ALAI, América Latina en Movimiento
1998-11-11
Represas hidroeléctricas: ¿El fin justifica los medios?
Eduardo Tamayo G.
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En los últimos cincuenta años se han construido 40.000 grandes represas en el mundo. En sus
inicios, estas obras tenían poca o ninguna oposición puesto que los objetivos planteados (dotar de
energía eléctrica, prevenir inundaciones y aprovisionamiento de agua) aparecían como plausibles y
legítimos. Sin embargo, desde la década de los setenta se comienza a evidenciar las graves
consecuencias ecológicas, sociales y económicas que ocasionan estas construcciones.
Millones de viviendas quedaron bajo el agua de los reservorios y millones de personas perdieron
sus tierras, bosques y otros recursos esenciales para su subsistencia. Muchos fueron reubicados,
pero otros se vieron obligados a emigrar a las grandes ciudades, donde se agudizaron los problemas
de pobreza, desempleo, violencia y carencia de servicios básicos.
Ecosistemas arruinados, comunidades desarraigadas y economías locales destruidas, constituyen
razones suficientes como para que los afectados/as se organicen, luchen y cuestionan este tipo de
obras. Es que éstos, comenzaron a constatar que los propósitos originales, en muchos casos, se
cumplieron solo a medias.
En América Latina, poblaciones campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras han sido
impactados por las represas (o están a punto de serlo), como a continuación reseñamos.
Honduras y El Salvador
En la zona limítrofe entre El Salvador y Honduras se construye, a un costo de 1400 millones de
dólares, la represa hidroeléctrica El Tigre para dotar de energía a los dos países. 14.000 familias
deberán abandonar las tierras en las que han nacido y vivido por decenas de años, puesto que se
tiene previsto inundar extensas áreas agrícolas y ganaderas.
Otro de los proyectos que se ejecuta en Honduras, el Patuca II, a cargo de la empresa Panda
Patuca Power Company, afectará a la reserva indígena Tawahka y a la biósfera del Río Platano y a
las comunidades del Corredor Biológico Mesoamericano, el que, por su riqueza natural,
arqueológica, cultural y científica, ha sido declarado patrimonio de la humanidad.
Colombia
La represa hidroeléctrica de Urrá en el Departamento de Córdova, ubicada cerca a la costa del
Caribe, afectará a tres mil indígenas Embera Katio que habitan en la cuenca alta del río Sinu.
Las comunidades indígenas no solo se quedarán sin su principal sustento alimenticio, la pesca, sino
que perderán la comunicación fluvial con los centros de mercadeo. Con el llenado de las 7.400
hectáreas del embalse de Urrá, otras 10.000 personas de las orillas del medio y bajo Sinu que
también viven de la pesca, perderán su principal fuente de ingresos.
En el financiamiento y construcción de esta represa tiene una fuerte incidencia el capital extranjero.
En efecto, la empresa URRA S.A., de propiedad estatal -y próxima a ser privatizada- contrató a la
firma sueca Skansa para la construcción y a la rusa Energomachiexport para dotación de la
hidroeléctrica, en tanto que la financiación corrió a cargo del Nordik Investment Bank NIB de
Suecia y del Export Develpment Corp. EDC de Canadá.
Los indígenas, tras la toma de la embajada sueca en 1996, lograron que la empresa URRA S.A., les
reconociera, entre otras compensaciones, una participación en los ingresos por generación de
energía eléctrica. Sin embargo, la empresa, por petición del Ministerio de Minas y Energía, se ha
negado a cumplir el acuerdo, por lo que los indígenas interpusieron ante la Corte Constitucional
una acción judicial de tutela para preservar sus derechos. Luego de conocer el caso, este
organismo dispuso la suspensión provisional de la inundación del embalse.
La lucha indígena, que impulsa la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, se ha visto
ensombrecida por la guerra sucia que protagonizan los grupos paramilitares: el 25 de agosto de
1998, luego de conocerse el fallo de la Corte, fue asesinado el anciano Alonso Domico Jarupia,
líder de los Embera Katio. Igualmente, la sede la ONIC ha sido hostigada en forma permanente y
sus asesores amenazados de muerte.
Chile
En Chile, las 6 represas en construcción en la cuenca superior del río Bío Bío, al sur del país,
inundarán 22.000 hectáreas, provocando graves impactos en el ecosistema y en la vida económica,
cultural y social de los 10.000 Mapuche-Pewenches que habitan la región.
Uno de estos proyectos, la central hidroeléctrica Pangue, ya ha sido ejecutada por intermedio de la
empresa española ENDESA. Con el objeto de impedir la construcción de las otras cinco represas,
los mapuches y grupos ecologistas llevan a cabo constantes movilizaciones y una campaña nacional
e internacional con la que defienden "la madre tierra, la vida, la cultura, la flora, la fauna y el bien de
la humanidad".
Argentina
"La destrucción del medio ambiente significa nuestra propia destrucción", es el lema de las
comunidades que se oponen a la construcción de la represa hidroeléctrica Segunda Angostura en el
Río Limay y Parque Nacional Nahuel Huapi, al sur de Argentina.
