Recursos naturales y racionalidad económica global: el síndrome peruano - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2008-04-28

Peru

Recursos naturales y racionalidad económica global: el síndrome peruano

Walter Chamochumbi
Clasificado en: Estado, Globalizacion, MedioAmbiente, Agro, Desarrollo, RecursosNaturales,
Disponible en:   Español       


A contracorriente de lo que hoy en día pareciera implícito percibirsede los beneficios que supone el proceso de globalización -siguiendo la ola del llamado pensamiento único-, diferentes estudios de conocidos investigadores y analistas de tendencia liberal y reportes técnicos muy serios de entidades independientes, nos advierten que con la expansión del sistema capitalista y la preeminencia de su racionalidad económica sobre el uso, propiedad y control de los recursos naturales, resultan crecientes las asimetrías e inequidades en los niveles de desarrollo y subdesarrollo -y en materia ambiental- alcanzados por los países, al norte y al sur respectivamente.

 Perú: ¿paradoja del crecimiento sin desarrollo?
 
Es lo que parece ocurrir en el caso peruano: una singular paradoja en la relación crecimiento-desarrollo, justo a propósito del inagotado debate entre las corrientes ideológicas de derecha e izquierda, en torno a si efectivamente el crecimiento económico y el libre mercado resultan medidas suficientes para impulsar el desarrollo nacional. Y es que al respecto los análisis son contradictorios -a partir de 1990- cuando se aplicó el modelo económico neoliberal. Porque desde entonces los indicadores de crecimiento económico han mejorado en forma notable, en especial durante la última década. Así, el 2007 y a inicios del 2008, el PBI peruano alcanzó y superó el 8% de su crecimiento, y en el último quinquenio su tasa de crecimiento en el PBI anual ha estado arriba de la tasa de crecimiento promedio del PBI latinoamericano.

En ese contexto, el Perú ha sido considerado recientemente por organismos internacionales especializados como uno de los países con economía emergente y de mayor crecimiento en la región (incluso acaba de recibir la calificación de grado de inversión). No obstante también ha sido considerado como uno de los países con mayores niveles de desigualdad social y económica, donde sus políticas e institucionalidad en materia ambiental y social han resultado relativas -e incluso permisivas- respecto a la situación de deterioro de sus recursos naturales y de cuidado ambiental, así como en el manejo de crecientes conflictos sociales generados en el entorno territorial de las comunidades campesinas y nativas de las diferentes regiones, en desmedro de las facilidades e incentivos otorgados a los operadores externos para la extracción de estos recursos. Es lo que vemos ocurre en el sector minero: considerado hoy el sector más dinámico de la economía nacional y el de mayor aporte al PBI, a la vez que el sector generador del mayor número de conflictos socioambientales con las poblaciones en su entorno de operación (como así lo confirman informes de la Defensoría del Pueblo, del 2007).
 
Mientras, de un lado, resulta notable la evolución del crecimiento de la economía peruana en los últimos años; del otro lado, pareciera que su escenario de desarrollo no ha cambiado en forma significativa, sobre todo si observamos la relación campo-ciudad y los niveles de desigualdad existente entre las regiones de costa, sierra y selva (como así lo confirman sus bajos Índices de Desarrollo Humano). En la última década se reporta que el nivel de pobreza nacional habría disminuido entre 5 a 10%, estimándose que la pobreza actual bordearía el 45% de la población nacional (cerca de 12 millones de peruanos pobres), sin haberse reducido la pobreza extrema.
 
