Ecuador: La deuda externa y los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el BM - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2001-11-01

Estudio de Caso

Ecuador: La deuda externa y los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el BM

Alberto Acosta
Clasificado en:   Política: Estado, Legislacion, |   Internacional: Internacional, Globalizacion, |   Economía: Economia, DeudaExterna, InstitucionesFinancieras, |
Disponible en:   Español       
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"Aborrezco más a las deudas que a los españoles"

Simón Bolívar



Antecedentes

La deuda externa resulta eterna.1 Sus dificultades son tan antiguas como la formación de muchas repúblicas latinoamericanas a principios del siglo XIX. Las soluciones, impulsadas y controladas por los acreedores, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Es más, teniendo a Ecuador como ejemplo, lo han agravado: véase el tan promocionado acuerdo Brady de 1995 que no duró 5 años o los 7 inútiles arreglos con el Club de París desde 1983, que no impidieron una nueva moratoria en 1999 (impulsada curiosamente por el propio FMI); "soluciones" que a la postre ahondaron la crisis.

La deuda es un mecanismo de exacción de recursos desde los países pobres y de imposición de políticas desde los países ricos. La deuda ha sido y es, en términos de Karl von Clausewitz si hubiera abordado las finanzas y no la guerra, la continuación de la política con otros medios. Desde esta lógica la gestión de la deuda externa engarza con otro axioma del propio Clausewitz, según el cual la deuda es un acto de violencia cuyo objetivo es forzar al país deudor a hacer la voluntad de los acreedores. Entonces, la deuda no solo frena el desarrollo por su carga de obligaciones, sino que abre la puerta a las influencias y aún a la directa intervención de poderes extranjeros en los asuntos de los países subdesarrollados endeudados. Desde esa perspectiva, cabe replantear las alternativas reconociendo el carácter global del reto de la deuda externa, que no pueden quedarse en simples acciones discursivas o en parches aislados.

Para entender la lógica de la deuda externa, en consecuencia, hay que estudiar su contexto sistémico. La deuda en sí es otra manifestación de la evolución del propio sistema capitalista. Y como tal las crisis de deuda se suceden cíclicamente, con una serie de elementos nuevos y otros que ya se vivieron en épocas anteriores.

La deuda, para empezar, no puede tratarse exclusivamente en el ámbito de lo financiero, resaltando sus aspectos técnicos. Hay que tener conciencia que no se llegó al endeudamiento externo simplemente por la escasez de capitales, es decir porque el ahorro interno de los países empobrecidos es insuficiente y porque eso obliga a recurrir al ahorro externo, como un complemento financiero. Esa visión esconde una posición tecnocrática y una posición política ideologizada. Aunque hay que poner este aspecto en la mesa, no hay que centrarse sólo en él.

Otro problema importante es el desperdicio de los recursos contratados, pues la ineficiencia es compañera inseparable de las crisis de deuda externa. A esto se suma la corrupción en la que los deudores no son los únicos actores, pues desde el lado de los acreedores ésta ha sido potenciada por las prácticas financieras y por los marcos jurídicos que, por ejemplo, permiten descontar de los impuestos en los países industrializados todos aquellos rubros orientados a "aceitar" las negociaciones internacionales. Sin embargo, sin desconocer factores como la corrupción y la ineficiencia, cabe tener conciencia de que los problemas del sobreendeudamiento tampoco se entienden solo desde esa perspectiva. Es más, las crisis de deuda no constituyen hechos aislados o nuevos, registrados en algunos países.

La deuda tiene orígenes sistémicos y por tanto sus crisis son cíclicas. No son crisis que se originan simplemente en los países donde se contrata la deuda; la deuda en sí está vinculada con los ciclos de evolución del sistema capitalista y por tanto responde en gran medida a las necesidades de acumulación de capital. En términos históricos, entonces, se constata la existencia de crisis de deuda recurrentes: 1825, 1870-1890, 1930, 1982... Por lo tanto, la contratación y aún el uso de créditos externos no dependen solamente de la voluntad de un gobierno y de la necesidad de recursos que tenga un país.

