Ciento diez mil indígenas resisten - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2008-08-05

Colombia

Una crónica sobre la comunidad Nasa de Colombia

Ciento diez mil indígenas resisten

Juan Eugenio Ceballos
Clasificado en:   Política: Politica, DerechosHumanos, |   Social: Indigena, Tierra, Violencia, |
Disponible en:   Español       
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No reconocen a Álvaro Uribe como presidente. Proyectos agroindustriales amenazan sus territorios y son víctimas de etnocidio. Claman por la devolución del Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo).

 

“Lo volvieron mierda”, atinó a decir la comunera indígena a quien indagué por el estado de Marino Camayo, un líder de la Comunidad Nasa del Norte del Cauca. Varias heridas con machete en la rodilla derecha y contusiones en otras partes del cuerpo causadas por un garrote, eran visibles en su cuerpo. “Fue capturado, azotado y golpeado por efectivos militares”, expresaron autoridades de la  Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). “Me cogió la Policía a machete y me iban a llevar hacia Bogotá para judicializarme, pero por la gravedad de las heridas, la misma fuerza pública me dejó en el hospital de Santander de Quilichao”.

 

Ese mismo día, el primero de julio de 2008, la fuerza pública —se añade en el comunicado— agredió a bala y machete a 80 indígenas que ocuparon la finca Las Pirámides. Dos días después, 26 comuneros fueron heridos cuando ocupaban la hacienda La Emperatriz: tres menores heridos a bala, un adulto quien perdió dos dedos de una mano y otros más lastimados por esquirlas, fue el saldo de lesionados que denunciaron las autoridades indígenas después de los ataques.

 

El 29 de mayo de 2008 en la vereda La Cominera, cerca del municipio de Tacueyó, dos hermanos indígenas: Amparo y Silvio Chaguendo Ipia, fueron asesinados por miembros del batallón Pichincha del ejército colombiano mediante disparos de fusil en sus cabezas. Fue la versión de los comuneros quienes rodearon la vivienda, para reclamar y evitar que agentes de la inteligencia del Estado no manipularan las pruebas y se llevaran los cadáveres.

 

La versión oficial identificó el sitio como reducto de terroristas y lugar para guardar material de guerra.  Días antes —el 20 de mayo de 2008—, 500 indígenas de la comunidad Nasa del Norte del Cauca, ocuparon los predios La Emperatriz y El Japio; ocho comuneros resultaron heridos. Los manifestantes acusaron al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) de lanzarles bombas explosivas y de haber empleado armas.

 

La ocupación de tierras y la respuesta de la fuerza pública, hace parte del Ritual de Liberación de la Madre Tierra. Consiste en ocupar alguno de los predios con titulación privada que reclaman los indígenas dentro un acuerdo para la adjudicación de tierras que el Comité Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH) ordenó entregar al Gobierno colombiano para resarcir a la comunidad Nasa por la masacre ocurrida el 16 de diciembre de 1991 en la finca El Nilo. En ese sitio, 20 comuneros fueron asesinados por miembros de la policía en contubernio con los paramilitares.

 

Ellos, los indígenas, son mucho más que cifras estadísticas; son personas en situación de pobreza que reclaman una reforma agraria popular justa; cada muerto y cada herido es una ofrenda más por la causa que han heredado de sus pares desde la conquista. Ha sido una sola lucha por lo mismo: por la tierra. Una historia tejida por mujeres, hombres y niños que a estas alturas son tratados como aborígenes salvajes, invisibles y sin derechos.

 

No hay cama pa’ tanta gente

 

El Cauca es un departamento del suroeste colombiano que alberga el 25 por ciento de la población indígena del país, en terrenos que comparten con población mestiza y afrodescendiente. Son 25 mil familias indígenas que se distribuyen un terreno de 193.370 hectáreas en las faldas de la Cordillera de los Andes, entre 1200-3800 metros de altura; el territorio está dividido en 304 veredas que componen 18 cabildos (datos del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC). Raúl Zibechi, un uruguayo experto en movimientos sociales quien recientemente visitó la zona, cuenta en una de sus columnas que están asentados en  tierras en un 50 por ciento erosionadas: 20 por ciento bosques y sólo el 30 por ciento cultivables.

 

Tierra, unidad, cultura, respeto y autonomía, enumeran los pueblos Nasa como principios para lograr una existencia digna y armónica, y para abrirse paso en un medio en el que confluyen todas las formas de lucha: la de los guerrilleros, la de los paramilitares (robustecida por los terratenientes), la de los narcotraficantes y la que se  reservan las fuerzas del Estado. La gran mayoría subsisten en la más absoluta pobreza; en un documento emitido por la ACIN, sus autoridades denuncian que el 56 por ciento de los niños de las 19.063 familias que habitan los 17 resguardos, padecen hambre y desnutrición; y el 24 por ciento de ellas carecen de tierras para producir.

 

Los indígenas necesitan espacios de subsistencia, no obstante, en sus resguardos se están gestando programas agroindustriales. Es una de esas batallas de países que sabiéndose agrícolas, aun así les entregan tierras a empresas extranjeras que al ejecutar un modelo agrario de mercado, por un lado dejan sin tierra a sus verdaderos dueños, y por el otro, causan inflación al imponer los precios. Es la eterna paradoja de países con vocación agrícola y personas en el borde de la desnutrición.

