado que los delincuentes entran en contacto con los menores haciéndose pasar por menores de edad. Ganan su confianza y luego les piden posar —desnudos o semidesnudos— ante la cámara Web.
 
Una investigación de seguimiento a este delito encontró en YouTube 15 videos de pornografía infantil subidos por alguien que se identifica como Claudioxl, quien no oculta que convenció a las mujeres menores de edad a que hicieran striptease, a lo cual accedieron sin imaginar que iban a ser grabadas, ni menos publicados en la Web.
 
En
otros casos el delincuente usa el video para extorsionar a los menores, amenazando con divulgarlo si no acceden a posar ante su cámara. Así, logra fotografías y videos que luego vende a las bandas internacionales.
 
El año pasado, la policía capturó en la capital colombiana a un hombre, al que se le encontraron fotografías que le había tomado a menores de edad, y a quienes había conocido mediante las redes sociales de la red: había creado varios perfiles en Facebook y Hi5 con diferentes nombres y fotografías.
 
En 2008, la Dirección de Policía Judicial, con el apoyo del programa Internet Sano del Ministerio de Comunicaciones, deshabilitó 210 páginas con pornografía infantil. Dado que su desarticulación es muy difícil, se estima que esta cantidad es apenas la punta del iceberg.

Fuente: www.redsemlac.net
Especial de SEMlac



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