Las cifras oficiales de pobreza nacional han sido cuestionadas por los especialistas ante los cambios realizados en los métodos de medición de la pobreza por funcionarios del gobierno actual. Sin embargo, más allá de la variación porcentual en las cifras, lo cierto es que el escenario de crecimiento y desarrollo nacional es muy desigual, desde 1990 a la fecha, cuestionando en forma objetiva la validez de la hipótesis del “chorreo económico” que fuera sostenida por los políticos y funcionarios neoliberales que han sobrevivido a los últimos cuatro gobiernos, desde Fujimori a García: quienes afirmaron que con las medidas de ajuste estructural del modelo económico se llegaría “de a pocos” a extender los beneficios del crecimiento de la economía hacia los sectores más pobres y excluidos del país. Cuando lo cierto es que esto no ha ocurrido así, aunado a los insuficientes montos de inversión pública destinados a los programas sociales de lucha contra la pobreza, y en medio de los vaivenes políticos de los últimos gobiernos.
 
¿Pero cuál es la causa de esta aparente paradoja de crecer sin desarrollar (o desarrollar muy poco) en el caso peruano? Existen causas estructurales que lo explican, sin embargo, en lo fundamental se debe a la incapacidad de los gobiernos sucesivos para enfrentar con responsabilidad política y compromiso social de cambio lo que se sabe sigue siendo uno de los problemas centrales del modelo de desarrollo económico actual: la distribución del ingreso nacional y la desigualdad y exclusión social.
 
Modelo extractivo-exportador peruano: una constante en la región
 
Diversos analistas han coincidido en señalar que el promisorio crecimiento de la economía peruana ha seguido en general la tendencia histórica de los países de la región, basados en un modelo exportador primario de recursos naturales y principalmente de recursos no renovables como minerales, petróleo y gas. Es por ello que las críticas se reiteran en el sentido que este modelo no promueve procesos de desarrollo a largo plazo, sino al contrario,  adoleciendo de serias debilidades como las que a continuación señalamos1:
 
1)       Su dependencia de la fluctuación (volatilidad) de los precios en los mercados financieros internacionales para las materias primas que exportan: el caso de los minerales.

2)      
La desincentivación fáctica al crecimiento y desarrollo de la industria transformadora nacional.

3)      
Las enormes expectativas de beneficio que se derivan de las diferentes modalidades de explotación de recursos naturales y que inducen a un comportamiento compulsivo en los sectores empresariales, públicos y políticos tras objetivos perversos de la economía global. Es decir, de aquellos objetivos que analizados en su racionalidad económica extrema (desprovista de otros criterios de análisis social, ambiental o ético), producen los efectos e impactos más negativos en la sociedad y el ambiente: el denominado “capitalismo salvaje”.2

4)       El enorme costo ambiental que puede implicar la explotación intensiva (e irracional) de recursos naturales, en especial cuando no existen -o son muy relativas o permisivas- las políticas ambientales, las leyes, las normas, los reglamentos y los diversos mecanismos de regulación y control en materia ambiental a nivel nacional y de los vinculantes a nivel internacional.

5)     
La debilidad de las instituciones, la mayor corrupción y menor voluntad política y compromiso democrático de los gobiernos, el centralismo, la no planificación del desarrollo a largo plazo a cambio de las políticas de corto plazo y de corte populista, la persistente inequidad en la distribución del ingreso y la exclusión social, la burocracia, el verticalismo y la poca transparencia de la gestión pública con las organizaciones de la sociedad civil, etc.

Pero las debilidades del modelo extractivo-exportador peruano evidencia un comportamiento extendido en Latinoamérica, y que lamentablemente se ha caracterizado por la feble condición ideológica y el precario compromiso político de las clases gobernantes y dirigentes que hemos tenido por décadas en nuestros países, sin que hayan sabido aprovechar –en forma sostenible- los recursos naturales, ni menos que hayan regulado su uso -en tanto recursos estratégicos de cara a una economía abierta-, ni mucho menos que hayan priorizado la redistribución de los beneficios obtenidos por su explotación con los sectores más pobres y excluidos de cada país.
 