 

El grito de independencia

 

El 70 por ciento de los resguardos indígenas del Cauca están ubicados en el norte. En una extensión de 91.863 hectáreas se agrupan 110 mil indígenas que desde 1971 han sido vehementes en un discurso con reiterativos énfasis por recuperar la tierra usurpada, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos, no pagar terraje, socializar las leyes indígenas, defender sus costumbres y formar profesores para la educación desde su cultura. Para los indígenas fue su grito de independencia, el cual proclamaron las 82 comunidades de entonces, en un pacto que sellaron en el municipio de Toribío con el nacimiento del CRIC.

 

Como un mecanismo de defensa en medio del conflicto, y para ejercer su plena autonomía, los indígenas del Norte del Cauca han creado un plan de vida, el cual parcelaron en siete temáticas. Se aliaron con otros sectores sociales para ejecutar proyectos comunitarios en salud, educación, planes de desarrollo, programa económico-ambiental, ejercicio del derecho propio y un plan de comunicaciones a  través del cual denuncian agresiones. Por último, protegen ese plan de vida, el territorio y su gente, mediante el programa Minga en Resistencia; un servicio social obligatorio no remunerado de la comunidad para con ella.

 

Según lo refiere el portal Etnias de Colombia, la unidad básica de la población es el resguardo y los paeces poseen 96 en siete departamentos. Cada resguardo tiene sus límites y la tierra es de propiedad colectiva. Varios resguardos forman el Cabildo, que es la máxima autoridad jerárquica en cabeza del gobernador quien preside las sesiones. La Asamblea es la máxima instancia para la toma de decisiones, y los cabildantes son elegidos democráticamente. “Somos diferentes pero no indiferentes”, se lee en un documento del CRIC. No quieren hacer parte del poder del Estado; mejor, con sus asambleas y elecciones comunitarias, pretenden ser alternativa y ejemplo para la democracia oficial.

 

Su consigna es “mandar obedeciendo”. La metodología de las asambleas es participativa desde la base, a través de comisiones, y  para cada uno de siete proyectos que componen su plan de vida, se realizan juntas cada tres meses para evaluar y hacer proyecciones. En los años 80 surgió de este movimiento el grupo armado Quintín Lame, desmovilizado en 1991, ante los logros constitucionales. Manifiestan no sentirse representados por el gobierno, porque ha desconocido los derechos para sus pueblos.

 

La protagonista de la comunicación de los procesos es la palabra, la cual hace parte de su tradición oral. Es el hilo conductor entre lo que cuentan sus mayores y la realidad que comparten con el mundo. Nace del respeto por las decisiones colectivas, por eso, en su lenguaje siempre hablan de “construir tejido” y “caminar la palabra”. Al respecto relata Manuel Rozental — líder del tejido de comunicación indígena— en la revista América Latina en Movimiento (No.424/425) “Esa verdad sencilla y hermosa es una palabra que nombra el camino, es hora del desafío de hacerla colectiva en las conciencias y en las acciones para que se vuelva libertad”.

 

Nace el Proyecto Nasa

 

El Proyecto Nasa podría llamarse así porque de su cultura hacen parte la Luna y las estrellas; pero no, en la lengua de la etnia Páez significa “gente”. Con ese nombre bautizaron a uno  de los siete proyectos comunitarios que abarca el Plan de Vida indígena. En 1980 fue adjudicado por el CRIC a los cabildos de Tacueyó, Toribío y San Francisco, con la tarea específica de atraer la atención de la comunidad para ocupar tierras. El abanderado del proyecto fue el sacerdote indígena Álvaro Ulcué Chocué, uno de los tantos líderes muertos por defender la causa indígena.

 

El desvelo del movimiento era fortalecer los lazos de unidad para darle fuerza a la organización a través de la educación y los proyectos productivos. Desde su cosmovisión (armonía con la naturaleza, los espíritus y los seres humanos) la comunidad Nasa proyecta “una sociedad nueva, sin vicios, respetuosa de sus propios valores y alejada de la politiquería”. A través de talleres dentro de cada cabildo, abordan la problemática del núcleo familiar para fortalecer la unidad como base para la resistencia cultural.

 

En 1994 nació en  el municipio de Santander de Quilichao la ACIN, una organización reconocida por defender a través de la resistencia pacífica el plan de vida Páez. Funge como movimiento indígena que opera a través de la solidaridad propia de su cultura, para defenderse de diversos grupos armados que pretenden expulsarlos de sus territorios.

 

La guerrilla quiere involucrarse política y militarmente, pero la comunidad organizada no los atiende en sus fines violentos. La población indígena está convencida que la guerrilla no representa al pueblo. Entretanto, autoridades de la ACIN expresan que el Estado para atender intereses corporativos aprovecha los ataques de la guerrilla para arremeter contra ellos, señalándolos como miembros de las FARC, en su afán por resquebrajar la organización indígena. Su territorio geográficamente es una zona estratégica para la circulación de narcotraficantes y comerciantes de armas, por cuanto comunica el interior del país con la costa pacífica; además es una zona rica en recursos naturales, apetecidos por la industria. Es la causa del desplazamiento indígena en Colombia.

 

Ante la evidencia de los hechos, el pueblo Nasa emplea los servicios de la Guardia Indígena. No son policías, son hombres y mujeres que se emplean en labores humanitarias. Prestan vigilancia, control, alarma, protección y seguridad. Es un instrumento de la resistencia civil que para su defensa emplea  un bastón de mando, símbolo de la lucha pacífica; son 3.500 guardias que aportan los 18 cabildos. El 22 de agosto de 2004, 250 miembros de la Guardia Indígena fueron a dialogar con la guerrilla de las FARC para que liberaran a un grupo de autoridades indígenas que retuvieron. Los acusaban de auxiliar a grupos paramilitares y de condescender con la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe.