En realidad los detonantes de las crisis están en las políticas y en las instituciones de los grandes países acreedores. Son sus intereses los que condicionan los procesos de endeudamiento y de ajuste. Por eso las acciones adoptadas en momentos críticos por los organismos miltilaterales de crédito han estado destinadas a proteger los intereses de los acreedores antes que las necesidades de los países empobrecidos, obligándolos , por ejemplo, a mantener abiertas y sin restricciones sus cuentas de capitales o a abrir sus mercados para los productos provenientes del mundo industrializado. Como reconoce la UNCTAD en su Informe anual del 2001, "casi todas las crisis importantes en los mercados emergentes han estado relacionadas con variaciones de los tipos de cambio y las políticas monetarias de los principales países industrializados"; variaciones que tienen una explicación sistémica en última instancia.

Hay determinadas épocas en que los capitales se expanden, buscan mercados fuera de sus economías y salen en forma de créditos baratos y abundantes cuando no pueden ser colocados en las economías líderes, en las economías dominantes. Eso se experimentó en los años 70. De un momento a otro los países del mal llamado "tercer mundo" se encontraron con que era muy fácil endeudarse: con relativa facilidad y de una manera rápida se conseguían los créditos, anteriormente tan esquivos.

La demanda de préstamos no es la única razón para la existencia del endeudamiento externo y su mal uso tampoco la única explicación de las crisis. La actual crisis de sobreendeudamiento encuentra sus orígenes en la oferta de recursos financieros en los países desarrollados, especialmente en los EEUU.

Recuérdese que el surgimiento del endeudamiento en los años setenta del siglo XX se debió a la afluencia masiva de los llamados eurodólares, por efecto, entre otros factores, de los desbalances que provocó la aventura imperialista de Washington en Indochina, mucho antes del alza de los precios del petróleo. La masa de estos dólares fuera de EEUU se amplió con la eliminación de la convertibilidad del dólar en oro, en agosto de 1971. En lugar de corregir internamente los desequilibrios de la balanza de pagos, el gobierno norteamericano violentó las reglas básicas del sistema monetario internacional, de manera unilateral, sin sonrojos ni complejos de culpa, al anunciar el presidente Richard Nixon que a partir de entonces el dólar no sería convertible en oro. Con esta decisión se recusó el régimen de tipos de cambio fijos que caracterizó el sistema de Bretton Woods inaugurado en 1944. Y desde 1973 el mundo ingresó al régimen de tipos de cambio flexibles o flotantes.

Con esta decisión unilateral los dólares que poseían los países del mundo se devaluaron de facto, convirtiéndose en abultada deuda flotante de EEUU, adjudicada y distribuida compulsivamente alrededor del mundo. A partir de entonces, la oferta del dólar -y lo que ella representaba en el ámbito financiero y monetario mundial- parecía limitada, en lo esencial, por las decisiones de la política económica de los propios EEUU.

La carrera expansionista de las disponibilidades financieras a nivel internacional, encontró su punto de partida, a más de los problemas derivados de la guerra de Vietnam, en la pugna comercial entre las grandes potencias. Vistas así las cosas fueron los EEUU los que originaron la primera fase del proceso de endeudamiento, la danza de los millones. Ellos, según Aldo Ferrer, "tuvieron el privilegio de financiar su desequilibrio 'exportando' su moneda nacional. La liquidez se fue acumulando en los bancos centrales y se filtró progresivamente hacia la banca privada, aumentando su capacidad prestable".

Luego el monto de recursos financieros se incrementó con los petrodólares, los cuales, al no encontrar utilización productiva en el Norte, fueron canalizados alegremente hacia el Sur, tradicionalmente marginado de los mercados financieros internacionales. En ese entonces los acreedores "se olvidaron" de tomar en consideración la capacidad de pago de los deudores.

Además, las tasas de interés bajas, inferiores a la inflación, eran una invitación para endeudarse por parte de los países pobres. Por eso la demanda de necesidades financieras represadas en el "tercer mundo" no fue motivo suficiente para que se movilizara el flujo de los recursos externos requeridos.