Ahora bien, sobre las implicancias del proceso de globalización económica en los diferentes campos, tocamos lo relativo a política e institucionalidad ambiental y acceso, uso y control de recursos naturales. Y es en ese marco que notamos algunas diferencias interesantes en los modelos de desarrollo y los procesos políticos y sociales que se vienen ensayando en la última década en países como Bolivia, Ecuador, Chile, Venezuela o Perú, para citar las experiencias recientes y algunas controversiales. Es así que las decisiones políticas y técnicas aplicadas en cada país se han venido contrastando y decantando –en el plano económico, social y ambiental-, desde aquellos gobiernos que han conceptualizado a los recursos naturales -en un sentido amplio- como “bienes” de interés nacional, de aquellos que los han conceptualizado como “mercancías” -factores de existencia física necesarios para un proceso productivo-extractivo- transables en el mercado global.

 Al respecto reconocidos especialistas internacionales han advertido que entre los factores más importantes de perturbación del equilibrio de los ecosistemas está el proceso de acumulación capitalista y la racionalidad eminentemente económica de los modelos de desarrollo aplicados por los países y su lógica de explotación de recursos naturales. Por ello se afirma que de seguir priorizándose de forma irrestricta las leyes que rigen al libre mercado, sin establecerse mecanismos de regulación ni sopesarse otros criterios de valoración en el campo social, ambiental y ético, y sin aplicarse políticas redistributivas, de inclusión y equidad social se hará inviable la concreción de un modelo de desarrollo sostenible país.3 Crítica que -de otro lado- no debiera implicar desconocer que el crecimiento económico y la apertura comercial de un país resultan medidas importantes –pero no las únicas- para impulsar su proceso de desarrollo en el contexto global. La cuestión es entender que tales medidas constituyen un medio y no un fin, y que además  deben integrarse con otras medidas de política social y ambiental.
 
Mientras tanto, constatamos que problemas de escala global como el cambio climático y la degradación de recursos naturales, la mayor pobreza y la desigualdad social han desvirtuado la tesis liberal de que sólo el crecimiento económico y el libre mercado resolverían a largo plazo la contradicción entre capital natural y económico. Porque al respecto incluso organismos como el Banco Mundial y otros se han visto obligados a relativizar tal premisa. Además, lo anterior coincide con los asimétricos escenarios de desarrollo de los países y con las crecientes críticas y múltiples movilizaciones de protesta desde la sociedad civil mundial respecto al rol de la economía y comercio global y los límites del crecimiento y los estilos de desarrollo de los países al norte y al sur, así como de la lógica de acumulación capitalista y de sus implicancias controversiales respecto al cuidado ambiental y la mayor asimetría e inequidad social. 
 
Es por ello que hasta hoy pareciera que el modelo neoliberal ha sido incapaz de readecuar su marco teórico-práctico para internalizar e instrumentalizar variables e indicadores de tipo ambiental y social, al mismo nivel que la económica, en la perspectiva del desarrollo sostenible. Por eso se cuestiona que en tanto no se redefina su matriz teórico-conceptual, difícilmente se darán cambios estructurales en los procesos de desarrollo sostenible de los países, quedándose la propuesta en el plano declarativo. Y es a propósito del término desarrollo sostenible que varios analistas han advertido sobre la necesidad de deslindar con la etiqueta global con que ahora se suele manejar este término, ya que por su generalidad y ambigüedad conceptual ha venido enmascarando contradictorias posiciones ideológicas e impidiendo viabilizar sus postulados centrales en pro de un desarrollo alternativo a escala humana.
 
Recursos naturales y desarrollo sostenible: el síndrome peruano
 
Comentamos brevemente los artículos periodísticos escritos por el presidente Alan García, dos el 2007 y el tercero el 2008, de los cuales el primero (“El síndrome del perro del hortelano”) quizá resulte el más importante de la saga, porque marcó el rumbo de la posición ideológica conservadora asumida por el gobierno aprista. En dicho artículo el presidente García sostiene enfáticamente, que si los peruanos no han aprovechado su enorme riqueza natural para salir del subdesarrollo es a causa principal de padecer una rara sintomatología emocional e ideológica (retrógrada) que ha denominado como “síndrome del perro del hortelano”; y que constituye su particular análisis sobre cierto sentimiento de frustración y de inmovilismo ideológico que atribuye suelen padecer los peruanos, motivados por la aparente envidia que sienten contra otros peruanos o extranjeros exitosos en el país, ante la imposibilidad de realizar sus propias aspiraciones y proyectos: “ni comen ni dejan comer”.
 