 

Raúl Zibechi,  visitó la zona, y dejó plasmada su experiencia en el portal Argenpress.info el 9 de abril de 2008: “¿Dónde está el ejército? ‘Allá’, señala con el bastón de mando hacia la cresta. Unos y otros se observan, se vigilan, y cada pocos días se disparan, con la misma calma con que la guardia indígena se pasea entre los dos ejércitos”.

 

 Los sacaron corriendo

 

La migración interna de los indígenas en Colombia es de vieja data. En el año de 1948 fue expedida la fe de bautismo de la violencia en Colombia; en esa fecha ocurrió la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, y de inmediato se destapó la Caja de Pandora a la cual le atribuyen todos los males que aún padece el país. La violencia del partido conservador (azul) tuvo respuesta en el liberal (rojo); juntos propiciaron en medio de la refriega, que un reducto del partido rojo reclamara sus derechos a través de las armas. Fue el origen de la guerrilla en Colombia.

 

El saqueo de la tierra era de tal magnitud, que hizo desplazar a muchos campesinos; al igual que ellos, para sobrevivir, los indígenas hicieron lo propio. Se tuvieron que encaramar en las montañas caucanas, dejando detrás los cercos que ahora quieren quitar. En la actualidad las masacres, los cultivos de coca, la tala de madera y los cultivos agroindustriales, han tenido que ver con el nuevo éxodo interno. El gobierno en su lucha  contra el terrorismo y el narcotráfico, constantemente ha enfrentado a las fuerzas ilegales en los resguardos indígenas, porque considera que se refugian o son encubiertos en la zona.

 

Una ponencia (mayo 17 de 2006) del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presentada en San José de Costa Rica ante el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, observa que Colombia vive una de las más graves situaciones de desplazamiento interno en el mundo después de Sudán. El mismo informe renovado y emitido para junio de 2008 con el nombre de “Tendencias Globales de 2007”, revela que Colombia con tres millones de personas, pasó a encabezar por un amplio margen, la cifra del desplazamiento mundial.

 

Histórica movilización

 

Un informe del tejido “Defensa a la vida y los Derechos Humanos de la CWK –ACIN” titulado ‘Defensa de la vida’, recoge los hechos de violencia desde el año 2000, hasta parte de 2005. Comienza por denunciar a las empresas que vulneran los recursos naturales mediante “acciones políticas, militares, económicas y jurídicas”. Argumentan que el comienzo de la violencia en Colombia fue la desigualdad social y el uso indiscriminado de la tierra; distinguen  cinco actores sociales y armados en la zona: la lucha sindical-obrera, la lucha campesina, la lucha de la contrainsurgencia (fuerza pública y paramilitarismo), la resistencia del movimiento indígena y la propuesta de la lucha revolucionaria, que dicho sea de paso, embolató su ideología en las sábanas del narcotráfico; de justicia social no le queda nada.

 

La génesis de todo movimiento social es “el egoísmo que se vuelve odio, guerra, mentiras, propaganda, confusión, corrupción y malos gobiernos”, se añade en el documento Nasa. “Proclamamos el imperativo de pasar a la acción, de movilizarnos y de actuar”. El 18 de septiembre de 2004 los indígenas formaron parte de la agenda informativa de los medios nacionales y mundiales. Convocaron el Primer Congreso Indígena y Popular en una marcha que congregó 60 mil personas que marcharon desde Piendamó, un municipio del Cauca (allí los indígenas tienen su centro de diálogo y de paz), hasta la ciudad de Cali (100 kilómetros), uno de los principales centros industriales del país. Las comunidades indígenas, más que hacerle nuevas  y desgastadas peticiones al gobierno, querían “tejer un proyecto de vida”, al convocar al pueblo, organizaciones y otros procesos populares. A dejarse ver, —diríamos—, a socializar su lucha y acumular solidaridad.

 

Al finalizar la marcha, la comunidad indígena decidió declararse en asamblea permanente indefinida, establecer el Congreso Indígena y Popular, crear el tribunal permanente de los pueblos y un sistema de comunicación para la verdad y la vida. Además una Misión diplomática permanente y una economía propia. Con esta movilización quisieron dejar planteada la necesidad de cambio: reclaman un país justo, democrático y en paz.

 

Bien se podría puntualizar que Colombia es el país que padece todas las violencias. Un pueblo que históricamente ha estado sometido por el poder económico a través del poder político, pero aún  carente de movimientos sociales capaces de ejercer un contrapeso legítimo en esa democracia. Es el escenario en el cual convive toda una nación por tradición reaccionaria, acostumbrada a vivir en el fango. Sólo el cuatro de febrero de 2008 aconteció una multitudinaria marcha (replicada el 20 de julio del mismo año) de nacionales que reaccionaron contra el secuestro. Es que la sevicia de la guerrilla, hace que la psicología colectiva haga ver el paramilitarismo y los crímenes de estado como algo tolerable. Parecen aguantarlo todo, siempre y cuando se acabe con el secuestro y de paso con la guerrilla.