De lo anterior se desprende que la elevada liquidez internacional de los años setenta tampoco surgió simplemente como consecuencia de las alzas de los precios del petróleo. La cual, sin duda, contribuyó a aumentar la disponibilidad de dólares en el mercado mundial.

Posteriormente, también en los EEUU se generó la reversión del flujo de capitales, sobre todo en los años 80, cuando sus desequilibrios económicos le transformaron en una aspiradora de capitales. A raíz del "reaganomics", se experimentó un proceso de recuperación de capitales por parte de los países del Norte a través de un sostenido incremento de las tasas de interés. Estas que habían fluctuado entre 4 y 6%, se elevaron hasta alrededor del 20%.

Esta elevación repentina y arbitraria de las tasas de interés fue la que provocó el reflujo masivo de capitales que hemos mencionado: los países pobres endeudados fueron "amarrados a la pesada rueda del interés compuesto". En la fijación de las tasas de interés no funciona la lógica del mercado. En la práctica los grupos financieros más poderosos imponen sus condiciones; la tasa de interés es un precio fijado en condiciones oligopólicas, es el resultado de decisiones de cartel. En este contexto juegan un papel importante los organismos de crédito -FMI, Banco Mundial, BID- y aquellas empresas especializadas en determinar el "riesgo-país", a través del cual se discrimina a los países y a las empresas en función de los intereses de los acreedores y, por cierto, de los principales grupos transnacionales.

Desde principios de los ochenta, con tasas de interés altas, los EEUU atrajeron capitales. Y América Latina exportó esos capitales, destinados a financiar las grandes transformaciones tecnológicas en el Norte, sobre todo en los EEUU. Entonces se volvió a sentir a la deuda externa como un problema; y empezó una nueva crisis similar a las anteriores. Este proceso, una vez más, vino acompañado con una reducción de la demanda de las materias primas, con la consiguiente caída de su cotización.

Entre el año 80 y el año 90 América Latina realizó una transferencia neta negativa por 238 mil millones de dólares a los acreedores, sobre todo a los EEUU. Transferencia que se calcula sumando los nuevos préstamos al monto de deuda existente en 1980: 257 mil millones de dólares, y restando el pago del capital e intereses. Al año 1990, la deuda externa, como por arte de magia, alcanzó los 440 mil millones de dólares. En términos netos se pagó una suma enorme: 238 mil millones, mientras que la deuda creció en casi 220 mil millones. Esta deuda, en palabras de Franz Hinkelammert, adquirió vida propia. Se instauró la locura financiera, la lujuria especulativa, la sin razón de los intereses usurarios que se cobran sobre los intereses atrasados. La deuda se volvió impagable.


1. La deuda externa del Ecuador

La historia de la deuda externa en el Ecuador se inició antes de su constitución como República independiente en 1830. Sin embargo, la actual crisis de endeudamiento tiene sus orígenes inmediatos en la década de los setenta del siglo XX. La deuda y la crisis que de ella se derivó determinaron la adopción de medidas de ajuste estructural impuestas por los organismos multilaterales (FMI, BM, BID, etc) para el pago del servicio de la deuda, medidas cada vez más regresivas en términos de garantías sociales. Dicho de otra manera, se ha favorecido la apertura de los mercados ecuatorianos, mientras aumentó la dependencia de los capitales externos y la vulnerabilidad del mercado ante los choques externos a cambio de condiciones de vida cada vez más dramáticas para los 12 millones de ecuatorianos.

A finales del 2000, luego de renegociar los Bonos Brady y transformarlos en Bonos Global, la deuda externa del país (pública y privada) alcanzó los 13.372 millones de dólares, lo cual implica que la deuda externa del país representó el 98% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir que para pagar la deuda externa, el país debería destinar casi toda su producción de un año exclusivamente para cumplir con este compromiso. Asimismo el país debería destinar más del doble de sus exportaciones (235%) al pago de la deuda externa; lo cual es a todas luces IMPOSIBLE.


Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador

El pago de la deuda externa y el cumplimiento de estos programas de ajuste estructural (PAE) han implicado una repetida violación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la población ecuatoriana, en especial del derecho a la educación2, a la salud3 y al desarrollo4, dado que el presupuesto destinado al servicio de la deuda externa rebasa con mucho al destinado a la educación y salud en particular y al área social en su conjunto.