Es en base a este somero diagnóstico de las complejas causas del subdesarrollo peruano, que el presidente García basa su argumentación ideológica para: 1) proponer la urgente necesidad de “poner en valor los recursos naturales ociosos” (en particular los que se encuentran en territorios de las comunidades campesinas y nativas), 2) impulsar la privatización de la tierra a mayor escala (lo que supondría un proceso de recomposición de la propiedad de la tierra), y 3) brindar mayores facilidades e incentivos para incrementar la inversión extranjera en el país (además de las facilidades ya otorgadas desde 1990, que no han sido pocas) junto con otros planteamientos de marcado corte neoliberal, para así avanzar de forma inexorable en lo que postula como “su visión de modernidad, progreso y desarrollo nacional”.
 
Es a tenor de esta postura presidencial que se ha generado un inusitado y acalorado debate nacional entre las diferentes corrientes ideológicas y políticas -a favor y en contra-, expresados a través de diversos medios; sin embargo, resulta difícil sustraerse de coincidir con los que han señalado de forma objetiva que tales ideas ni son tan nuevas ni ciertas en el debate nacional e internacional, que ya cuenta con cerca de dos décadas de discusión sobre el tema, principalmente entre los sectores que podríamos denominar progresistas, ambientalistas o ecologistas y los sectores desarrollistas, economicistas y ahora neoliberales. En tal sentido, entendemos que si bien el tema es controversial las posiciones en debate se han tergiversado  innecesariamente, incluso descalificándose a quienes -por ejemplo- no han seguido la línea de pensamiento presidencial. Lo cierto es que lamentablemente se ha satanizado por igual a todos sus críticos, evidenciando con ello intolerancia política y falta de apertura democrática para comprender la dimensión real del problema.     
 
Mientras tanto, el debate se mantiene entre quienes sostienen: de un lado, que es el Estado quien debe intervenir en regular el mercado e invertir en conservar el capital natural y potenciar su capital social, y garantizar el soporte de la vida con libertad y equidad como factores fundamentales del desarrollo sostenible. Y del otro lado, de quienes sostienen -paradójicamente con el mismo argumento conceptual del desarrollo sostenible-, que al contrario el Estado no debe intervenir en regular el mercado ni invertir de forma preponderante en conservar el capital natural ni potenciar su capital social, sino de forma subsidiaria, dejando al libre mercado y al crecimiento económico per se que cumplan su papel motor del desarrollo. Esta última posición de plena coincidencia con las propuestas neoliberales esgrimidas por el presidente García y avalada por los sectores más conservadores del país.
 
La cuestión es que en razón de lo expuesto sobre las corrientes ideológicas preeminentes en el contexto económico global y nacional, y a la luz del muy complejo y contradictorio escenario ambiental y social que vive el país, creemos que lo sustantivo sería analizar con mayor  profundidad y responsabilidad política las siguientes interrogantes: ¿Cuáles deben ser los nuevos términos de relacionamiento entre los recursos naturales, el cuidado ambiental y las políticas económicas y sociales, de cara a una economía abierta, pero visionados hoy en la imperiosa perspectiva de avance al desarrollo sostenible? ¿Cómo conciliamos el aprovechamiento sostenible de recursos como: atmósfera, agua, suelo, bosques, peces, yacimientos mineros, petróleo, gas, etc., con el uso racional de maquinaria, infraestructura, mano de obra, conocimientos, tecnologías, etc.? ¿Es posible entonces resolver la contradicción principal entre capital natural y económico, a partir de cambiar el enfoque tradicional de desarrollo (economicista)?
 