 

Derechos humanos

 

No hay que olvidar que los grupos irregulares del cultivo y el procesamiento de la coca derivan su sustento. Muertos, desaparecidos, detenidos y perseguidos por los actores del conflicto, los indígenas paeces han logrado conquistas en desarrollo humano. El movimiento aportó tres de sus comuneros para la Asamblea Constituyente que en 1991 legalizó resguardos; además proclamó la diversidad étnica y cultural, con nuevos derechos de autonomía territorial, y jurisdicción interna. Se les garantizó la propiedad comunal de los territorios indígenas, derecho a salud y educación propias, y el fortalecimiento de las entidades territoriales con gobierno propio y presupuesto.

 

El CRIC ha acusado al gobierno nacional de haber adelantado estrategias para promover el conflicto entre las comunidades indígenas, con el fin de evadir las obligaciones en la adjudicación de tierras, y de propiciar medidas de tipo administrativo para invalidar los acuerdos y compromisos adquiridos con los indígenas, lo cual entienden como una medida de apoyo a los intereses de las empresas multinacionales que hacen presencia en la zona.

 

El 15 de marzo de 2008 en un Consejo Comunitario, el presidente Álvaro Uribe ofreció recompensas para los informantes que delaten a quienes propicien las ocupaciones de los predios, con lo cual se le hace una declaratoria de guerra al movimiento; al menos, le lanzó un dardo para resentirlo. Así mismo denuncian que en su interés por erradicar las plantaciones de coca, se fumiga indiscriminadamente acabando con los cultivos de pan coger. Por todo eso sienten que el Gobierno los trata como a enemigos que quiere expulsar de sus territorios.

 

En diálogo con Aida Quilcué, la consejera mayor del CRIC, manifestó querer limpiar el buen nombre del movimiento indígena en el Cauca. “A pesar de la represión vamos a seguir en el proceso de lucha… no vamos a permitir más desalojo territorial”. La autonomía indígena también molesta a los insurgentes, a quienes les disgusta que impongan sus políticas, que no permitan que se lleven a sus niños y adolescentes para sus objetivos terroristas. No es raro que se infiltren entre la población y que les lancen con catapultas  unas pipetas (destinadas para almacenar el gas para uso doméstico) repletas con metralla, que hacen blanco indistintamente en los puestos de policía y en las casas de los resguardos. Para no mencionar las minas antipersonal, que a más de un indígena han borrado del mapa cuando trabajan en sus cultivos.

 

En varios de sus documentos, las autoridades del CRIC narran que desde 1970 diferentes facciones guerrilleras se instalaron en sus territorios y desde el año 2000, lo hicieron grupos paramilitares para retirar a la guerrilla de la zona. Así fueron involucrando  a las comunidades en la guerra, en una lucha en la cual entra a terciar el gobierno. Con estos actores armados en la zona, las comunidades indígenas han sido objeto de masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos, detenciones, bloqueos de alimentos, agresiones y reclutamiento forzado de comuneros para la guerra.

 

El 25 de mayo de 2008, en otro de sus consejos comunitarios, esta vez desde el municipio de Florida en el Valle del Cauca (una de las dos zonas que la guerrilla propone como”zona de despeje” para un posible acuerdo humanitario que permita la liberación de los secuestrados), el presidente Uribe llamó la atención del general Jesús Antonio Gómez Méndez para que arrestara a los congresistas que según él lideraron el movimiento indígena en el pasado: “son los mismos que estimulan las invasiones. Judicialícelos y métalos a la cárcel”, enfatizó el gobernante, en un claro pincelazo de autoritarismo.

 

En el mes de junio de 2008, un paramilitar ex miembro del Bloque Calima de las Autodefensas del Cauca distinguido con el alias de ‘Sancocho’, rindió versión libre en una Fiscalía de la ciudad de Medellín; allí contó que tenía ordenes de matar a simpatizantes de la guerrilla; para cumplir con el mandato, preparó una “cacería de brujas” y ejecutó por igual a indígenas y campesinos inocentes.

 

El antropólogo de la Universidad del Valle Rubén Darío Guevara, en su ensayo Desplazamiento indígena, conflicto interno… en el departamento del Cauca, cita las siguientes cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC): entre 2001 y 2003, 13 mil indígenas en Colombia huyeron de sus tierras. El año 2002, fue el de las mayores masacres, muertes y amenazas, con el consiguiente desplazamiento: lo hicieron 12.649 personas, el 1.5 por ciento del total de la población indígena del país.

 

Cuando la protesta social se criminaliza y judicializa, cuando el conflicto con los movimientos sociales se maneja con el código penal en la mano, el conflicto crece y la descendencia se vuelve más rebelde. En cualquier parte, la lucha por la tierra viene acompañada de represión y de asesinato de líderes, que muchas veces representan a los partidos de izquierda o a los sindicatos. Las tácticas del gobierno son la cooptación, la división y la represión.

 

La ACIN tiene en sus registros una detallada cronología de los muertos que la comunidad Nasa le ha ofrendado a la  guerra. Pero… en especial, hubo una época a la cual los indígenas paeces denominan La época del terror:

1991: El 16 de diciembre en la hacienda El Nilo  ubicada en el municipio de Caloto, 20 comuneros fueron asesinados por la fuerza pública pagada por paramilitares. Se conoce como la “La masacre del Nilo”.

2000: El 20 de diciembre en un falso retén, paramilitares asesinaron a ocho personas en Santander de Quilichao. Se conoce como la “La masacre de San Pedro”.