Un país NO ES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE si debe destinar más al pago de la deuda externa que a satisfacer las necesidades básicas de la población: para el servicio de la deuda externa, en el año 2000, se destinaron 1.905,1 millones de dólares, cerca de tres veces más recursos que para el gasto social (educación, salud, y desarrollo agropecuario), que fue de 690,5 millones de dólares, es decir alrededor del 275.9%.


Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador.

En un país en el cual el 60,6% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 75,8% de la población rural presenta necesidades básicas insatisfechas (SIISE 2000), destinar únicamente el 2,5% del PIB a los servicios sociales básicos5 con respecto a un 13% para el servicio de la deuda externa, significa estar en contra de los derechos humanos y del desarrollo sustentable del país. Aún más, en muchos casos estas decisiones políticas contravienen expresas normas constitucionales y de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que el Ecuador ha firmado y ratificado.


Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador


Si agregamos a esto el hecho de que la generación de mayores ingresos fiscales proviene de la aplicación de más impuestos indirectos (IVA) y de la eliminación de subsidios a los servicios básicos (energía, agua, transporte público), mientras que los impuestos directos (IR) se mantienen inalterados, observamos que el impacto sobre los sectores más pobres o más vulnerables de la población (niños, mujeres, indígenas) es tremendo, acentuando aún más la desigualdad en la distribución del ingreso.

La aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) determina la necesidad de generar excedentes externos (ya sea vía exportaciones o vía mayor endeudamiento externo) para -paradójicamente- pagar la deuda externa previamente adquirida. En un país tan dependiente de las exportaciones primarias (petróleo, banano, camarón, madera, y flores) un incremento de éstas conlleva graves impactos a nivel humano y ambiental.

En el siguiente gráfico podemos observar que los ingresos fiscales obtenidos con el petróleo se han destinado mayormente al pago del servicio de la deuda, mientras que sólo una porción pequeña se ha destinado a la inversión en educación y salud. Es decir, que la riqueza del país se ha destinado a pagar la deuda, mas no a mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana.




Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador


Se observa entonces una tendencia de las políticas gubernamentales hacia la agricultura "moderna" (monocultivos de exportación), desfavoreciendo la agricultura tradicional (maíz, cebada, etc.) que se ve desprotegida por la inexistencia de políticas de desarrollo agrario (comercialización, crédito, etc.) y la apertura a productos importados, lo cual significa una disminución en la producción tradicional y un desplazamiento de estos productos de la dieta, poniendo en peligro la seguridad alimenticia6 interna del país, con lo cual se afecta el derecho a la alimentación adecuada en cuanto a calidad de productos y a acceso a los mismos.


2. La deuda externa latinoamericana y andina

Los problemas derivados de la deuda externa, subsistentes en los albores del siglo XXI, no son nuevos en la historia latinoamericana. Desde los primeros empréstitos extranjeros, contratados a principios del siglo XIX, hasta la actual deuda, las economías de la región han atravesado por una serie de períodos recurrentes de auge y crisis, estrechamente vinculados a los ciclos de las economías capitalistas centrales. Este proceso, que fue cobrando fuerza en la medida que se consolidaba y difundía el sistema capitalista y la integración sumisa de la región al comercio mundial, afianzó la dependencia de las economías latinoamericanas.

Sin embargo, esta relación con el mercado internacional no tuvo siempre las mismas repercusiones en todas las economías de la región. Su impacto varió en función de la significación de cada país en la división internacional del trabajo; esta apreciación es importante para comprender las diversas situaciones registradas en cada uno de los países de la región, diversidad que no aflora en toda su riqueza en estas líneas por las limitaciones de espacio impuestas a un trabajo de esta naturaleza.

Desde los años setenta en el siglo XX, América Latina ha vivido un proceso constante y creciente de endeudamiento, que según datos del Banco Mundial7, pasó de 587.814 millones de dólares en 1994 a 813.352 millones en 1999, es decir, que se incrementó en 38%, llegando a representar el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.