Abocarnos a resolver estas interrogantes para el caso peruano, nos exige tener la certeza de que no se trata de un problema en estricto técnico, como suelen hacernos creer los técnicos y funcionarios neoliberales del actual gobierno (y de los anteriores). Es lo que sucede –por ejemplo- con el discutido proyecto de creación del Ministerio del Medio Ambiente, cuya concreción final podría implicar un avance importante para el desarrollo sostenible país, además de la posibilidad de que por fin se pondría al Perú a tono de la tendencia de los países de la región, que aún con diversos grados de dificultad, algunos ya vienen dando pasos importantes al tratar de asumir mayor responsabilidad política en torno a la problemática de la gestión ambiental nacional y del cuidado de sus recursos naturales (como se puede observar viene ocurriendo en los casos de Bolivia o Ecuador).

Ahora bien, que si en el caso peruano es pertinente la creación de un Ministerio Ambiental o una Autoridad Autónoma Ambiental, sea a través del Poder Ejecutivo o del Congreso de la República, podría resultar una cuestión adjetiva si antes no se analiza con mayor profundidad el complejo escenario nacional en el cual se gestará su creación. Sobre el particular diversos especialistas y organismos ambientales vienen aportando al debate, por lo que sólo señalaremos algunos elementos: 1)los crecientes conflictos de las poblaciones locales con los operadores externos de proyectos extractivos de recursos naturales en las diferentes regiones, ante la débil presencia y  tratamiento inadecuado de estos por parte del Estado; 2)los niveles persistentes de pobreza y las expectativas y críticas de los diferentes gobiernos regionales sobre el proceso de descentralización conducido por el gobierno aprista; 3) su aparente desinterés en activar el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; 4)la forma como viene negociando los nuevos tratados de libre comercio, en el marco de la continuidad de la política económica neoliberal; 5)su marcado conservadurismo y relativa capacidad de autocrítica y de apertura con los sectores de la oposición; y 6)los crecientes niveles de corrupción que viene presentando en sus diferentes ministerios. Así pues estos y otros elementos del contexto y del manejo de la cosa pública merecen especial atención, porque implican un conjunto de reformas urgentes para lo que podríamos llamar el síndrome peruano, indicándonos lo relativo que podría resultar una medida tan importante como la creación de una entidad ambiental nacional competente si antes no se aborda el conjunto.       
 
En ese sentido hay que tener en cuenta que la problemática de la gestión ambiental nacional y del cuidado de los recursos naturales, involucra antes  un lineamiento de política de Estado –desde el interés nacional y la seguridad y bienestar de las grandes mayorías, y en el marco de la definición del modelo de desarrollo sostenible país que queremos seguir-, para luego aplicar las medidas técnicas más convenientes en materia económica, social y ambiental

Notas

1 Ver “La maldición de los recursos naturales en el Perú: alcances de una hipótesis controversial”, artículo de Walter Chamochumbi, publicado en Ecoportal (http://www.EcoPortal.net), julio 2007.

  2 Esto no tiene que ver con que el capitalista sea en general un persona buena o mala, desde una apreciación subjetiva, moral o religiosa (a pesar que al parecer la iglesia católica considera ahora como nuevos pecados capitales al que contamina el ambiente, o al que genera pobreza), sino que tiene que ver mas bien con el comportamiento derivado de su pensamiento y lógica de acumulación de la riqueza.
 
 3  Ver “Ecosistemas y Dinámicas Sociales: Nuevos Desafíos para la Ecología y el Desarrollo Sostenible”, artículo de Walter Chamochumbi, publicado en Ecoportal (http://www.EcoPortal.net),2007.

Walter Chamochumbi
 Mag. Ing. Agrónomo, Consultor en Gestión Ambiental y Desarrollo


http://alainet.org/active/23741&lang=es




[Página de búsquedas]  [Página principal]  [Main Page]  [Regresar]
Quienes somos | Área Mujeres | Minga Informativa de Movimientos Sociales