2001: Entre el 9 y el 16 de abril en la región del Alto y Bajo Naya, en el municipio de Buenos Aires, paramilitares asesinaron a más de 100 personas entre indígenas, campesinos y afrodescendientes; además desplazaron a más de 1000 pobladores. Se conoce como la “La masacre del Naya”.

2001: El 18 de noviembre en la vereda Gualanday,  del municipio de Corinto en el Cauca, paramilitares masacraron a 13 personas entre indígenas y campesinos, en otro falso retén. Se conoce como la “La masacre de Gualanday”.

 

¡Ah!, y los agrocombustibles

 

Como los indígenas están asentados en terrenos tan ricos en recursos naturales, hasta allí se desplaza la lucha armada. En otro más de sus habituales consejos comunitarios del presente año, el presidente Álvaro Uribe, manifestó que su gobierno a las empresas destinadas a la explotación de los agrocombustibles les va a exigir un certificado en donde se comprometan a no tumbar selva y a no afectar los alimentos. No obstante, la población desplazada teme que a su regreso —si regresan—, encuentren sus parcelas sembradas con monocultivos o uno de esos megaproyectos que en definitiva atenta contra su autonomía. El desplazamiento por demás parece estar forzado y asociado a intereses económicos: palma africana, madera y caña para producir etanol.

 

Un informe fechado el 28 de febrero de 2008, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuenta que los indígenas se han visto afectados por proyectos productivos impuestos sobre sus territorios colectivos. De un lado, por el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura como las represas, y del otro, por las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos. En ambos casos, causando un alto impacto en el medio ambiente.

 

La tecnificación que evidencian la agroindustria y la ganadería extensiva de la zona, no permite el empleo creciente de mano de obra, y se hace visible la concentración del ingreso. El Foro permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU celebrado en abril de 2008 en Nueva York, hizo claro énfasis en la destrucción que provocan los biocombustibles en las tierras y en las vidas de los indígenas. En Colombia las plantaciones de aceite de palma están hoy en tierras de familias desplazadas por la violencia. La Organización Survival, que apoya a los pueblos indígenas, ha venido advirtiendo que los biocombustibles tienen consecuencias para el medio ambiente, para el precio global de los alimentos y un efecto devastador para los pueblos indígenas.

 

La piedra de la discordia

 

El conflicto por la tierra desde siempre ha estado vigente en la agenda de los pueblos indígenas. Para la comunidad Nasa, un hecho ocurrido el 16 de diciembre de 1991 ha sido el símbolo de la lucha para recuperar “la Madre Tierra”. Ese día, un grupo de paramilitares en complicidad con fuerzas oficiales incursionaron en la finca El Nilo, en donde masacraron a 20 indígenas. El hecho fue conocido internacionalmente como “La masacre del Nilo”. En 1999 el gobierno del presidente Ernesto Samper reconoció la responsabilidad del Estado colombiano y le pidió perdón a la comunidad.

 

La finca El Nilo, desde 1987 estuvo ocupada por indígenas, quienes venían adelantando una negociación con el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Los propietarios de la finca no quisieron vender; más bien, decidieron que los indígenas deberían desalojar y pagar las mejoras; los ocupantes del predio  no aceptaron ni lo uno ni lo otro. Con el desacato vinieron las consecuencias: el lunes 16 de diciembre de 1991, se presentaron hostigamientos, amenazas y disparos, pero los indígenas se confiaron, entre otras cosas porque las comunidades llegaron para acompañar.

 

“Eran las 8:40 de la noche  —me cuenta Rafael Coicué (Coordinador del Tejido de Comunicación Nasa, quien estuvo presente en el episodio) — cuando llegaron policías y civiles armados. ‘Al que se mueva lo quebramos’ —dijo alguno— eran más de 100 personas y la mayoría salió en estampida. Sólo quedaron 20 que estaban confiados, en espera de que nada sucediera”. Rafael se descolgó por una pendiente hasta el río; en la parte de arriba se escucharon disparos y al rato la reverberación de los ranchos. Como a las tres horas, cuatro comuneros decidieron regresar; fue cuando Rafael tropezó con el cuerpo de Darío —su hermano de sangre— quien corrió la misma suerte de sus 19 hermanos de resistencia.

 

La CIDH consignó en el informe 114 del 28 de septiembre de 1999 la responsabilidad del Gobierno colombiano por la masacre y lo instó a cumplir con unos compromisos: una reparación individual que consiste en indemnizar a los familiares de las víctimas, y otra colectiva que consistía en adquirir 15.663 hectáreas de tierra (representa el ocho por ciento de su actual territorio) para apoyar el Plan de Vida Nasa. Han pasado nueve años luego del fallo de la Corte, y sólo se les ha cumplido parcialmente. Entre diciembre de 1991 y septiembre de 2005, las autoridades de los cabildos indígenas del Norte del Cauca  contaron 13 acuerdos.

 

El último acuerdo se presentó el 13 de septiembre de 2005 mediante el cual se creó la Comisión de Garantes para el cumplimiento de los acuerdos del Nilo. Actúan como mediadores la Procuraduría general de la Nación, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y el juez español Baltasar Garzón. Es un comité de acompañamiento que cumple la tarea de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos de tierras entre el Gobierno y los indígenas.