PAÍSES

DEUDA TOTAL (en millones de US$)

Variación %


1994

1999

Variación


Argentina

75139

147881

72742

97%

Barbados

618

589

-29

-5%

Bélice

200

351

151

76%

Bolivia

4877

6157

1280

26%

Brasil

151209

244673

93464

62%

Chile

24728

37762

13034

53%

Colombia

21940

34538

12598

57%

Costa Rica

3909

4182

273

7%

Dominica

98

108

10

10%

Rep. Dominicana

4275

4771

496

12%

Ecuador

15075

14506

-569

-4%

El Salvador

2210

4014

1804

82%

Granada

116

152

36

31%

Guatemala

3430

4660

1230

36%

Guyana

2062

1527

-535

-26%

Haiti

763

1191

428

56%

Honduras

4436

5333

897

20%

Jamaica

4317

3913

-404

-9%

México

140193

166960

26767

19%

Nicaragua

11909

6986

-4923

-41%

Panamá

7129

6837

-292

-4%

Paraguay

1985

2514

529

27%

Perú

26528

32284

5756

22%

St. Kitts y Nevis

58

136

78

134%

St.Lucía

114

181

67

59%

St. Vicente y las Granadinas

115

192

77

67%

Trinidad y Tobago

2505

2462

-43

-2%

Uruguay

5075

7447

2372

47%

Venezuela

36853

35852

-1001

-3%

Fuente: Global Development Finance 2001. Banco Mundial.


El pago de esta deuda obliga a los países a aceptar condiciones económicas y sociales sumamente difíciles, entre ellas los Programas de Ajuste Estructural (PAE) impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que según un estudio de la CEPAL (CEPAL, 2001) no han podido reducir las condiciones de pobreza de la población:


La misma tendencia se observa en los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela), los cuales también se han caracterizado por procesos de endeudamiento externo acelerado, lo cual ha generado que la deuda externa represente un valor significativo del Producto Interno Bruto (PIB) de esos países. En el gráfico siguiente se observa que en promedio la deuda externa representa más del 50% del Producto Interno Bruto de los países andinos, a diciembre del 2000, considerando la deuda externa pública y privada.


Fuente: IMACRO. La Deuda Externa de los Países Andinos. Reporte Económico de la Comunidad Andina de Naciones. Lima, mayo del 2001.


Para la construcción de una propuesta global8

Reconozcamos que los gobiernos de los países sobreendeudados siempre han mantenido su actitud sumisa, condescendiente con la banca internacional, las transnacionales, los organismos multilaterales de crédito, los gobiernos de los países ricos. Sus elites dominantes, por su complicidad con los acreedores, sea por que se transformaron en tenedores de papeles de la deuda o sea por el miedo al "gran garrote", nunca plantearon salidas conjuntas, siempre se impusieron los clubes de los acreedores. Y, en concreto, viabilizaron el gran mecanismo reciclador de las relaciones de poder que permite que unos pocos gocen de los créditos, mientras que las mayorías los pagan.

Frente a esta realidad, la anulación o cancelación total y sin condiciones de las deudas externas públicas es una posición contundente en términos éticos y aún económicos; hay suficientes argumentos para exigirla. El no pago se justifica legalmente porque muchos créditos contratados caen en el ámbito de las deudas odiosas, usurarias o corruptas, que por definición deberían ser nulas. Hay otras deudas que su servicio se ha visto imposibilitado por las condiciones impredecibles y fuera del control impuestas a los países deudores. Una situación explicable por los desbalances de poder existentes en los diversos procesos de negociación y porque, en muchos casos, se ha partido de condiciones que luego resultaron equivocadas o que de antemano eran imposibles de cumplir.

El impacto de una anulación masiva de las deudas en la economía mundial no sería desestabilizador. Si la deuda pública externa del "tercer mundo" fuera totalmente anulada sin ningún tipo de indemnizaciones a los acreedores, solo representaría una pérdida del 5% para sus carteras. Además, una decisión de este tipo podría ser procesada en un contexto amplio para evitar sobresaltos en el mercado financiero internacional, el cual debe ser urgentemente civilizado, es decir controlado y normado.