Este proyecto implicaría la desaparición del río Limay, desde su nacimiento hasta Segunda
Angostura, y la transformación de los lagos naturales Nahuel Huapi, el Moreno y El Correntoso en
embalses artificiales. De ponerse en marcha este proyecto, provocaría cambios en la flora y fauna,
y en los patrones de comportamiento de las aguas subterráneas, de la erosión y acumulación de
sedimentos.
Además de ello, la represa afectaría a las localidades de Bariloche, Villa La Angostura y Dina
Huapi, que viven casi exclusivamente del turismo, ya que no solo se degradarían sino que
desaparecerían las "materias primas" de la industria turística, es decir el valor paisajístico, el
ambiente inalterado por el hombre y las áreas de pesca deportiva, que son precisamente los
principales atractivos de la región.
Quienes se oponen a esta represa aducen que ésta no se justifica desde el punto de vista económico,
pues aportaría niveles mínimos de energía al país, calculados en menos del 1% del consumo
nacional.
Brasil
Actualmente se construyen 50 grandes hidroeléctricas, que afectan a 50.000 familias. El Estado
brasileño tiene previsto ejecutar, hasta el año 2015, 494 nuevas hidroeléctricas, lo que provocará la
expulsión de 250.000 familias.
La construcción de los grandes complejos hidroeléctricos se inició en Brasil en la década de los 70
con la finalidad de generar energía para el rápido proceso de industrialización. En ese entonces, se
consideró necesario la expropiación de grandes áreas, y en un tiempo relativamente corto,
poblaciones enteras fueron obligadas a abandonar sus viviendas, sus tierras y sus trabajos. Desde
entonces, se han agudizado los conflictos sociales como la migración y el desempleo, fenómenos
que ha ido acompañados con un proceso de pérdida de identidad y de las raíces culturales.
A medida que avanzaban las grandes construcciones, los afectados comenzaron a organizarse y a
luchar. Las acciones regionales que se inician a comienzos los setenta, dieron un salto adelante en
1989, al conformarse una instancia de articulación nacional denominada Movimiento de Afectados
por las Represas, MAB.
El MAB, desde entonces, ha conseguido algunos logros como la suspensión de la construcción de
algunas represas, indemnizaciones justas y reasentamientos en nuevas áreas, en condiciones
aceptables para vivir y producir.
Represas y capital
Los problemas relacionados con las represas se agravan con la propagación en todo el planeta de
las políticas neoliberales y privatizadores que solo tienen en cuenta la "eficiencia" y los altos niveles
de rentabilidad del capital internacional involucrado en las hidroeléctricas, ignorando las
consideraciones de orden ecológico, social y étnico.
Mientras en los países desarrollados se toma conciencia sobre la naturaleza destructiva de las
represas y disminuye su ejecución, en el sur del planeta estas obras continúan viento en popa. Cada
año de los noventa, se construyeron en promedio 260 represas. "Un importante motivo -señala el
MAB- para la construcción de las grandes represas en una escala tan grande es que los principales
financistas mundiales (las agencias multi y bilaterales) continúan promoviéndolas como un
espectáculo económico para los países en desarrollo y apenas se acuerdan de las evidencias de su
pobre rendimiento. A despecho de los millones de dólares que invierten en las represas, estas
agencias jamás hicieron un estudio completo y eficiente de los efectos ecológicos, económicos y
sociales de las represas que financian".
Sociedad civil y Banco Mundial
ONGs ambientalistas, en reuniones llevadas a cabo en 1988, 1990 y 1992, plantearon la necesidad
de hacer evaluaciones independientes y demandaron del Banco Mundial la moratoria de los
financiamientos para este tipo de obras.
De igual forma, representantes de los pueblos afectados por las represas de 20 países, convocados
por el MAB, se reunieron en marzo de 1997 en Curitiva, Brasil. Al término de este evento
exigieron una moratoria en la construcción de las represas y el establecimiento de una comisión
internacional que permita una evaluación y revisión de los grandes proyectos.
Las críticas de la sociedad civil condujeron a que el Banco Mundial iniciara, en 1995, una
evaluación de las grandes represas financiadas por el Banco . En 1997, conformó una comisión
mundial compuesta por 11 miembros, de los cuales 4 representaban a los pueblos afectados. El
MAB, que en principio estuvo participando en estas reuniones, se retiró aduciendo que el interés
del Banco Mundial era legitimar, con los criterios de la sociedad civil, las grandes construcciones, y
que la comisión internacional, sin la participación de los pueblos afectados, estaba destinada al
fracaso.
En el plano propositivo, el MAB señala que "hay muchas evidencias que sugieren que las
necesidades supuestamente resueltas por las grandes represas, pueden ser satisfechas por otros
medios. El agua para las áreas secas e inclinadas puede ser provista en forma más rápida, barata y
equilibrada por pequeñas empresas que usen técnicas tradicionales o modernas, y aún que
combinen ambas. Todos los países tienen un alto potencial de energía que puede ser optimizado a
través del ahorro y la eficiencia. Los costos de la energía reaprovechada, especialmente del viento
y el sol, que actualmente se está usando mucho para varios usos y áreas son menores que la
hidroelectricidad". Buenos argumentos para reafirmar que, en el caso de las represas, el fin no
justifica los medios.
Publicado en América Latina en Movimiento, No. 283: http://alainet.org/publica/283.phtml
http://alainet.org/active/199%E2%8C%A9=es
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