 

El diálogo con Manuel Ramiro Muñoz, (director del Departamento de Humanidades de la Universidad Javeriana de Cali, y representante en la Comisión del juez Baltasar Garzón) permitió aclarar que el Gobierno defiende su posición diciendo que el costo de la tierra es muy alto y los indígenas reclaman como prioridad que se negocien unos predios específicos. Entonces en cumplimiento de la mediación, la Comisión propuso calidad por cantidad, pero en otros resguardos. Ahí va el asunto. “El Gobierno de Álvaro Uribe apropió una partida presupuestal (2006-2007) de 21.300 millones de pesos destinados a la reparación integral del pueblo Nasa… en Europa es lo que el juez Garzón no entiende; está la plata”.

 

Gabriel Muyuy, el Defensor Delegado para los Pueblos Indígenas expresó que “Las autoridades indígenas quieren incluir predios simbólicos, pero el Gobierno dice que son propiedad privada y que los dueños no quieren vender”. El aspecto simbólico de las tierras radica en que los predios La Margarita, La Emperatriz (en esta finca se planeó la masacre según un paramilitar desmovilizado) y Guayabales fueron los sitios en los cuales los verdugos se reunían para entrenarse. Ezequiel Vitonás, delegado de Toribío en el Proyecto Nasa, justifica la inclusión de esos predios en el acuerdo de tierras “es una cuestión simbólica, de dolor y de reclamo”. 

 

En el Ritual de Liberación de la Madre Tierra, los indígenas ocupan los predios y arrancan siembras. Cortan caña y cultivan los productos para su subsistencia. Los capataces traen a la Policía a la que se enfrentan con piedra y garrote para no dejarse sacar. “Según las imágenes presentadas en una sesión de la Comisión Segunda del Senado, se observa que las agresiones son de parte y parte”, comentó Gabriel Muyuy. Esas mingas de resistencia son debatidas, organizadas y programadas en el seno del CRIC, en cuyo seno hay un Consejero representando a cada una de las zonas indígenas del Cauca.

 

En los tres frentes que el CIDH ordenó resarcir  a los indígenas, Ezequiel Vitonás cuenta que en un 80 por ciento se ha reparado a las familias, a la comunidad en un 73 por ciento (porcentaje de tierras entregadas), pero al apoyo al Plan de Vida no se le hecho nada. El líder indígena añade “En el Norte faltan 60.000 hectáreas de tierra y en todo el territorio Páez, 230.000”. No se necesitan cálculos muy avezados para concluir que con 4.263 hectáreas de tierra que faltan por entregar, el problema agrario y de subsistencia no se resuelve.

 

Un documento presentado por la ACIN enumera un total de 11.400 hectáreas entregadas a la fecha por el Gobierno en una zona de ladera que requiere de una alta inversión para hacerla productiva. La apreciación de los indígenas es que  “el Gobierno ha desinformado a la opinión pública al  manifestar contra toda evidencia haber cumplido”, y que cuando se identificaron los predios para adquirir, hubo excusas para impedir la compra de los mismos: amenazas a quienes deciden vender, que los predios son del interés de campesinos y comunidades negras, por impedimentos basados en los planes de ordenamiento territorial, o por el interés que tiene el gobierno de facilitar la entrada de las transnacionales a territorio indígena a través de leyes que les facilita hacerse a los recursos.

 

Por los compromisos adquiridos e incumplidos por el Gobierno, es que los indígenas paeces no desprecian oportunidad para ocupar algunos predios que se encuentran en el litigio. Cada ocupación supone una presión para un Gobierno que responde criminalizando al movimiento indígena y judicializando a sus comuneros. Esa ha sido la piedra de la discordia en los últimos años.

 

La reforma agraria

 

Un documento emitido por la Contraloría General de la República de Colombia citado por la comunidad indígena Páez en uno de sus informes, advierte que “La Reforma Agraria en el país después de 42 años de su gestión, no cumplió con el propósito de redistribución de la tierra pues ha sido de tipo marginal, por su mayor énfasis sobre la colonización de territorios baldíos en la periferia; después de 42 años, la Reforma Agraria solo ha beneficiado el 11 por ciento de las familias potenciales estimadas por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) a comienzos de los años 60, calculadas en 961.000”.

 

Esa posición fue reforzada por el columnista y escritor colombiano Antonio Caballero el 1 de marzo de 2008, en  la revista Semana, argumentando que en Colombia no se ha hecho ninguna reforma agraria, pero si varias contrarreformas  “por lo menos tres, y todas han tenido éxito: han logrado el objetivo que se proponían, que era la concentración creciente de la propiedad agraria, y la desposesión y expulsión (o exterminio) de los pequeños propietarios campesinos. Porque esas contrarreformas no se han hecho por métodos políticos, sino a bala. Y todavía estamos en eso”.

 

Hace poco, el anuncio del ministro de agricultura Andrés Felipe Arias en el sentido de entregarles a empresarios 17 mil hectáreas de la hacienda Carimagua, que debería ser utilizada por los campesinos desplazados, dejó con cajas destempladas a un sector de los colombianos. El Ministro anunció que en manos de la empresa privada se obtendrían jugosos dividendos y que éstos al poner la tierra a producir emplearían población desplazada. En el sentir del Gobierno, el campesino no es productivo porque no posee maquinaria, entonces mejor sería arrendar su fuerza de trabajo y dejar que la tierra sea explotada por el gran empresariado.