Sin embargo, una anulación incondicional de la deuda externa liberaría de sus obligaciones a aquellos grupos reducidos en los países del Sur que sí se beneficiaron de dicha deuda y hasta ampliaría la disponibilidad de recursos a gobiernos que podrían dar rienda suelta al despilfarro fiscal; liberaría recursos dentro de las economías endeudadas para que sean gastadas a voluntad de los gobernantes y de los grupos dominantes y quién sabe si en poco tiempo volverían a endeudarse de manera irresponsable. De allí la necesidad de idear "un sistema debidamente regulado que garantice que en un futuro los niveles de vulnerabilidad derivados del endeudamiento externo sean menores", como recomienda el economista español Jaime Atienza.

Por lo tanto, sin minimizar el justo reclamo de la anulación de las deudas, que podría ser el punto de partida para el establecimiento de un nuevo sistema financiero internacional, hay que rescatar la necesidad de que una posible eliminación de las deudas se haga en el marco de condicionalidades positivas para impedir que las elites dominantes de los países endeudados sean beneficiarias de este tipo de soluciones temporales. De allí la necesidad de poner condiciones a los gobiernos de los países deudores por parte de su propia sociedad civil, respaldada de ser preciso por la sociedad civil de los países del Norte, para impedir que el manejo de la deuda siga siendo una fuente de financiamiento de privilegios o una herramienta imperial en manos de determinados gobiernos acreedores. Y más que eso, hay que diseñar estrategias que, además, impidan la reedición de alegres procesos de sobreendeudamiento externo, que conduzcan a la reconstrucción de las viejas estructuras de dominación que se desea superar.

Para evitar una marcha continuada detrás de un fantasma, la solución del problema de las deudas pendientes debe replantearse a nivel global en el marco de instituciones que aseguren la vida en el planeta. Cuando los problemas se tornan globales también ha de globalizarse la solución, esto es, adoptar una responsabilidad global y construir estructuras que posibiliten una acción Global. Recuérdese que se está cada vez más, nos guste o no, frente a problemas que afectan a la humanidad en su conjunto, por lo que las soluciones a estos problemas son inevitablemente internacionales. La globalización de los peligros y los retos demanda políticas internacionales que van más allá de los temas nacionales.

Acción global que implica revitalizar la discusión política, oprimida por el economicismo.

El establecimiento de proyectos más eficaces de desarrollo y aún de mejoramiento de las estructuras macroeconómicas y políticas a nivel nacional, no pueden garantizar por sí solas un desarrollo global sostenible. Son necesarias reformas de las condiciones marco en la economía mundial. Se precisa un ordenamiento del comercio mundial, de la competencia, del sistema monetario mundial, de la estructura social y medioambiental mundial, sin descuidar el establecimiento de nuevas normas para resolver el reto del sobreendeudamiento externo de los países empobrecidos.

Las consideraciones teóricas para muchas de estas normatividades están planteadas desde hace rato. La coyuntura y la experiencia de las últimas décadas en especial imponen una acción de gran envergadura para configurar un nuevo orden de la política mundial que dome al capitalismo salvaje y desenfrenado. Por otro lado, las actuales instancias normadoras y controladoras existentes están seriamente cuestionadas, por ejemplo el FMI y el Banco Mundial, con poco más de siglo de funcionamiento, muestran pobres resultados de sus políticas y estrategias; la racionalidad de la Organización Mundial de Comercio (OMC) tampoco es ampliamente aceptada; y, el rechazo masivo al Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) habla de la necesidad de esquemas reguladores que no intenten simplemente establecer garantías para la acumulación del capital. Sin embargo, una de las ausencias más notables es la de un código financiero internacional.

La falta de disciplina monetaria externa favorece la desestabilización interna. Además, el problema de las relaciones entre competencia y moneda, que producen distorsiones en la economía mundial, no se puede solucionar, en una economía global, con medidas nacionales o regionales. Por ello se hace imprescindible un nuevo ordenamiento de la economía mundial. Así se reducirían los incentivos para la huida de capital y la emigración. Los países subdesarrollados conservarían su dinero y el producto de su ahorro y estarían en disposición de invertirlo en su casa de manera segura y rentable. Habría más financiamiento propio y menos endeudamiento y dependencia del capital externo.