 

La oposición puso en entredicho tal posición, al manifestar que les quedó claro que para el gobierno primero está la rentabilidad que aliviar en el corto plazo la situación de desplazamiento. En igual sentido, haciendas y propiedades declaradas en extinción de dominio por pertenecer a narcotraficantes, nadie sabe cómo van a parar a manos de ellos mismos a través de terceros, en lugar de ser adjudicados a las comunidades desplazadas.

 

Movimientos sociales en América Latina

 

La profesora Maristella Svampa del Observatorio Social de América Latina en la VI Cumbre del Parlamento Latinoamericano (Caracas, jul. 31- ago.4/2007) al reflexionar sobre los movimientos sociales de América Latina, explicaba que los cambios en el orden económico partieron en la década del 70, con unas transformaciones sociales que fueron visibles hacia el 80, desembocando en la hiperinflación y en las reformas neoliberales de los 90 (privatizaciones, apertura económica y la desregulación laboral que incrementó la informalidad); la situación fue creando asimetrías de clase, asistencialismo y criminalización del conflicto, por lo cual florecieron los movimientos sociales.

 

En el escenario descrito por la señora Svampa se fue incubando el movimiento indígena Nasa colombiano. La diferencia entre éste y otros movimientos sociales de América Latina como los piqueteros (Argentina) y el Movimiento de los Campesinos Sin Tierra  del Brasil (MST), es que en el movimiento colombiano pesa más el sentido de la tradición y su cosmogonía; en últimas, la unidad que es la fuerza que de allí extraen para adicionarle a sus peticiones, mientras que los movimientos piqueteros y los Sin Tierra, en su mayor parte logran construir y defender su propia identidad, algunas veces influenciados por sindicatos o partidos políticos.

 

El caso de los Sin Tierra en el Brasil es que no sólo pretenden la tierra, también la transformación de la sociedad. Su consigna es: “La tierra es para el que la trabaja” que copió de la Comisión Pastoral de la Iglesia. Los Sin Tierra en el Brasil, adoptaron la política de “Ocupación como única solución”. Se instalaron en las periferias de las ciudades y ocuparon predios como protesta por la concentración de la tierra y por intentonas de reformas agrarias que se quedaron en el papel; fue cuando recrearon una reforma agraria a su manera. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), levantó al pueblo y derrocó a dos presidentes. El Movimiento al Socialismo (MAS), empujó a Evo Morales al poder, como defensa de los derechos de los trabajadores de la coca.

 

El proceso de movilización en Argentina comenzó con la última dictadura militar 1989-91. Con Menem en el poder, se profundizaron las políticas de apertura y para 1995 la recesión  dio al traste con el empleo. En 1996-97 comenzaron los primeros cortes de ruta, hasta 1999-2001, cuando la población que protestaba derrocó al gobierno.

 

Los signos de la enfermedad de los países latinoamericanos que evidenciaron el deterioro social fueron el incremento del PIB con aumento del desempleo, poca redistribución del ingreso, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la reconversión industrial que desplazó mucha fuerza de trabajo sin absorber mano de obra adicional.

 

 

Colombia en el contexto latinoamericano

 

En el entorno latinoamericano, el movimiento propuesto por el pueblo Nasa de Colombia, aunque en un tamaño a escala tiene semejanza con el de los aymaras de El Alto en Bolivia, catalogada como la ciudad más rebelde de América Latina. Es un movimiento con tradiciones rurales, que ha construido sus propias instituciones políticas, sociales y económicas; también su propia cultura. No tienen cubiertas sus necesidades básicas, pero sus fortalezas reflejan una sólida organización de base: juntas vecinales y asambleas con un amplio sentido de comunidad; crean formas de autogestión para no depender de las migajas que les asiste el estado. Ambos —el Aymara y el Nasa—, son procesos populares que buscan la autonomía.

 

El movimiento indígena Páez del sur de Colombia es parte del conflicto interno y del padecimiento social que precede sus reclamos. Hay que decir que el fin de un movimiento es el cambio social, para responder a las crisis políticas, económicas y culturales —y Colombia las tiene todas—. Es la lucha por reivindicar los derechos que ordena la Constitución, pero que el Gobierno cumple a regañadientes. Los indígenas se han hecho visibles en América latina, para reclamar autonomía en un marco de poca credibilidad en unos estados que no los representan.

 

No es fácil para los indígenas colombianos sobrevivir acorralados por el fantasma del terrorismo: el de las guerrillas, el de las fuerzas irregulares de derecha y el del Estado, al ‘amparo’ de leyes que cada día les cierran espacios para la protesta legítima, por aquello que el Gobierno llama seguridad democrática. Es cuando la protesta se reprime al judicializar a quien reclama, aprovechando que en las zonas habitadas por la comunidad Nasa hay presencia de grupos irregulares de izquierda para tildarlos de guerrilleros, para señalar a toda la población indígena.

 

En Colombia hay razón para el descontento: indígenas reclamando sus tierras y campesinos desplazados que no tienen garantía de regreso, y cuando lo hacen encuentran a otro dueño. Si el paramilitarismo se acabó como lo pretende hacer ver el Presidente, ¿por qué no se les garantiza a los desplazados el pronto regreso a sus tierras? Las violencias acumuladas en Colombia, han traído el descontento de los grupos vulnerables que en el caso de los Nasa, luchan por la tierra para reconquistar la soberanía alimentaria.