Aún cuando la viabilidad política de estas transformaciones es un punto que está por dilucidarse, considerando sobre todo el riesgo de que en éstas se refleje las mismas desigualdades del poder dominante, urge reflexionar sobre estos aspectos teniendo presente que el desarrollo es un tema global.

Esto implica, dentro de la lógica global para abordar el problema, la necesidad de introducir objetivos de política económica entre los principales bloques procurando armonizarlas no en función de equilibrios coyunturales o nacionales, sino considerando las crecientes demandas derivadas del empobrecimiento de la mayoría de habitantes del planeta, estableciendo los mecanismos que permitan manejar las épocas de crisis. Desde esta perspectiva, vigilancia y concertación, con la participación activa y democrática de los países subdesarrollados, serían pilares para la construcción de una nueva economía mundial.

En este contexto surge con fuerza la necesidad de desinflar la gran burbuja especulativa mundial, cuya lógica de acumulación ha subordinado sin piedad la racionalidad social, cultural y hasta ecológica. El mercado financiero internacional ha colonizado a la economía real y hasta la misma política. Esto conduce a reforzar e integrar propuestas como la del Impuesto Tobin (a ser impuesto a los flujos financieros internacionales), a través del cual se desea frenar el engranaje especulativo de las finanzas internacionales y conseguir recursos para el desarrollo de los países empobrecidos, estableciendo un fondo para enfrentar los desequilibrios en el mercado financiero internacional a favor de los países empobrecidos. Siguiendo estas reflexiones aparece la urgencia por desarmar los paraísos fiscales. Igualmente hay que incorporar en la discusión el análisis de diversos mecanismos de control de los flujos de capital a nivel nacional, regional y mundial. Por igual hay que fortalecer el reclamo de la deuda ecológica, en la cual los países subdesarrollados son los acreedores. Esta deuda, que no tiene necesariamente que expresarse y pagarse en términos convencionales, coloca en el centro de la discusión el tema ambiental a nivel global y anticipa, desde ya, el mayor reajuste económico y geopolítico de la historia moderna.

Desde esta perspectiva, lo que se busca es "civilizar" el mercado financiero internacional. Sin embargo, puede que no representen a primera vista una salida radical como sería la que se conseguiría con la cancelación definitiva de todas las deudas del mundo pobre, pero lleva implícita la modificación profunda de las reglas del juego. Es una apuesta en construcción por un futuro diferente -¡otro mundo es posible!-, que no se logrará simplemente con discursos y posiciones radicales carentes de propuesta.

Noviembre del 2001

1 Estos "antecedentes" se obtuvieron del artículo de Alberto Acosta."La deuda externa, un problema político global- Algunas reflexiones para construir soluciones alternativas" (2001).

2 Constitución Política del Ecuador, Art. 71: "En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la erradicación del analfabetismo."

3 Constitución Política del Ecuador, Art. 46: "La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias en esta materia."

4 En abril del 2001, la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas resolvió que "los programas de ajuste estructural tienen serias implicaciones sobre la capacidad de las Estados de cumplir con la Declaración del Derecho al Desarrollo y para formular políticas nacionales de desarrollo que busquen promover los derechos de sus ciudadanos". (Resolución E/CN.4/2001/L.33) En 1997, la Comisión declaró que " el ejercicio de los derechos básicos de la población de los países deudores a alimentos, vivienda, vestido, empleo, educación, servicios de salud y un medio ambiente saludable no puede subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural y reformas económicas originadas por la deuda."

5 Los servicios sociales básicos incluyen la educación básica, la salud primaria, etc.

6 La seguridad alimenticia es la habilidad de la población para producir o comprar alimentos en forma suficiente y apropiada para poder llevar una vida activa saludable y, al mismo tiempo, asegurar y proteger, de forma consistente, los recursos necesarios para sostener sus medios de vida

7 Global Development Finance 2001. Tabla 1. pp. 2-5

8 Las líneas siguiente fueron tomadas de Acosta ibid.



http://alainet.org/active/1553&lang=es




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