 

El futuro de la movilización indígena colombiana

 

Manuel Ramiro Muñoz, el académico ya citado, lleva 26 años haciéndole seguimiento al pueblo Nasa: “La fuerza del movimiento radica en su capacidad para resistir, en su autonomía, en la capacidad de anteponer la dignidad y en tratar de construir alternativa en el país”. ¿En qué momento se encuentra la Comunidad Nasa como movimiento? “En el momento más desfavorable de los últimos años, por la persecución, represión y los señalamientos”, contestó.

 

No hay claridad en que la vía campesina unida a la resistencia indígena del pueblo Nasa pueda establecer un vínculo de carácter fuerte que pueda inquietar las estructuras del Estado colombiano. En la década del 70 del siglo pasado se presentaron alianzas entre el movimiento indígena y la Asociación nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); esa experiencia hizo posible la aparición del CRIC en 1971.

 

La lucha organizada de los indígenas del Cauca sirvió como espejo para que otras organizaciones populares los emularan. Por eso en 1980 se iniciaron los proyectos comunitarios que hacen parte del plan de vida que diseñaron los indígenas paeces, en 1985 se creó la ONIC, en 1994 nace la ACIN para defender los derechos de las comunidades, y con la Constitución de 1991, alcanzaron algunos logros. Pero la articulación de la resistencia Nasa con otros movimientos populares parece no pasar de un saludo a la bandera y de meras cartas de solidaridad de las organizaciones agrarias para con el movimiento indígena.

 

Basta observar algunos datos  de demografía indígena en el continente americano para responder a la pregunta de por qué un movimiento social colombiano no ha prosperado en las necesidades urgentes del cambio social. Cifras de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), señalan que en ese país el 45 por ciento de la población es indígena. Según el censo oficial de Bolivia de 2001, el 62 por ciento de la población también lo es, mientras que en Colombia de acuerdo con el censo oficial de 2005 representa el 3.28 por ciento, porcentaje del cual sólo el 7 por ciento está organizado en pie de resistencia. Es decir, sólo el tres por mil de la población colombiana, ejerce militancia en un movimiento realmente organizado, que promueve la paz, la humanidad y el entendimiento civilizado.

 

En Colombia ningún movimiento social ha logrado consolidarse, los que se han atrevido, sólo han logrado algunas reformas. Como lo expresa Manuel Rozental, el líder Páez: ”Termina siendo la lucha de los movimientos sociales por negociar sus condiciones de sometimiento”. El movimiento indígena colombiano no es comparable, excepto en el deseo de superar la dominación, con el de sus pares del continente. No tiene la talla, por su número para derrocar presidentes, pero han ganado espacios políticos que lo hacen visible. Ha sido para ellos una lucha de largo aliento, en un escenario real; han puesto muchos muertos y los seguirán poniendo, hasta cuando el Estado les cumpla y los actores armados respeten sus derechos.

 

Vilma Almendra, miembro del Movimiento indígena colombiano, expresó para el Diario de Burgos Digital que desde la resistencia pacífica apuesta por un pacto entre indígenas, campesinos, personas de raza negra y sindicalistas para trabajar una agenda popular. Esa fuerza política tiene nombre propio: Polo Democrático Alternativo (PDA), el partido de izquierda que tiene la Alcaldía de Bogotá, concejales y diputados por todo el país, (con buenas posibilidades para competir por el poder presidencial en el corto plazo). —De nuevo acudo a Rozental—: “Si la agenda legislativa de la bancada se articula a la conciencia y a la movilización, el PDA y los movimientos sociales se fortalecen porque se necesitan mutuamente para construir una alternativa viable y para defenderse de la agresión del régimen”.

 

Con la liberación de Ingrid Betancourt se podría abrir un nuevo espacio, por su discurso social. Para los indígenas, la ex candidata presidencial, es como un tiro al aire, porque el discurso político con el cual se fue para el cautiverio, ya no es el mismo. En ese flanco prefieren que acabe de llegar; es decir, que defina su discurso. Pero no la descartan.

 

Los pueblos indígenas organizados siempre han visto la política como una vía para acabar con su unidad al crear división en sus comunidades. No obstante, la junta directiva de la ACIN, dejó muy en claro su posición política al respaldar decididamente en las últimas elecciones presidenciales la candidatura del doctor Carlos Gaviria Díaz, aspirante por el PDA. Pero dadas las pugnas internas de un partido con más caciques que indios, pareciera que ese anhelo de unirse a la democracia representativa sería aplazado. De una u otra forma los indígenas de la comunidad Nasa de Colombia saben que solos no pueden construir un proyecto diferente; parecen estar a merced de algún partido que tome sus banderas, o a ser exterminados.

 

Cada comunicado del Tejido de Comunicación Nasa (por su proyecto) y Páez (por su etnia) es de máxima alerta, parece la “crónica de una muerte anunciada”, por eso en sus mensajes claman a la humanidad para que los apoyen en su proceso por recuperar a “la Madre Tierra”. “Lo que debe ser todavía no existe más que en nuestro compromiso, en la memoria y en lo que tenemos que inventarnos para abrir el camino”. Pensaría uno: ¿hasta cuándo resistirán? O… ¿acaso seguirá siendo una lucha entre sus espíritus y el egoísmo terrenal?

 

-  Juan Eugenio Ceballos es un periodista colombiano que participó en el taller virtual Periodismo, Medios de Comunicación y Movimientos Sociales en América Latina, recientemente organizado en Argentina por el Portal de Estudios en Comunicación y Periodismo (PECyP).

 



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